lunes, 28 de mayo de 2012

Redes, plazas y autoengaño


Las movilizaciones estudiantiles de los últimos días han sorprendido a todos. Nadie pudo haber anticipado la irrupción de miles de jóvenes que toman las calles para interpelar a la clase política (en particular al PRI) y a los medios (especialmente a Televisa). Dos impulsos cívicos han animado las protestas recientes: reivindicar el derecho a la discrepancia y reclamar veracidad a los medios. Ejercicio de la crítica y exigencia de verdad.

No es claro que las manifestaciones vayan a tener un impacto electoral decisivo. Nuestra experiencia aconsejaría separar el entusiasmo de las concentraciones públicas de la fría aritmética de los votos. El activismo escenifica las intensidades de la opinión pública pero no la sintetiza. Expresa bien el engranaje de las maquinarias partidistas o la pasión política, pero no es abreviatura del universo electoral. Quienes llenan la plaza se convencen fácilmente de que ahí se expresa la nación verdadera, que las consignas que repiten son la voluntad popular, que la solidaridad descubierta en la festividad de la política tiene la fuerza de cambiar la historia. No suele ser así. La urna suele refutar a la plaza. No digo que las concentraciones juveniles que hemos visto en estos días sean irrelevantes, que sean una simple anécdota. Por el contrario, creo que las movilizaciones recientes ya han tenido un impacto relevante en la contienda electoral. Han puesto al candidato puntero y a su partido a la defensiva y han elevado la exigencia pública a la cobertura política de los medios. Dos conquistas extraordinariamente valiosas que cuentan, sobre todo, como advertencia, más allá del 1º de julio. La agilidad organizativa de estos días es anticipo de lo que podría activarse en el futuro inmediato, si se dan los abusos temidos.

Es de celebrar que una nueva generación se involucre en la política y haga oír su voz. No será fácil la conservación del ímpetu, tras la primera descarga emotiva, tras el descubrimiento de la calle y el hallazgo de las adhesiones. El camino por delante será mucho más difícil, si es que existe. Será necesario transformar los rechazos en algún tipo de afirmación, sobre todo en tiempos de elecciones. El movimiento juvenil podría convertirse en el impulsor social del voto útil contra el PRI, si abandona el falso discurso del apartidismo. Lo que unió a este grupo heterogéneo fue, precisamente el rechazo al candidato del PRI. Si ésa es la coincidencia, ahí puede estar la segunda etapa del movimiento.

Pero si hay mucho que celebrar de esa rebeldía cívica hay también rasgos inquietantes que no creo que deban ser pasados por alto por adulación a los “muchachos”. Decir que las manifestaciones son la semilla de una organización que podría transformar la vida democrática del país me parece absurdo o, por lo menos, prematuro. Se trata de una nueva muestra de la decepción democrática, una exhibición contundente de la distancia entre el régimen y la sociedad, particularmente entre el sistema político y las nuevas generaciones. Como denuncia, las manifestaciones son elocuentes. Me preocupa ver que los manifestantes tropiezan con trampas viejas. La razón conspiratoria es la reina de su retórica: los poderosos se han puesto de acuerdo y nos impondrán al candidato que nadie quiere. Los perversos tienen el control de los medios, las encuestas y las instituciones electorales. Se cree así que el candidato que ellos repudian carece de respaldos reales y es un simple invento de la televisión al que nadie apoya. Las encuestas son, en consecuencia, una farsa, una mentira. Las redes y las plazas parecen más convincentes que los estudios de opinión. Las casas encuestadoras (las mismas que dieron la candidatura a Andrés Manuel López Obrador y que muestran la ventaja del PRD en el Distrito Federal) son una patraña. ¿Cómo me dicen que Peña Nieto va arriba si ninguno de mis amigos va a votar por él? ¿Cómo se atreven a decirnos que al candidato del PRI no le ha pegado la movilización estudiantil si de todo lo que se habla en la red es del repudio a él? Redes y plazas pueden ser rincones del autoengaño. Creer que no hay más mundo que el que uno ve.

