Delitos Electorales

TITULO VIGESIMOCUARTO

Delitos Electorales y en Materia de Registro Nacional de Ciudadanos

CAPITULO UNICO

Artículo 401.- Para los efectos de este Capítulo, se entiende por:

I. Servidores Públicos, las personas que se encuentren dentro de los supuestos establecidos por el artículo 212 de este Código.

Se entenderá también como Servidores Públicos a los funcionarios y empleados de la Administración Pública Estatal y Municipal;

II.  Funcionarios electorales, quienes en los términos de la legislación federal electoral integren los órganos que cumplen funciones electorales;

III. Funcionarios partidistas, los dirigentes de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas, y sus representantes ante  los órganos electorales, en los términos de la legislación federal electoral;

IV. Candidatos, los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad competente;

V.  Documentos públicos electorales, las actas de la jornada electoral, las relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, paquetes electorales y expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los consejos locales y distritales, y las de los cómputos de circunscripción plurinominal y, en general todos los documentos y actas expedidos en el ejercicio de sus funciones por los órganos del Instituto Federal Electoral; y

VI. Materiales electorales, los elementos físicos, tales como urnas, canceles o elementos modulares para la emisión del voto, marcadoras de credencial, líquido indeleble, útiles de escritorio y demás equipamiento autorizado para su utilización en las casillas electorales durante la jornada electoral.

Artículo 402.- Por la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el presente Capítulo se podrá imponer además de la pena señalada, la inhabilitación de uno a cinco años, y en su caso, la destitución del cargo.

Artículo 403.- Se impondrán de diez a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

I. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley;

II. Vote más de una vez en una misma elección;

III.  Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto;

IV.  Obstaculice o interfiera dolosamente el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales;

V.  Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar de los ciudadanos;

VI.  Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral;

VII. El día de la jornada electoral viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto;

VIII. Vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea titular;

IX. El día de la jornada electoral lleve a cabo el transporte de votantes, coartando o pretendiendo coartar su libertad para la emisión del voto;

X. Introduzca en o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o se apodere, destruya o altere boletas, documentos o materiales electorales, o impida de cualquier forma su traslado o entrega a los órganos competentes;

XI. Obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto, o bien que, mediante amenaza o promesa de paga o dádiva, comprometa su voto en favor de un determinado partido político o candidato;

XII. Impida en forma violenta la instalación de una casilla, o asuma dolosamente cualquier conducta que tenga como finalidad impedir la instalación normal de la casilla; o

XIII. Durante los ocho días previos a la elección y hasta la hora oficial del cierre de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que den a conocer las preferencias de los ciudadanos.

Artículo 404.- Se impondrán hasta 500 días multa a los  ministros de cultos religiosos que, en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político, o a la abstención del ejercicio del derecho al voto.

Artículo 405.- Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que:

I.- Altere en cualquier forma, sustituya, destruya o haga un uso indebido de documentos relativos al Registro Federal de Electores;

II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral;

III.- Obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada;

IV.  Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales;

V.  No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales electorales, sin mediar causa justificada;

VI. En ejercicio de sus funciones ejerza presión sobre los electores y los induzca objetivamente a votar por un candidato o partido determinado, en el interior de la casilla o en el  lugar donde los propios electores se encuentren formados;

VII.- Al que instale, abra o cierre dolosamente una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley de la materia, la instale en lugar distinto al legalmente señalado, o impida su instalación;

VIII. Sin causa prevista por la ley expulse u ordene el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido político o coarte los derechos que la ley les concede;

IX.- (Se deroga).

X. Permita o tolere que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales; o

XI. Propale, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados.

Artículo 406.- Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de uno a seis años, al funcionario partidista o al candidato que:

I. Ejerza presión sobre los electores y los induzca a la abstención o a votar por un candidato o partido determinado en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados;

II.- Realice propaganda electoral mientras cumple sus funciones durante la jornada electoral;

III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales;

IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin 

mediar causa justificada, o con ese fin amenace o ejerza violencia física sobre los funcionarios electorales;

V. Propale, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados;

VI. Impida con violencia la instalación, apertura o cierre de una casilla; o

VII. Obtenga y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, fondos provenientes de actividades ilícitas para su campaña electoral.

Artículo 407.- Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que:

I. Obligue a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a emitir sus votos en favor de un partido político o candidato;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un partido político o candidato;

III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado; o

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores, de manera ilegal.

Artículo 408.- Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por seis años a quienes, habiendo sido electos diputados o senadores no se presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo del artículo 63 de la Constitución.

Artículo 409.- Se impondrán de veinte a cien días multa y prisión de tres meses a cinco años, a quien:

I.- Proporcione documentos o información falsa al Registro Nacional de Ciudadanos para obtener el documento que acredite la ciudadanía; y

II.- Altere en cualquier forma, sustituya, destruya o haga un uso indebido del documento que acredita la ciudadanía, que en los términos de la ley de la materia, expida el Registro Nacional de Ciudadanos.

Artículo 410.- La pena a que se refiere el artículo anterior se podrá incrementar en una cuarta parte si las conductas son cometidas por personal del órgano que tenga a su cargo el servicio del Registro Nacional de Ciudadanos conforme a la ley de la materia, o si fuere de nacionalidad extranjera.

Artículo 411.- Se impondrá de setenta a doscientos días multa y prisión de tres a siete años, a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para Votar.

Artículo 412.- Se impondrá prisión de dos a nueve años, al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que, a sabiendas aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 407 de este Código. En la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad provisional.

