Desapariciones forzadas: No hay delito que perseguir

De Animal Político ;

La legislación nacional para sancionar con cárcel a  los servidores públicos que cometen el delito de desapariciones forzadas  es una simulación. El Informe  de Naciones Unidas publicado este año, señala que en el país existen sólo 2 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada, mientras la cifra de desaparecidos en el sexenio de Calderón  se calcula en más de 30,000 personas.

En la gran mayoría de los Estados de la República ni siquiera  existe éste  delito en sus  Códigos Penales y en donde si existe están redactados de forma mañosa para que el   ministerio público  no pueda acreditar su comisión  y  concluya que “no hay delito que perseguir”.

Para poder acreditar la comisión de un delito, es necesario que  la conducta delictiva coincida exactamente con lo establecido en el tipo penal. Por poner un ejemplo: El Código  Penal del Distrito Federal dice que “comete el delito de desaparición forzada el servidor público  que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas…” así que sí  un servidor público  detiene a la persona y otro la mantiene oculta, pues ninguno de los dos comete el delito de desaparición forzada, porque no encajan exactamente con la definición del Código. La perfecta impunidad.

El Estado Mexicano  no se hace responsable de los delitos que comete, parece que los minimiza y se protege. Otro ejemplo: el secuestro es  considerado más grave que la desaparición forzada en el que la responsabilidad recae directamente en un servidor público que hace uso de esa calidad para  cometer el delito a diferencia del secuestro que es cometido por particulares.

Las desapariciones forzadas son  típicas  de los Estados autoritarios y nosotros nos estamos acercando mucho. No sólo se tolera la impunidad sino que  se provoca por medio de  un marco jurídico que resulta ineficaz para castigar el delito, los responsables saben que no pisarán la cárcel.

En su informe, Naciones Unidas  hace un llamado de atención al gobierno al señalar que “parecería que el Estado  Mexicano no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas”  pero la observación del Organismo Internacional no ha tenido repercusiones. Los legisladores locales y federales no han modificado su Códigos para garantizar la protección a las víctimas y el acceso a la justicia.

Rosario Ibarra dice que para luchar contra el Estado las madres de los desaparecidos “aprenden a aguantarse la ira y a disciplinar el llanto porque el camino es largo”.  Y sí…

Paola Zavala Saeb (@paolasaeb), es abogada, especialista en derechos humanos. Ha publicado anteriormente artículos de opinión para El Universal y Nexos en línea. Ha hecho trabajos de consultoría e investigación para la ONU- DH, GDF, CIDE, SCJN, TEPJF y el INMUJERES. Actualmente es asesora legislativa.