La lógica de la conspiración termina por aceptar la idea de que estamos en vísperas de la “imposición”. El próximo presidente de México será impuesto por los poderes fácticos, se dice y se corea. Lo ha sugerido muchas veces el candidato de la izquierda y parece que su versión encuentra eco en los jóvenes que se han manifestado recientemente en las calles. “Si hay imposición habrá revolución”, se escuchaba en una de las concentraciones recientes. La democracia mexicana tendrá muchos defectos y tiene muchas tareas pendientes pero instauró el mecanismo para elegir gobernantes a través del voto. Si Enrique Peña Nieto gana las elecciones será porque tuvo más votos que sus contrincantes, no porque lo impuso una televisora.

lunes, 14 de mayo de 2012

Masacres ( o las consecuencias de perseguir la pelota )


El 17 de abril, aparecieron 14 cadáveres mutilados en Nuevo Laredo. Días después, un coche bomba estalló frente al Palacio Municipal de esa ciudad fronteriza. Ambos actos fueron, según la evidencia disponible, ataques del cártel de Sinaloa y de sus aliados del cártel del Golfo. En respuesta, las autoridades parecen haber reforzado la vigilancia en la zona. Esa reacción perjudicó más a los Zetas, grupo dominante en Nuevo Laredo, que a la banda agresora. En represalia, los Zetas procedieron a secuestrar, torturar, matar y colgar de un puente a nueve presuntos integrantes de las células del Chapo en el norte de Tamaulipas (no especulo: así lo dijeron en una manta). Los de Sinaloa respondieron con 14 homicidios más en el bastión zeta.Más vigilancia federal en la zona.
A los días, los Zetas cambiaron de escenario: fueron a Jalisco, secuestraron aleatoriamente a 18 personas inocentes (y tenían, al parecer, la intención de secuestrar 32 más) y arrojaron sus cadáveres en la carretera Guadalajara-Chapala ¿Para qué el acto de sadismo? Pues, previsiblemente para atraer más presencia militar y policial a la región, dominada por el cártel de Sinaloa y sus socios locales (Hoy aparecieron 49 descuartizados en Nuevo León, sobre la carretera Monterrey-Reynosa. Ignoro si ese hecho está conectado a la secuencia anterior, pero no me sorprendería)
Para los grupos criminales, el juego está claro: el objetivo es llevar la guerra al territorio del rival. Calentarle la plaza, para usar su jerga. Han aprendido que las autoridades (federales y estatales) siguen a la pelota, no al hombre: van a donde aparecen los cadáveres y no a donde se ordenan las muertes. Operan con sentido estratégico, mientras que el gobierno se limita a respuestas tácticas.
¿Cómo frenar la espiral? Cambiando los incentivos, pasando de una lógica territorial a una lógica organizacional. En concreto, a cada masacre, se debería responder con un golpe inmediato en contra del grupo responsable en su zona de influencia: si el Chapo ordena asesinatos en Nuevo Laredo, se detonan acciones en Culiacán, Nogales o Durango; si los Zetas matan en Jalisco, la respuesta se da en Nuevo Laredo, Piedras Negras o Veracruz.
¿Y de que tipo de acciones estamos hablando? Aquí les va una lista no exhaustiva:
  • Traslado de reos pertenecientes al grupo agresor a prisiones federales (uno por víctima, para que quede claro el mensaje)