Artículo 413.- Los responsables de los delitos contenidos en el presente capítulo por haber acordado o preparado su realización en los términos de la fracción I del artículo 13 de este Código no podrán gozar del beneficio de la libertad provisional.

Elogios de la traición

Del blog de Jesus Silva - Herzog Marquez

Sobre la traición, ese vicio ordinario del que hablara Montaigne, los periodistas franceses Denis Jembar e Yves Roucaute publicaron un elogio hace algunos años. De ahí, estas líneas que vale recordarle a los fanáticos de la lealtad:

No traicionar es perecer: es desconocer el tiempo, los espasmos de la sociedad, las mutaciones de la historia. La traición, expresión superior del pragmatismo, se aloja en el centro mismo de nuestros modernos mecanismos republicanos. El método democrático, adoptado por las repúblicas exige la adaptación constante de la política a la voluntad del pueblo, a las fuerzas subterráneas o expresas de la sociedad.El déspota, hijo de la traición, aterrado por las conmociones de la vida, se apresura a proscribirla y, con ella, a todo el movimiento de la libertad.La traición es el oxígeno de la democracia.Los políticos que desean convertirse en estadistas deben matar algo en sí mismos, mutilarse, amputarse, deliberadamente. Es necesario porque se compromete por adelantado a asumir, sin nada ni nadie por encima y Elogio de la traiciónsi el destino lo lleva a ello, una enorme responsabilidad.El gran traidor, hombre de gobierno de nuestra época, antepone el realismo a los dogmas.No es la veleta que gira sino el viento que cambia de dirección.La democracia, no es sino un conjunto de técnicas prácticas para que los príncipes puedan traicionar.

Segunda vuelta

De Jesús Silva - Herzog Márquez


México no tiene segunda vuelta para decidir su elección presidencial. Todo se resuelve en un día. Para ganar no se necesita un porcentaje mínimo, se requiere simplemente tener más votos que el segundo lugar. Sin embargo, en nuestras elecciones suele haber dos tiempos, dos etapas de la competencia. La primera es una lucha abierta. El puntero se empeña en conservar su delantera mientras sus adversarios luchan entre sí para colocarse en la posición del contendiente. La segunda etapa arranca cuando es claro quién es el candidato que puede desbancar al puntero. A partir de ese momento, la competencia se polariza: toda la atención se dirige a los dos sobrevivientes. La tercera fuerza se margina hasta volverse un testigo de la final a la que no pudo clasificar. Cuando resulta claro quiénes son los dos finalistas, muchos votantes se ven ante una disyuntiva compleja: seguir respaldando al candidato que ya no tiene ninguna posibilidad de triunfo o abandonarlo para  respaldar la opción que detesta menos. El voto de conciencia puede ser un desperdicio; el voto útil puede sentirse como una vergüenza. El elector sentirá que tira su voto a la basura o que debe taparse la nariz al votar. Esa es la terrible dificultad de quien vota sin entusiasmo.

Las elecciones presidenciales recientes han tenido esas dos fases. Una primera ronda de competencia abierta y una segunda etapa con los finalistas. Vicente Fox ganó el derecho de presentarse como la alternativa a la continuidad priista en la primera ronda de la elección del 2000. En 2006, Felipe Calderón anuló al candidato del PRI para presentarse después como la opción de quienes temían la victoria de López Obrador. En la elección que corre vemos un fenómeno parecido pero sin la nitidez de las finales previas. La polémica encuesta de Reforma publicada el jueves pasado coloca a Josefina Vázquez Mota muy atrás del segundo lugar que ya muerde los talones al puntero. Otros estudios de opinión, sin embargo, mantienen la competencia por el segundo lugar como la fuente principal de incertidumbre en la elección. Consulta Mitofsky, Parametría y Ulises Beltrán registran una diferencia entre segundo y tercero de menos de 4 puntos y una distancia de 16 puntos o más entre el segundo y el primero. Todas coinciden ya en ubicar al PAN como tercera fuerza pero difieren significativamente en la condición de su rezago. Reforma ve una contienda por el oro, mientras las otras casas encuestadoras insisten en que el pleito es sólo por la medalla de plata.

De cualquier modo, la dinámica polarizante empieza a imantar la elección.

De unas semanas a la fecha, se percibe una contienda entre dos: Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Que así sea, que haya remontado ya a quien arrancó en segunda posición de acuerdo a todas las encuestas fiables, que adelante en las preferencias a pesar de la debilidad de los partidos que lo respaldan, es un inmenso éxito de López Obrador. El candidato de la izquierda logró en primer lugar, cambiar lo que se creía inmodificable: su propia imagen. A muchos nos habrá parecido una sentimentalada reaccionaria y absurda su retórica amorosa pero sirvió, sobre todo, para cambiar de tono. La campaña de 2012 está compuesta en otra clave, en una muy distinta a la de hace seis años. Por supuesto, no ha desaparecido el denunciante de corruptelas y oligarquías, no se borró el político que desprecia a las instituciones, pero la entonación de la crítica parece distinta. Algunos ven cansado al candidato de izquierda, yo veo que, más que fatigarlo, el tiempo lo ha suavizado. Un inmenso servicio le han prestado a la izquierda los estrategas del PAN. Los panistas reeditaron la campaña de denuncia del 2006 para retratar a Peña Nieto como el nuevo peligro para México. La campaña ha sido eficaz: deterioró la imagen del priista y mejoró, como hace seis años, la intención de voto para el segundo lugar. El beneficiario de la campaña negativa del PAN ha sido, sin duda, López Obrador.
Empiezan a darse señales de que la segunda vuelta está en marcha. López Obrador recibe las críticas que antes concentraba en exclusiva Peña Nieto. La geometría de la contienda ha cambiado sustancialmente. El debate que viene, por ejemplo, será radicalmente distinto al previo. El blanco de los ataques será, seguramente el candidato de izquierda, quien recibirá críticas del PRI, del PAN y del otro. El nerviosismo de los panistas ante la anulación de su candidata se hace notar: alguno minimiza el riesgo de que el PRI recupere el poder, otros advierten del peligro de apoyar a López Obrador por la inercia del antipriismo. Sin decirlo abiertamente, los panistas saben bien que su barco se hundió. Si es derrota o catástrofe es para ellos la incógnita. Y para el resto, la incertidumbre es el comportamiento del elector en una elección que se polariza. Quedan las semanas más intensas de la elección del 2012.

