De no alcanzar la certificación de sus policías en enero de 2013, fecha en que la finaliza el plazo previsto por la ley para evaluar al 100 % a todas las corporaciones policiacas de México, Quintana Roo y sus 10 municipios se convertirían en el primer Estado del país que tendrían que separar de sus cargos al 98 % de los policías.
De enero de 2010 al 31 de julio de 2012, las autoridades estatales y municipales de Quintana Roo han evaluado al 10.13 % de sus mandos y al 2.76% de los policías operativos, que ubican a ese Estado en el último lugar nacional en materia de certificación policiaca.
“Lo que está estipulado en la ley es que todo aquel policía o mando que no este certificado antes del plazo previsto (enero de 2013), no podrá continuar en la institución de seguridad pública a la que pertenece”, informó Luz del Carmen Díaz, titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Entrevistada por Animal Político, Díaz explicó que aun cuando la ley es muy clara sobre los tiempos establecidos para lograr la certificación de las corporaciones, en el caso de Quintana Roo se deberá hacer una revisión con los legisladores para ver cuál será el procedimiento qué se deberá seguir, porque es evidente que no podrán cumplir con la meta de evaluar al 100% a sus policías y mandos.
“En Quintana Roo tenemos que sumar esfuerzos, porque el Estado y sus municipios no se pueden quedar sin fuerza policial”, dijo Díaz.
Explicó que el rezago en la evaluación de policías estatales y municipales se viene arrastrando desde el gobierno de Félix González, cuya administración argumentaba que no había suficientes recursos para avanzar y que tenían otras prioridades en materia de seguridad.
Una revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) que el gobierno federal le entregó a Quintana Roo en 2010, en lo que fue el penúltimo año de la gestión de González, arrojó que las autoridades estatales no utilizaron adecuadamente el recurso y detectaron una serie irregularidades relacionadas, entre otras cosas, con la evaluación de policías estatales y municipales.
Los auditores concluyeron que aún cuando en 2009 y 2010 los recursos asignados para la creación y operación del Centro Estatal de Control de Confianza (organismo encargado de la certificación de los policías) oscilaron en los 5.2 y 4.4 millones de pesos respectivamente, el organismo se encontraba en la etapa inicial del proceso de certificación y acreditación, por lo que estaba trabajando parcialmente y sin poder emitir certificados.
Además, revelaron que al momento de hacerse la auditoría el Centro operaba con 5 personas que se encontraban en “proceso de capacitación”, pese a que la plantilla autorizada era de 41 personas. A julio de 2012, contaba con 2 poligrafistas, 6 psicólogos, 2 investigadores y 1 director, por lo que aún faltaba por integrarse 30 empleados.
La demora que presenta Quintana Roo en la certificación de sus policías, provocó que el martes 28 de agosto, en el marco del “Foro Nacional: Sumemos causas, ciudadanos más policías”, el presidente Felipe Calderón reclamara a las autoridades estatales el retraso. “Hay estados que van muy bien, ya avanzando más de la mitad de sus exámenes de control de confianza. Hay estados que no han terminado de establecer su Centro de Control de Confianza, como, desgraciadamente, es el caso de Quintana Roo. Y no están evaluando a sus policías”.
El miércoles 29 de agosto, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, respondió a los señalamientos de Calderón al declarar ante medios locales que era un error que ubicaran a su estado en el último lugar en materia de certificación policiaca, pues habían practicado exámenes toxicológicos al 40% de sus policías.
“Puede ser que hayan aplicado esa cantidad de exámenes que dicen, pero los antidoping solitos, al menos que salgan positivos, no nos sirve para determinar el nivel de confiabilidad de un policía o mando”, comentó Luz del Carmen Díaz.
Expuso que si bien es cierto que con las pruebas antidoping se puede avanzar más que con otras fases del proceso de certificación, los centros no pueden emitir resultados sino se da una evaluación integral, como es la de practicar exámenes psicológicos, de entorno social, de consumo de drogas y de polígrafo.
“El gobernador efectivamente nos podrá informar que ya aplicaron el 40% de exámenes toxicológicos, pero tiene que completar los 4 exámenes. Hasta que no completen el resto de las fases no podemos reportar una evaluación integral”, concluyó Díaz
De Animal Político
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