  • Instalación de retenes móviles en rutas de trasiego del grupo correspondiente (digamos, Monterrey-Nuevo Laredo en el caso de los Zetas o Hermosillo-Nogales si se trata de Sinaloa)
  • Patrullajes intensivos en las zonas de influencia del grupo agresor
  • Reforzamiento temporal de inspecciones aduaneras en puertos marítimos (por ejemplo, Manzanillo o Guaymas para Sinaloa; Veracruz o Altamira para los Zetas).
  • Con asistencia de EUA, reforzamiento temporal de controles en cruces fronterizos específicos (ejemplos: Laredo o Eagle Pass para jorobar a los Zetas: Nogales. Calexico o San Ysidro para tupirle a Sinaloa)
  • Cierre de narcotienditas y/o giros negros en ciudades seleccionadas (similar a lo sucedido ayer en Ciudad Juárez)
  • Detención de células de sicarios del grupo relevante, previamente identificadas
Nada de lo anterior requiere tener una policía calibre Scotland Yard, capacidades de inteligencia tipo CIA o poderes de caballero jedi. Cada una de esas acciones ya se hace o ya se ha hecho: se trata precisamente del tipo de cosas que sucede cuando se “calienta una plaza”. Sólo que hay que escoger la plaza adecuada para subirle al termostato.
La segunda objeción es que los grupos criminales podrían hacer una maniobra de contrainteligencia, es decir, ir al territorio del rival, dejar una pila de muertos y hacer pasar el hecho como obra de los enemigos. No es imposible, pero hay límites a la picardía:
  • Dejar muertos con cargo al rival elimina uno de los móviles de las masacres en territorio ajeno. A la sazón, mostrarle dos cosas a terceros (la autoridad, otros grupos delictivos, la opinión pública):  a) la capacidad propia para operar donde sea y b) la debilidad y falta de control del rival en su zona de influencia. La violencia extrema no tiene mucho sentido si no se puede presumir. Peor aún, colgarle muertos al enemigo puede acabar fortaleciendo sureputación de brutalidad, un activo invaluable en el submundo criminal.
  • El grupo afectado tendría un incentivo gigantesco para aclarar el malentendido y pasarle al gobierno la información pertinente sobre la autoría del hecho.
  • Las autoridades podrían mandar el mensaje que, de descubrirse un engaño, la reacción se intensificaría (ejemplo, se duplicaría el número de presos trasladados a penales federales),
Esto, por supuesto, no previene todas las formas de violencia. Simplemente podría evitar que los grupos criminales usen a las autoridades como garrote involuntario en contra de sus enemigos  (Nota: no estoy sugiriendo que exista complicidad de ningún genero entre el gobierno y alguna banda delictiva) ¿Estoy seguro de que funcionaría? No, pero ¿exactamente que se pierde intentándolo? ¿Qué parte de lo descrito arriba no se puede hacer ya? ¿Qué parte requiere una generación de fortalecimiento institucional antes de siquiera contemplarse?
Los delincuentes pueden ser psicópatas, pero no son irracionales: no masacran a inocentes (sólo) por diversión. Lo hacen porque ya nos tienen calados, porque saben como van a reaccionar las autoridades, porque entienden que pueden apilar cadáveres a costo marginal casi cero para su causa. Y mientras no los convenzamos de lo contrario, los muertos se van a seguir contando en docenas.