La ética del voto

En el blog de Jesús Silva - Herzog Márquez

Votar no es un acto éticamente trivial. No es escoger la ropa que uno se pone en la mañana o decidir la comida de un menú. John Stuart Mill sostuvo que el voto no era propiedad individual sino un patrimonio común que demandaba de los electores buenas razones para fundamentar su decisión. Al votar podemos mejorar o empeorar el gobierno y, en consecuencia beneficiar o perjudicar a la gente. Sobre ese tema Jason Brennan ha publicado recientemente Ética del voto.  Votar no es una obligación, sostiene Brennan, pero quien lo hace debe entender la responsabilidad que encierra su decisión. Votar bien es votar por la persona o la política que el elector considera razonadamente que actuará para el bien común. No vale que simplemente tenga buenas intenciones al votar, para que su voto sea éticamente válido es necesario que tenga argumentos sólidos para justificarlo. Se puede votar mal por 1) ignorancia; 2) creencias irracionales o 3) creencias inmorales.

¿Conoces la trayectoria de tu candidato?

Por: José F. Tapia, Director de Estrategia e Investigación de @mexevalua



Parece que para los partidos políticos, no es rentable destinar recursos para promover el voto a favor de candidatos que no sean presidenciales. Los espacios de radio y T.V., y la mayoría de las actividades de propaganda partidista se centran en posicionar a estos últimos. Sin embargo, tenemos actores más cercanos a nuestra realidad local e inmediata, como los diputados (federales y locales), senadores, munícipes y delegados por quienes cada uno debe votar y de quienes en su mayoría no sabemos nada.

El Instituto Federal Electoral, a través de su portal “Candidatas y candidatos: conócelos” ha sido capaz de recabar información de menos de 2% de los 6 mil 422 candidatos a cargos de elección popular y representación proporcional para el Congreso.

Pero eso no es todo: prácticamente la totalidad de ese 2% ofreció tan sólo, esto es lo preocupante, un vínculo a sus páginas de Facebook, Twitter o un correo electrónico. Ninguna información sobre su trayectoria, títulos, certificaciones, trabajo previo, experiencia, entrenamiento, logros o habilidades. Es decir, ningún elemento que permita conocer sobre sus capacidades, experiencia o filiación. Grave en verdad que aún quienes “cumplieron”, no ofrecen datos que permitan “conocerlos”. Y hay casos como el de Jalisco, donde ni se molestaron por ofrecer dato alguno. En esa entidad ninguno de los candidatos a diputado sea por mayoría o participación proporcional, ofreció sus datos.

Hoy nada nos da la certeza de estar votando por un candidato probo, capaz, libre de vínculos con delincuencia o que simplemente apoye la libertad y el estado de derecho. Los partidos deciden qué comunicarnos sobre sus candidatos ya que el COFIPE no los obliga a hacerlo cabalmente, y tan sólo abre la opción para que, como un acto de buena voluntad los partidos, ofrezcan información de sus militantes y candidatos. Pero independientemente de los partidos que los promueven, ¿no deberían los candidatos estar preocupados por que la ciudadanía sepa de ellos y su trayectoria?  La publicidad electoral presenta candidatos que no conocemos y que no dicen nada al ciudadano. Además, no garantizan que estemos por elegir a alguien que pueda hacer la diferencia atendiendo los problemas que la ciudadanía demanda.

La gravedad del asunto es que, salvo los legisladores “chapulines” que brincan de una cámara o otra, tendremos una gran mayoría de representantes de quienes ignoramos de donde vienen, a quién representan y qué intereses los pusieron en ese puesto de elección y eventualmente en ese escaño. Esta es una gran afrenta a nuestra democracia: dejar llegar a puestos de representación a quienes se les ha relacionado con prácticas ilegales, de corrupción, intimidación y vejación de derechos humanos.

Esta “miopía forzada” de la autoridad electoral se entiende por un ordenamiento emanado de las reformas al Cofipe, donde en efecto no se permite conocer a cabalidad información sobre los candidatos.

En su artículo 42, relativo a la información que deben proveer los partidos políticos, no se enuncia la información de candidatos a cargos de elección popular. El círculo de opacidad se cierra en su artículo 44, incisos 1 y 2, donde se establece como información confidencial la relativa a “… las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus afiliados, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, así como la información que contenga los datos personales de los afiliados, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. Salvo las listas de precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, que solamente contendrán el nombre completo y otros datos personales que autorice el interesado.”

Los partidos políticos, aún cuando son entes de interés público se resguardan en la ley que ellos mismos han creado para no ser sujetos de observación.

Por definición, en cualquier parte del mundo la información de los entes públicos es abierta, completa y de libre acceso. Estos son principios democráticos básicos que quizá China e Irán ignoran de forma abierta, pero la publicidad de la información debe ser un componente esencial en cualquier sistema democrático participativo que se precie de serlo. Especialmente durante los procesos para renovar en sus cargos a los representantes en el ejecutivo y legislativo.