De Alejandro Hope. 

El grito y el argumento


El grito cabe en la democracia como cabe el aplauso. Sólo los defensores más ilusos de la democracia deliberativa pueden imaginar una ciudadanía que sólo participa en los asuntos públicos escuchando imparcialmente argumentos, ponderando científicamente razones, hilvanando juicios para la persuasión de un auditorio ecuánime. El diálogo democrático no es una conversación con café y galletitas: es un encuentro y muchas veces un encontronazo de valores, ideas, intereses y pasiones. Más que el hallazgo de la conciliación a través del coloquio, es una enemistad a duras penas amaestrada: rivalidad contenida.
Si tachamos las consignas como acto antidemocrático, deberíamos hacer lo mismo con las porras. El repetir alabanzas al candidato es tan democráticamente cuestionable como corearle maldiciones. Ambas cantilenas son vehemencia hermética que se hace oír por los decibeles que alcanza y no por los razonamientos que construye. Repetición irreflexiva e impetuosa de una simpleza. Que las porras y las consignas sean boberías, una violenta agresión al juicio literario no significa que sean irrelevantes o, peor aún, peligrosas. Que no alcancen estatura de argumento, que se satisfagan en la reiteración y en el ruido no quiere decir que sean ajenas a la vida democrática. El debate en democracia nunca será un pulcro intercambio de razones porque la política no es un territorio esterilizado donde rivalizan los silogismos en busca de la verdad. Toda política enciende entusiasmos y remueve abominaciones, genera esperanza y provoca temor. Al lado de los argumentos hay gritos; las razones no suprimen los prejuicios; la reflexión individual y las obsesiones colectivas se entrelazan y se confunden.
Que un acto político encuentre la hostilidad de un grupo organizado es tan preocupante como el escenario contrario: que encuentre el júbilo organizado. Nadie se indigna cuando un candidato es recibido en la plaza con un coro de entusiastas que repiten hasta el cansancio que ha llegado el salvador de la nación. “Anselmo, amigo, el pueblo está contigo,” gritan todos en la plaza uniformados con la camiseta del licenciado Anselmo ¿Son intolerantes los adeptos porque antes de escucharlo ya lo celebran? ¿Son fanáticos porque han sido coordinados por quien reparte carteles y camisetas y porque sus gritos siguen el ritmo de un director de porra? ¿Son borregos manipulados que actúan solamente porque otro mueve los hilos de su voluntad? Lo mismo puede decirse de quienes organizan la hostilidad—con la condición, por supuesto, de que permitan la expresión de los otros, con la condición de que admitan la presencia de aquel a quien abominan. La festividad organizada es parte de la vida política ordinaria, es materia común de una campaña electoral. La protesta organizada lo es también. Evidentemente, no se trata de expresiones espontáneas, de ponderaciones reflexivas, expresiones de ciudadanos meditabundos: son un ruido que expresa, son teatros que algo muestran: actos políticos que nadie, en su sano juicio pensaría reprimir.
La protesta no suele levantar el dedo meñique. Es estruendosa y pendenciera pero no busca ingreso a la cena de gala: quiere hacerse oír—aunque sea a la mala. La protesta es testimonio que valdría escuchar. Ubicar en su sentido y medida, sin sacralizaciones ni demonizaciones. Quiero decir con esto que resulta absurdo pensar que la organización de una protesta ruidosa, vehemente, hostil—pero pacífica, es peligrosa para la vida democrática de México, como se ha escuchado tenuemente en estos días. La protesta es parte de la vitalidad de un sistema abierto donde debe haber sitio para la adhesión y sitio para el reproche. Sitio para el argumento y también (aunque lo rechacen los bienpensantes) sitio para el insulto; sitio para la concordia y sitio para el odio. Si la casa es humana ha de alojar todo lo nuestro. La idea de una democracia desapasionada y sin conflicto, una democracia elegante y armoniosa es el cuadro de una democracia muerta. Si no pedimos certificado de racionalidad, de independencia, de espontaneidad a quien elogia, tampoco lo exijamos a quien censura.
La democracia se alimenta de razones—pero no sólo de razones. Protestar es otra forma de ejercer ciudadanía.

De Jesús Silva - Herzog Márquez 

jueves, 10 de mayo de 2012

Mi diez de mayo


A las cuatro mujeres que han marcado mi vida hasta el día de hoy, tres de ellas con su ejemplar actitud y desinteresado amor mostraron la finura de su espíritu, con su ejemplo nos enseñan que causa mayor satisfacción dar que recibir, que la grandeza del ser humano no requiere de papeles, se lleva en el corazón, que existen ángeles terrenales que no requieren de lazos consanguíneos para entregarse desinteresadamente y dar una lección de vida y amor, para mi madre Maria del Rosario, para mi compañera y amor de esta vida y viaje Barbara, para mi Viejita inolvidable Félix y para ti, que eres la niña de mis ojos Eduwiges, de todo corazón y con el alma en la mano, FELICIDADES Y GRACIAS.

viernes, 4 de mayo de 2012

Delitos violentos crecen a pasos importantes


La directora general de México Evalúa, Edna Jaime, indicó de acuerdo al estudio que realizaron basado en datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que delitos violentos como homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia y robo de autos con violencia han crecido a pasos importantes en lo que va de esta administración.

En entrevista con Ricardo Rocha, Edna Jaime, detalló que tan sólo del 2007 al 2010, el homicidio creció en un 96%, el secuestro un 188%, la extorsión 100% y el robo con violencia un 42%.

Asimismo, puntualizó "creo que estos delitos de fuero común deben estar atendidos por autoridades locales y municipales; me parece que el crimen organizado se está expandiendo a zonas geográficas que anteriormente contaban con entornos de más tranquilidad".

Además de que debe haber mucha coordinación entre las autoridades estatales y federales al tiempo que asuman las responsabilidades que les corresponden.

Destacó, que debe repensarse lo que se está haciendo, ya que de acuerdo con estos resultados, no se está haciendo de la forma correcta o suficiente para contraer la violencia que se presenta en las zonas de este país.

Añadió que otro de los hallazgos que encontraron en este estudio, es que desafortunadamente estados que estaban en crisis al inicio de esta administración, siguen en esa situación, aunque, a este grupo de los más violentos se suman otras entidades.

Al respecto, resaltó que algo que les llamó mucho la atención fue que un estado como Aguascalientes, que anteriormente era considerado próspero y gozaba de bastante tranquilidad, en los últimos meses ha presentado un alza vertiginosa en algunos delitos de los antes mencionados.

En esa misma posición se encuentra Nuevo León, pues su caso es delicado con homicidios, robo de autos con violencia, además, de Colima y Tamaulipas.

Por otra parte, la directora de México Evalúa, mencionó que esta es la primera vez que realizan un estudio basándose en datos oficiales, además de que es la primera vez que datos como estos están disponibles e incluso, dijo, permitió conocer información desde 1997 y recordar la crisis de seguridad que también se tuvo en el gobierno de Ernesto Zedillo.

Ya que fue, precisamente durante su administración cuando los mexicanos comenzaron a tener este tema muy en el centro de atención, por los índices de todos los delitos, algunos de ellos graves.

Respecto a quiénes son las víctimas invisibles de este país, Edna, explicó que son todas aquellas familias de secuestrados, ejecutados y levantados que sufren las consecuencias de y afectaciones del crimen organizado.

Además, señaló que son personas que no están siendo consideradas.
Finalmente, enfatizó en que existe una carencia de información, tanto en la ciudadanía como en las autoridades y es por ello que no se sabe al "animal" al que nos enfrentamos, por lo que, de seguir así, no será posible generar políticas públicas más efectivas y contundentes.

miércoles, 2 de mayo de 2012

Periodismo ausente


El candidato del PRI ha hecho de la eficacia su bandera. Prometió y cumplió. Eso nos dice constantemente: es un tipo confiable y tiene el testimonio de los notarios para convencer a los escépticos. En campaña enlistó sus promesas y hoy presume que las cumplió puntualmente como gobernador. Los panistas lo llaman mentiroso. Han tomado precisamente la lista de los orgullos como prueba de un engaño. Los compromisos de los que hacen alarde los priistas son, en realidad, un catálogo de falsedades. Hace unos días los adversarios se enfrascaron en un debate sobre los compromisos de Peña Nieto. En un absurdo duelo al que bautizaron como “la mesa de la verdad” se enfrentaron sin aportar prueba alguna a su alegato. Ratificación de subjetividades en donde el periodismo actuó como el morboso testigo de un ridículo. Fulano dijo, mengano contestó.

El episodio es un enfrentamiento natural: un partido presume éxitos, el otro los llama fracasos. Lo notable en la polémica es el sitio donde se instala el periodismo. Los reporteros acuden puntualmente a la cita del duelo y registran con detalle los dichos y las réplicas. Los noticieros de radio y televisión dan aviso del encuentro y reseñan el altercado. Los opinadores se entretienen con la exhibición. Cada cual encuentra motivo para ratificar sus prejuicios. Pero la pregunta capital sigue en el aire: ¿cumplió Peña Nieto con sus compromisos? ¿Es un político cumplidor o un mentiroso? Por supuesto, hay tantas razones para dudar de la propaganda de un lado como para dudar de la propaganda del otro. Unos presentan el compromiso con colores brillantes y tonadas de optimismo; los otros proyectan imágenes borrosas y música tétrica. La versión del PRI será tan parcial como la versión del PAN. Ambos tienen un interés en presentar la realidad de acuerdo a su conveniencia. Por eso sería indispensable contar con una verificación profesional de los dichos. No es una tarea descomunal. Sería un trabajo elemental, indispensable, obvio. Si el candidato puntero presume haber cumplido 608 compromisos, correspondería al periodismo verificar si, en efecto, los cumplió. No he leído ese reportaje, no lo he visto en ningún lado. ¿Sería muy difícil ubicar cada uno de los compromisos y registrar el estado en el que se encuentran?