Con todo esto sólo podemos imaginar lo que nos espera de la actuación de la LXII Legislatura. Este voto a ciegas por senadores y diputados nos llama a ser cautos y a utilizar ese sufragio de forma diferenciada y efectiva. Recordemos que elegimos representantes de dos poderes distintos, donde la actuación de uno no garantiza la efectividad del otro. Estos poderes deben ser un contrapeso y podemos aspirar a que ese contrapeso sea efectivo.

La confianza ciudadana se fortalece con la publicidad de información. Hoy los ciudadanos no tenemos mayor, ni mejor información para ejercer un voto informado. Una vez más, las prácticas de opacidad los partidos inciden en detrimento de la percepción y confianza ciudadana. Por lo pronto, votemos y de forma tan racional como sea posible.

Michoacanazo

Raymundo Riva Palacio


El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Meza, tardó mucho tiempo en aceptar públicamente que dentro del Poder Judicial que encabeza, había jueces que como afirmaba el presidente Felipe Calderón, estaban en malos pasos. La semana pasada vino el punto de inflexión cuando, con su ayuda, el andamiaje de protección en uno de los casos paradigmáticos en la guerra contra las drogas, el llamado Michoacanazo, comenzó a desmantelarse.

Efraín Cázares López, clave en que el caso del Michoacanazo, iniciado en junio de 2009 al ser detenidos 35 funcionarios del gobierno de Leonel Godoy y alcaldes del estado por presunta relación con el narcotráfico, pidió licencia el miércoles como juez del Primer Distrito en Morelia; el jueves, la PGR intervino el juzgado; el viernes fue detenido por la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada y, el mismo día, el Consejo de la Judicatura lo suspendió indefinidamente.

En el caso de el Michoacanazo, los abogados defensores lograron que el caso se trasladara de Nayarit a Morelia, donde Cázares López liberó a 12 de ellos, disolvió las acusaciones en contra de todos, y otorgó el amparo para que el medio hermano del gobernador, Julio César Godoy, pudiera protestar como diputado federal, tuviera  tiempo para huir de la justicia. Les construyó un santuario judicial en Morelia, y los liberó mediante tecnicismos.

El entonces procurador general, Arturo Chávez, dijo que al menos en 32 casos había “suficiente evidencia” para procesarlos, pero el juez desestimó las pruebas, que incluían grabaciones telefónicas que inculpaban a la mayoría. Por ejemplo, rechazó 42 grabaciones de Godoy con Servando Martínez, “La Tuta”, donde hablaban de instrucciones de asesinatos, fosas clandestinas y peticiones para el entonces gobernador, al tiempo que pasó a ser de su propiedad una residencia de más de un millón de dólares, de acuerdo con información en la PGR.

El Michoacanazo, que ha servido para argumentar la judicialización de la política –se dio un mes antes de las elecciones federales-, nunca se cerró. El punto débil para volver a entrar resultó ser Cázares López, cuya caída, silenciada por el enorme ruido electoral, es la reapertura del caso de narcopolítica más importante en la historia de México por el número de personas involucradas, la profundidad de la penetración del narcotráfico y la amplitud de la protección institucional.

Michoacán es el punto que aceleró la decisión del presidente Calderón para iniciar la guerra contra el narcotráfico. Un informe del CISEN de 2007 mostraba la protección institucional en 37 de los 112 municipios michoacanos, donde varios de los detenidos en 2009, como Uriel Farías, presidente municipal de Tepaltepec, aparecía como el protector del Cártel del Pacífico en esa región, ligado en ese momento a una rama de la Familia Michoacana.

Antes de ser candidato a diputado, Julio César Godoy fue presidente municipal en Lázaro Cárdenas, el punto de entrada de los precursores químicos con los que se obtiene la metanfetamina, y que es donde se vinculó a “La Tuta”, a la que llamaba “tío”, que tras el descabezamiento de la vieja Familia Michoacana, fundó con los remanentes la organización que hoy se llama “Los Caballeros Templarios”. El ex gobernador Godoy nunca ha reconocido que el gobierno federal le advirtió sobre la penetración del narcotráfico en su entorno, pero sí ignoró las advertencias de que algunas personas muy cercanas a él estaban bajo sospecha de vínculos criminales. Algunas de ellas cayeron en el Michoacanazo, y otras más aún siguen en la cárcel.

El inicio del proceso de Cázares López coincide con el proceso electoral, pero está lejos de estar vinculado a el. Desde el otoño pasado se abrió la investigación en contra del juez, que se descuidó en el campo de sus finanzas personales, de acuerdo con ex funcionarios que conocieron los detalles iniciales de la averiguación. Hace tiempo el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró que el caso no se había cerrado, y se burlaron de él. Hoy se probó que era cierto. Pero a diferencia de ese entonces, con el respaldo del jefe del Poder Judicial, que finalmente eliminó las trabas que ayudaban a la impunidad.

Las elecciones ya no son lo que eran

Soledad Loaeza

Dicen que en la tarde de aquel domingo 7 de julio de 1940, Manuel —todavía no era don Manuel— lloró porque creyó que había perdido la elección. No nos dicen si llegó a sollozar o si las lágrimas nada más se le escurrían, pero Gonzalo N. Santos y José Pagés sostienen, los dos, que lo vieron llorar. Entonces yo lo creo, y me imagino que le dolía la derrota, las previsibles burlas del hermano, la condescendencia de Lombardo Toledano, la duda en la cara de todos, empezando por el presidente Cárdenas, que se preguntaría de qué tamaño había sido su error al dejarse convencer de que, en las condiciones en que estaban el país y el mundo, Manuel Ávila Camacho era el mejor candidato a sucederlo en la presidencia de la República.

El favorito de los cardenistas era el general Francisco J. Múgica, pero el país ya no aguantaba otro ciclo de radicalismo, además Lombardo y los comunistas lo habían vetado por trotskista. El propio Cárdenas había empezado a meter el freno a muchas de sus políticas más agresivas contra el latifundio, la iglesia católica o por la educación popular. Múgica no hubiera podido transigir, no tenía el carácter para hacerlo. Todos pensaban que era demasiado rígido para los tiempos que habían llegado, que eran los tiempos del compromiso. En cambio, Manuel era conocido por sus buenos modos; con su cabeza de pera y su cuerpo de papaya para nadie era una amenaza. Durante la guerra cristera, en lugar de atacar a los sublevados sin preguntar, como hacían todos, él prefería hablar. Así lo había hecho por lo menos en dos ocasiones, en 1927 y en 1929, y había logrado convencer con palabras a los levantados de que se rindieran. Buenos modos fue precisamente lo que no hubo el día de la elección presidencial.

El contrincante más peligroso del candidato del PRM era el también general Juan Andrew Almazán, que era un tipo con mucha experiencia y fuerte personalidad. Grandote y bien plantado. La Revolución lo había hecho rico; sus pretensiones presidenciales tuvieron el apoyo del amplio frente de rechazo al cardenismo que formaban empresarios regiomontanos, campesinos católicos, universitarios y profesionistas y las clases medias de la ciudad, pero también estaban ahí los ferrocarrileros y anchas franjas del ejército que desconfiaban de la CTM y de Lombardo. Gracias a ellos Almazán se alzó como la cabeza más prominente del anticardenismo. En el contexto de la época oponerse a Cárdenas era equivalente a declararse enemigo de la Revolución, así que muchos de aquellos que nunca se habían reconciliado con el fin del porfiriato se sumaron a la cauda del almazanismo por puro resentimiento, aunque su líder fuera un general revolucionario. También había muchos que apoyaban a Almazán porque estaban hartos del PRM, del imposicionismo, y de los abusos de los políticos perremeanos.

Los días previos a la elección la ciudad de México vivía en una atmósfera electrizada, y es que los dos principales contrincantes en la competencia presidencial eran militares, y los militares normalmente arreglaban sus diferencias a tiros. El presidente Cárdenas se había comprometido, una y otra vez, a que la elección sería limpia, equitativa y pacífica, y que no habría imposicionismo. Pero no muchos le creyeron, y decían que iba a haber balazos. De todas formas las elecciones siempre iban acompañadas de violencia, eran episodios temidos por los candidatos, por los partidos, por el gobierno y por los votantes. Muchos preferían quedarse en casa antes que arriesgar la vida por el voto. Todavía no llegábamos al punto en que depositar la boleta en la urna era la forma más civilizada de resolver la lucha por el poder. De manera que la luz gloriosa del verano de 1940 no portaba buenos augurios para la votación del domingo 7 de julio.

La campaña electoral había exacerbado las fracturas políticas de la sociedad: la agresividad militante de los cetemistas, el encono de los católicos contra el anticlericalismo oficial, la pasión religiosa de los sinarquistas, el burdo anticomunismo de los Dorados de Villa y de la Confederación de la Clase Media. Se habían registrado escaramuzas entre almazanistas y avilacamachistas en las calles de la ciudad; era de esperarse que el día de la elección hubiera nuevos incidentes, y más violentos. Además, la decisión de los simpatizantes de Almazán de identificarse con un listón verde en el brazo o en la solapa fue para los perremeanos una provocación.

Gonzalo N. Santos relata en sus Memorias que días antes de la elección, y con la experiencia de la campaña de Vasconcelos de 1929 en mente, le había propuesto a Ávila Camacho adelantarse a los acontecimientos y atacar a los almazanistas la víspera de la jornada electoral; pero el candidato se mostró confiado y le dijo que dejaran las cosas como estaban. Santos salió de su casa el domingo 7 de julio a las 5:30 de la mañana para encontrarse con un mar de listones verdes, y la mayoría de las casillas de la ciudad en manos de los almazanistas. Entonces, con la aprobación del candidato Ávila Camacho, Santos puso en pie una operación de rescate de la ciudad que estaba en manos de la “reacción”, y con el apoyo de 50 hombres “acordamos hacernos raid arrebatando las ánforas, volteando las mesas electorales patas arriba y dispersando a los dirigentes de las casillas a como diera lugar”.

Santos llevaba una lista con las direcciones de las casillas, y una vez que había organizado bien la operación con sus “brigadas de choque”, de lo cual se muestra tan orgulloso como de su Thompson, inició una ofensiva por todo lo alto contra los almazanistas en Las Lomas, en la colonia Condesa y en la Roma. En el radio anunciaban “El senador Gonzalo N. Santos anda asaltando las casillas con un grupo de bravos, disparando ametralladoras contra los partidarios de Almazán”. Pero los almazanistas no estaban mancos; muchos de ellos estaban armados y andaban muy agresivos. La casilla de Juan Escutia 37 fue escenario de un sangriento encuentro entre los grupos rivales; ahí debía votar el presidente Cárdenas. Lo había intentado dos veces —según el subsecretario de Gobernación que andaba con él, Agustín Arroyo Ch.—, pero no lo había hecho porque lo consideraba “indecoroso”, dado que estaba en manos de almazanistas, y prefería esperar a que los avilacamachistas “reaccionaran”. A Santos no se lo tenían que decir dos veces. Con 300 hombres se dirigió a la casilla de Juan Escutia; en la azotea de enfrente se había parapetado un grupo armado de adversarios. A dos cuadras de la casilla empezó el tiroteo, pero los hombres de Santos se impusieron y “pronto sobraron muchos sombreros de los almazanistas que [la] defendían”.