Lo que veo todos los días son noticias sobre lo que los candidatos dicen: periodismo de declaraciones. En julio del 2000, el entonces corresponsal del Economist, Gideon Lichfield publicó en Letras libres un artículo donde sostenía que la profesión del periodismo en México consistía en la búsqueda de sinónimos de la palabra dijo. “Abundó. Aceptó. Aclaró. Acusó. Adujo. Advirtió. Afirmó. Agregó. Añadió. Anotó. Apuntó. Argumentó. Aseguró. Aseveró. Comentó. Concluyó. Consideró. Declaró. Destacó. Detalló. Enfatizó. Explicó. Expresó. Expuso. Externó. Informó. Indicó. Insistió. Lamentó. Manifestó. Mencionó. Observó. Planteó. Precisó. Profundizó. Pronosticó. Pronunció. Prosiguió. Puntualizó. Recalcó. Reconoció. Recordó. Redondeó. Reiteró. Señaló. Sostuvo. Subrayó.” El periodista proponía entonces una palabra para describir los vocablos que enmarcan el oficio periodístico en México: dijónimos.

El periodismo como dijonomía: registro de lo que los políticos dicen, olvido de lo que los políticos hacen. Cobertura de lo insustancial, periodismo de trivialidades dedicado a ignorar lo relevante. Hoy la prensa, por supuesto, suele condimentar la colección de declaraciones con la burla. Un largo discurso merecerá mención si el candidato confunde un nombre con otro, si pronuncia mal una palabra, si tropieza con las sílabas. Una entrevista alcanzará los titulares en el momento en que se deslice una agresión. Dijonomía del traspié.

La prensa mexicana habrá ganado espacios frente al poder en el ámbito nacional. Pero no ha podido asentarse como una referencia profesional y relativamente autónoma en el debate mexicano. En esta campaña hay un ausente: el periodismo. Por eso estamos condenados a votar a oscuras. Bombardeo de propaganda que no encuentra el piso de la (relativa) objetividad del periodismo profesional. A través de la prensa podemos enterarnos de lo que los candidatos declaran pero apenas podremos conocer lo qué han hecho. La calidad de la democracia no depende solamente de los políticos, de los partidos, de las instituciones. Depende también de la información y de la crítica del periodismo. Una democracia se alimenta, es cierto, del enfrentamiento de las parcialidades; se vacuna con el profesionalismo de una prensa crítica y curiosa que no se colma con palabras.

De Jesús Silva - Herzog Márquez

Los operativos interminables


En un artíulo reciente, Héctor Aguilar Camín listó los consensos emergentes entre los candidatos presidenciales. Entre otros, incluyo el siguiente: “Mantener al Ejército en funciones de seguridad mientras se fortalecen la policía federal y las policías estatales“. Es cierto: todos los candidatos parecen estar de acuerdo con mantener los operativos federales en tanto se construyen capacidades locales (Andrés Manuel López Obrador se había pronunciado inicialmente por retirar a las fuerzas armadas en seis meses, pero luego reculó). Es cierto y profundamente desafortunado: significa que no han pensado en serio sobre las implicaciones de tener operativos federales sin límite temporal.

Imaginen por un segundo los incentivos que enfrenta el gobernador de un estado con operativo federal. Tiene a su disposición una fuerza pública que no les cuesta presupuestalmente.  Si no se reduce la incidencia delictiva, la culpa es de los federales, no del gobierno estatal. Si, en cambio, hay alguna mejora en las condiciones de seguridad, el gobernador se puede atribuir parte del mérito (vean como ejemplo estas declaraciones del gobierno de Guerrero). Si hay tropelías o violaciones a los derechos humanos, la CNDH se va contra las fuerzas armadas o la Policía Federal, no contra las autoridades estatales.

En esas circunstancias, ¿qué gobernador buscaría acelerar el retiro de las fuerzas federales? ¿Por qué se tomaría la molestia de fortalecer las instituciones estatales? El gobierno federal tal vez le asegure que el operativo es temporal, pero sabe que basta una llamada al Secretario de Gobernación o al Presidente para que se prolongue la presencia de las fuerzas federales. En público, tal vez se comprometa a transformar su policía y su sistema de justicia. Pero, en privado, se la va a tomar tranquilo: tal vez cumpla un par de compromisos para no mostrarse tan cínico, pero no más. El peor riesgo que enfrenta es un periodicazo de vez en vez o la condena de algunas organizaciones de la sociedad civil, y sabe bien que el efecto político de esa mala prensa se diluye a los pocos días.