Entonces el senador llamó a las ambulancias y a los bomberos. Unas se llevaron a los dos muertos y a los heridos; los otros limpiaron a manguerazos la sangre que manchaba la calle, y el presidente Cárdenas pudo votar. Dice Santos que cuando regresó a la casilla estaba “discretamente contento”, y que le dijo “qué limpia está la calle”. Y él le contestó: “Donde vota el presidente de la República no debe haber basura”.

Aquiles Elorduy era uno de los almazanistas que estaba en la casilla de Juan Escutia 37, y corrobora la narración de Santos en una nota que publicó en el efímero Boletín de Acción Nacional, aunque omite la referencia al grupo de almazanistas que disparó sobre los avilacamachistas, pero añade información acerca del primer intento de votar del presidente Cárdenas. Según Elorduy, cuando llegó el presidente a la casilla el grupo del listón verde le informó que no podía votar porque el instalador se había negado a declararla legalmente instalada, aunque había dejado toda la papelería, las boletas de votación y hasta un ejemplar de la ley. En respuesta a la negativa del instalador, los almazanistas habían levantado un acta. Cuando llegó el presidente se apresuraron a informarle de lo que había ocurrido; Cárdenas los escuchó y ofreció que haría “las gestiones necesarias para que dicho instalador se presentase, y se retiró”. A nadie se le ocurrió que la siguiente visita sería la de Santos, así que se tranquilizaron y se sentaron a esperar al instalador. De todas formas ni modo que el presidente no votara.

Media hora después llegó un grupo de hombres que al grito de “¡Viva Ávila Camacho!”, asaltó la casilla. Luego vino la balacera. Y ya sabemos lo que pasó. Los almazanistas desarmados salieron corriendo; muy serios recurrieron a un débil remedio: levantar un acta ante el Ministerio Público, con la única esperanza de dejar testimonio de los hechos, como Santos con sus Memorias. Así fue, y por eso hoy podemos asomarnos a lo que pasó el 7 de julio de 1940. Al día siguiente un cable del New York Times reprodujo la inexactitud de que el presidente Cárdenas no había podido votar porque los avilacamachistas habían puesto un candado a la casilla para que no votaran los almazanistas.

El corresponsal del New York Times también cuenta la historia de la casilla de Juan Escutia, pero se la atribuye a Ávila Camacho. Se conoce que se la contaron mal. En cambio, él mismo, Arnaldo Cortesi, fue testigo en el centro de la ciudad de episodios sangrientos que le provocaron horror. Así lo dejan ver sus notas en las que reporta haber contado personalmente a tres muertos en el centro de la ciudad.

A Santos las denuncias le tenían sin cuidado; él peleaba contra la “reacción” para salvar a la Revolución. Así que cuando se aseguró de que Cárdenas, luego de haber cumplido con su deber ciudadano, iba de regreso a Los Pinos, enfiló al centro, donde seguía la batalla. Frente al cine Regis había una balacera; el senador Santos se involucró de inmediato en el pleito y mató a tres. De la esquina del Regis se fue a la casilla del Rastro donde tomó algunos prisioneros, pero no los fusiló, nos dice, porque como era “lucha electoral” no era lícito. “Sólo los desarmamos, les dimos buena pistoleteada de cañonazos en la cabeza y les dimos ‘puerta’ ”. Según el semanario estadunidense Time el saldo de la jornada electoral en todo el país fue de 350 muertos.

Si acaso es cierto que Ávila Camacho lloró cuando creyó que había perdido, me pregunto si cuando le dijeron que había ganado no lloró de saber cómo había ganado. Según resultados oficiales obtuvo dos millones 265 mil 199 votos, mientras que a Almazán se le atribuyeron 128 mil 574, una cifra increíble si tomamos en cuenta la violencia que selló la elección. Si eran tan pocos, ¿por qué había que tratarlos con tal furia? Santos nos dice una y otra vez que actuó con pleno consentimiento de Ávila Camacho, quien incluso lo apoyó con hombres de su confianza, más de cien. Me imagino que la jornada fue bastante amarga para Cárdenas; el presidente se ufanaba de que su gobierno no hubiera incurrido en un solo acto de represión, y de que no tenía presos políticos en la cárcel. Me atrevo a pensar que la ambivalencia que mostraba Cárdenas frente a varios temas, en el caso del voto explica que su sexenio haya concluido con la elección más sangrienta de la historia: sabía que las elecciones eran un requisito de la democracia, pero no estaba dispuesto a arriesgar el poder por cumplir con una condición de la que siempre desconfió. No quiso cancelar la elección, pero tampoco intervino para que fuera limpia y pacífica como lo había prometido. Según el New York Times, cuando los votantes se acercaban al presidente con vivas a Almazán, Cárdenas contestaba: “Esta es una elección democrática. Si quieren a Almazán voten por él, y él será su próximo presidente”.