No estamos hablando de un escenario hipotético: según una nota publicada en Reforma, sólo seis de 32 entidades han creado el primero grupo de policía estatal acreditable, a pesar de la existencia de un subsidio federal para esa tarea. Y entre los estados que si le han entrado, sólo hay uno (Nuevo León) de los que tienen operativo federal en su territorio. En Michoacán, ya van cinco años y medio con fuerzas federales en su territorio y no hay ni para cuando se cuente con una policía estatal de tamaño y capacidades adecuados. En Nuevo León, se pusieron como objetivo contar con una nueva policía estatal de 15,000 elementos para 2015: a enero de este año, la llamada Fuerza Civil contaba con 1,500 policías. Y el cuento de que nadie quiere ser policía en Nuevo León (o en Tamaulipas o en Durango) es una falacia: hay gente dispuesta a bucear en estiércol, siempre y cuando la remuneración sea buena. Simple y sencillamente, no han dedicado recursos suficientes.

¿Pero no cambiarían los incentivos si el gobierno federal fuera presidido por un priísta? En cierta medida: un presidente priísta podría apretar las tuercas por la vía del Congreso y, además, algunos gobernadores tal vez tendrían esperanzas de continuar su carrera política en la administración federal. Pero hay límites a esas palancas: los gobernadores priístas van a seguir siendo un importantísimo factor de poder en el Congreso, sea quien sea el Presidente de la República. Habrá espacio para algunos gobernadores en la administración federal, pero ciertamente no para todos ¿Se pueden imaginar el costo político para Peña Nieto de colocar a Rodrigo Medina en su gabinete?

¿Qué hacer entonces? ¿Terminar de golpe y porrazo con los operativos federales? No, pero sí ponerles un límite temporal, razonable pero firme, y, sobre esa base, renegociar los términos de la intervención federal. El siguiente Presidente podría anunciar. con bombo y platillo, apenas asuma el cargo, que, sin excepción, todos los operativos federales culminarían en dos años. En el periodo de transición, se proporcionaría a los gobiernos estatales toda la asistencia necesaria para contar con un mínimo de capacidades. Para evitar simulaciones y amarrarse las manos, el gobierno federal podría comprometerse a que el retiro sea supervisado por los medios y las organizaciones de la sociedad civil. Si algún gobernador quisiera extender la participación de fuerzas federales en tareas de policía en su estado después de la fecha límite, el costo completo de un operativo extendido recaería directamente en el presupuesto estatal (y se cobraría a lo chino, con participaciones o aportaciones).

De pronto, los gobernadores tendrían un incentivo poderosísimo para dedicar recursos a sus instituciones, para reconstruir sus policías, para hacerse cargo de la seguridad en su estado. Le inyectaría un sentido de urgencia a los esfuerzos de reforma y, sobre todo, ubicaría correctamente la responsabilidad de cada quien y cada cual.

(Nota: terminar con los operativos no significa en modo alguno que las fuerzas federales se retiren por completo. Tanto las fuerzas armadas como la Policía Federal mantendrían su despliegue normal y podrían reaccionar ante una emergencia. Pero no participarían de manera cotidiana en patrullajes, persecución de delito común o tareas similares).

En fecha reciente, se ha especulado mucho sobre las razones de la seguridad relativa del Distrito Federal en comparación con otras entidades. La capital cuenta con una fuerza pública local mucho más grande que la de cualquier estado y eso puede ayudar. Sin embargo, creo que hay un elemento adicional que a menudo se olvida: si el delito crece en el DF, el costo político va a la cuenta del Jefe de Gobierno. Las marchas contra la inseguridad en 2004 y 2008 fueron dirigidas en lo fundamental en contra del gobierno local. Por buenas o malas razones, las autoridades capitalinas no pueden eludir la responsabilidad de la seguridad en la ciudad (a pesar de que, paradójicamente, el secretario de seguridad pública y el procurador capitalino son nombrados formalmente por el Presidente de la República). Tienen por tanto un incentivo a dedicar tiempo y presupuesto al tema.

Cuando lo mismo suceda en la mayoría de los estados, vamos a observar una mejoría significativa en las condiciones de seguridad. Pero eso no va a pasar mientras los operativos sean interminables, mientras los gobernadores puedan trasladar su responsabilidad a costo cero.

De Alejandro Hope.