Ávila Camacho no olvidó la violencia de su elección ni los riesgos que se vivieron en julio de 1940; por esa razón desde los primeros meses de su gobierno quiso evitar una repetición y se lanzó por la vía de la reforma partidista y electoral en un empeño que se prolongó todo el sexenio. Pero iba solo y eran muchas las resistencias de los revolucionarios; así lo demostraron en la elección municipal de León, Guanajuato, en enero de 1946, cuando todavía estaba fresca la aprobación de la nueva ley electoral. La tropa disparó sobre una multitud desarmada, en una protesta contra los resultados oficiales de la elección municipal que daban el triunfo al candidato del PRM. Se habló de más de 30 muertos y cientos de heridos. El presidente Ávila Camacho actuó con celeridad y decretó la desaparición de poderes en el estado; el gobernador fue destituido y los oficiales responsables fueron arrestados porque violaron “la expresión de la soberanía popular”, cuya integridad ahora salvaguardaba nada menos que el beneficiario de la violencia de 1940. La presidencia municipal de León pasó a manos de la Unión Cívica Leonesa, que había postulado al candidato de oposición. Este episodio puso fin a la relación entre violencia y elecciones con que se había escrito la historia de los comicios en México.

La elección de julio de 1940 fue la última de la Revolución. Seis años después el candidato del PRI, Miguel Alemán, triunfó sobre su competidor más temido, Ezequiel Padilla, en una elección blanca, la más pacífica de la historia, gracias en buena medida a la nueva ley y al empeño de Ávila Camacho de que la elección cumpliera con los requisitos del juego democrático. La prensa extranjera comentó, admirada, que no había habido violencia. En julio de 1952 también se habló de una elección pacífica, aunque en la campaña murieron 22 simpatizantes del general Miguel Henríquez Guzmán, que era el candidato de oposición a Adolfo Ruiz Cortines, además de la decena de henriquistas que cayó en la Alameda Central al día siguiente de la votación, cuando la policía montada arremetió contra ellos que cantaban victoria.

Hasta 1946 el tema de las elecciones se asociaba con inestabilidad y, sobre todo, con violencia brutal y descarnada como la que estalló el 7 de julio de 1940, que parecía llevarnos derechito a la guerra civil. Tan grave fue la situación entonces que se hablaba de anular la elección y de la formación de un gobierno provisional. Pero los buenos modos de Ávila Camacho imperaron y los ánimos se tranquilizaron porque Almazán prefirió los negocios a la sublevación y el presidente Cárdenas decidió proteger la continuidad institucional, como lo haría su hijo Cuauhtémoc en 1988. La reforma electoral de 1946 modernizó el sistema y los procedimientos, en apariencia nos acercábamos a la democracia. Las prácticas fraudulentas no desaparecieron del todo, ya no ocurrían durante la votación y tampoco eran asaltos a las casillas electorales, sino que los abusos los cometía el partido en el gobierno durante la calificación de la elección, con aplastantes mayorías dignas de un régimen soviético.

A partir de 1958 las elecciones dejaron de ser el corazón de la lucha por el poder, la cual ocurría en otra parte: en el gabinete, en la calle, en los sindicatos, en las universidades. Los comicios se volvieron episodios somnolientos, un ejercicio cívico sin mucha sustancia; pocos se sentían involucrados en competencias bipartidistas en las que el PAN dizque le disputaba al PRI-PPS-PARM la presidencia. En 1976 la campaña de José López Portillo fue un prolongado round de sombra: Acción Nacional no presentó candidato presidencial, y así exhibió el cascarón vacío que eran el voto y las elecciones. Pero, a pesar de todo, los mexicanos queríamos votar y cuando Jesús Reyes Heroles propuso una nueva legislación electoral, LOPPE, en 1977, que prometía la representación a las minorías políticas, la recibimos con los brazos abiertos. Era una manera de normalizar nuestra vida política y de devolver al escenario electoral su razón de ser: hoy es la arena donde se libra la lucha por el poder. Una lucha que estructuran reglas y procedimientos por todos aceptados, y que no está sometida a la voluntad del más fuerte.

La elección de 1940 fue un punto final, después dio comienzo un proceso civilizatorio que incluyó la prolongada pausa de la hegemonía priista. Fue sin duda demasiado largo, pero ésa es harina de otro costal. Luego sobrevino la severa crisis electoral de 1988 y el rosario de reformas electorales que nos hemos recetado para formar al votante mexicano. Mejor olvidarnos de que venimos de una cultura de la violencia electoral, pero también felicitarnos pues hemos llegado por fin a elecciones medianamente democráticas que, por fortuna y pese a todo, ya no son lo que eran.

Soledad Loaeza. Profesora-investigadora de El Colegio de México. Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010. Autora de: Acción Nacional. El apetito y las responsabilidades del triunfo.

La clausura de la casilla y la remisión del expediente

Cuarta Parte

CA P Í T U L O  CU A R T O

De la clausura de la casilla y de la remisión del expediente

AR T Í C U L O  2 8 4

1. Concluidas por los funcionarios de la mesa directiva de casilla las operaciones establecidas en los artículos anteriores, el secretario levantará constancia de la hora de clausura de la casilla y el nombre de los funcionarios y representantes que harán la entrega del paquete que contenga los expedientes. La constancia será firmada por los funcionarios de la casilla y los representantes de los partidos que desearen hacerlo.

AR T Í C U L O  2 8 5

1. Una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al Consejo Distrital que corresponda los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes, contados a partir de la hora de clausura:

a) Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito;

b) Hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito; y

c) Hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales.

2. Los Consejos Distritales, previamente al día de la elección, podrán determinar la ampliación de los plazos anteriores para aquellas casillas que lo justifiquen.

3. Los Consejos Distritales adoptarán previamente al día de la elección, las medidas necesarias para que los paquetes con los expedientes de las elecciones sean entregados dentro de los plazos establecidos y para que puedan ser recibidos en forma simultánea.

4. Los Consejos Distritales podrán acordar que se establezca un mecanismo para la recolección de la documentación de las casillas cuando fuere necesario en los términos de este Código. Lo anterior se realizará bajo la vigilancia de los partidos políticos que así desearen hacerlo.

5. Se considerará que existe causa justificada para que los paquetes con los expedientes de casilla sean entregados al Consejo Distrital fuera de los plazos establecidos, cuando medie caso fortuito o fuerza mayor.

6. El Consejo Distrital hará constar en el acta circunstanciada de recepción de los paquetes a que se refiere el artículo 290 de este Código, las causas que se invoquen para el retraso en la entrega de los paquetes.

Escrutinio y Compútoo

Tercera Parte

CA P Í T U L O  TE R C E R O

Del escrutinio y cómputo en la casilla

AR T Í C U L O  2 7 3

1. Una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, los integrantes de la mesa directiva procederán al escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla.

AR T Í C U L O  2 7 4

1. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantesde cada una de las mesas directivas de casilla, determinan:

a) El número de electores que votó en la casilla;

b) El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos;

c) El número de votos nulos; y

d) El número de boletas sobrantes de cada elección.

2. Son votos nulos:

a) Aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político; y

b) Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados;

3. Cuando el elector marque en la boleta dos o más cuadros y exista coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados, el voto contará para el candidato de la coalición y se registrará por separado en el espacio correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla.

4. Se entiende por boletas sobrantes aquellas que habiendo sido entregadas a la mesa directiva de casilla no fueron utilizadas por los electores.

AR T Í C U L O  2 7 5

1. El escrutinio y cómputo se llevará a cabo en el orden siguiente:

a) De Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

b) De senadores; y

c) De diputados.

AR T Í C U L O  2 7 6

1. El escrutinio y cómputo de cada elección se realizará conforme a las reglas siguientes:

a) El secretario de la mesa directiva de casilla contará las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre especial el cual quedará cerrado y anotará en el exterior del mismo el número de boletas que se contienen en él;

b) El primer escrutador contará en dos ocasiones, el número de ciudadanos que aparezca que votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección, sumando, en su caso, el número de electores que votaron por resolución del Tribunal Electoral sin aparecer en la lista nominal;

c) El presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las boletas y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía;

d) El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna;

e) Los dos escrutadores bajo la supervisión del presidente, clasificarán las boletas para determinar:

I. El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos; y

I I . El número de votos que sean nulos; y

f) El secretario anotará en hojas dispuestas al efecto los resultados de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, los que, una vez verificados por los demás integrantes de la mesa, transcribirá en las respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada elección.

2. Tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente.

AR T Í C U L O  2 7 7

1. Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes:

a) Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político, atendiendo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo inmediato anterior;

b) Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada; y

c) Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado.

ARTÍCULO 278

1. Si se encontrasen boletas de una elección en la urna correspondiente a otra, se separarán y se computarán en la elección respectiva.

AR T Í C U L O  2 7 9

1. Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección.

Cada acta contendrá, por lo menos:

a) El número de votos emitidos a favor de cada partido político o candidato;

b) El número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas;

c) El número de votos nulos;

d) El número de representantes de partidos que votaron en la casilla sin estar en el listado nominal de electores,

e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere; y

f) La relación de escritos de protesta presentados por los representantes de los partidos políticos al término del escrutinio y cómputo.

2. En todo caso se asentarán los datos anteriores en las formas aprobadas por el 

Consejo General del Instituto Federal Electoral.

3. En ningún caso se sumarán a los votos nulos las boletas sobrantes que fueron inutilizadas.

4. Los funcionarios de las mesas directivas de casilla, con el auxilio de los representantes de los partidos políticos, verificarán la exactitud de los datos que consignen en el acta de escrutinio y cómputo.

AR T Í C U L O  2 8 0

1. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones se levantarán las actas correspondientes de cada elección, las que deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y los representantes de los partidos políticos que actuaron en la casilla.

2. Los representantes de los partidos políticos ante las casillas tendrán derecho a firmar el acta bajo protesta, señalando los motivos de la misma. Si se negaran a firmar, el hecho deberá consignarse en el acta.

AR T Í C U L O  2 8 1

1. Al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, se formará un expediente de casilla con la documentación siguiente:

a) Un ejemplar del acta de la jornada electoral;

b) Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo; y

c) Los escritos de protesta que se hubieren recibido.

2. Se remitirán también, en sobres por separado, las boletas sobrantes inutilizadas y las que contengan los votos válidos y los votos nulos para cada elección.

3. La lista nominal de electores se remitirá en sobre por separado.

4. Para garantizar la inviolabilidad de la documentación anterior, con el expediente de cada una de las elecciones y los sobres, se formará un paquete en cuya envoltura firmarán los integrantes de la mesa directiva de casilla y los representantes que desearan hacerlo.

5. La denominación expediente de casilla corresponderá al que se hubiese formado con las actas y los escritos de protesta referidos en el párrafo 1 de este artículo.

AR T Í C U L O  2 8 2

1. De las actas de las casillas asentadas en la forma o formas que al efecto apruebe el Consejo General del Instituto, se entregará una copia legible a los representantes de los partidos políticos, recabándose el acuse de recibo correspondiente. La primera copia de cada acta de escrutinio y cómputo será destinada al programa de resultados electorales preliminares.

2. Por fuera del paquete a que se refiere el párrafo 4 del artículo anterior, se adherirá un sobre que contenga un ejemplar del acta en que se contengan los resultados del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, para su entrega al presidente del Consejo Distrital correspondiente.

AR T Í C U L O  2 8 3

1. Cumplidas las acciones a que se refiere el artículo anterior, los presidentes de las mesas directivas de casilla, fijarán avisos en lugar visible del exterior de las mismas con los resultados de cada una de las elecciones, los que serán firmados por el presidente y los representantes que así deseen hacerlo.