martes, 18 de septiembre de 2012

LAS FUGAS EN LOS PENALES Y LA INDOLENCIA DE LAS AUTORIDADES


132 reos se fugaron de un Centro de Readaptación Social (Cereso) del municipio de Piedras Negras, en el estado de Coahuila, confirmó este lunes el procurador de justicia estatal, Homero Ramos.

El presidente Felipe Calderón dijo esta mañana que es deplorable la fuga de 129 reos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de la ciudad de Piedras Negras, en Coahuila.

 El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, llamó a las autoridades federales y estatales a reforzar la seguridad en los penales y reconoció que la fuga de reos del penal de Piedras Negras es una muestra de la grave situación en que se encuentra el sistema penitenciario del país.

Estas son declaraciones de las autoridades actuales, ahora citare algunas que ya tienen bastantes años y que se refieren al sistema penitenciario mexicano:

Prisciliano Sánchez (1825), al referirse a las cárceles, veía la necesidad de edificar cárceles seguras y sanas, 
que sirviera como correctivos del daño ocasionado, pero como higiene para la salud futura.

Mariano Otero (1842), tuvo entre muchos atributos una visión penitenciaria, siendo el primero de su época en citar la necesidad de un sistema carcelario, con libertad anticipada y conformar una asociación que protegiera al liberado.

Como reglamento carcelario de vanguardia, el penitenciarismo cita el promulgado por Ramón Corona, en 1887, al contemplar la organización interna, la selección del personal, el trabajo rehabilitador, el estudio del carácter de los internos, el funcionamiento de una junta de vigilancia, el mantenimiento a las instalaciones, la educación y preservación de la salud de los prisioneros, la identificación de los internos, la separación de procesados y sentenciados, de los hombres de las mujeres y la rehabilitación del interno por medio de la moral, la ley y el trabajo, con la posibilidad de suavizar las penas.

El auge del penitenciarismo en México se da a finales del porfiriato, que dan como resultado las Leyes de Ejecuciones de 1947 en Veracruz, las de Sonora, Zacatecas y la Ley Orgánica de la Penitenciaría Central del Estado de Jalisco, promulgada el 21 de marzo de 1954, que en conjunto con la Ley de Ejecuciones, sentaron las bases para reglamentar el penitenciarismo en nuestro País, de estos cuerpos de leyes se tomaron algunos principios para conformar las Reglas Mínimas de la ONU.

No obstante lo anterior la técnica penitenciaria no se encontraba en las cárceles Mexicanas, pero la delincuencia seguía con su evolución de tal suerte que hizo sentir su predominio en las cárceles, donde reinaba la ley del más fuerte, mediante el autogobierno, que se sostenía con el gansterismo evolutivo, el mando y el sistema eran la realidad brutal de los propios presos, pero jamás de la autoridad.

En 1971 el gobierno federal buscando un cambio del penitenciarismo empírico; auspicio la promulgación de las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, impulso la selección y capitación del personal existente, participo junto con los estados para la construcción de centros de tratamiento (CERESOS), formo el Instituto de Ciencias Penales, todo ello plausible desde el punto de vista teórico, pero con poca penetración práctica, esto es, un camino de buenas intenciones.
Durante el mandato del Presidente Miguel Alemán, los gobernadores le muestran su preocupación por las cárceles, a efecto de aumentar las posibilidades de readaptar a los delincuentes por medio del trabajo y la educación, como respuesta surge la convocatoria para el Congreso Nacional Penitenciario, celebrado en el Distrito Federal, del 26 de octubre al 1 de noviembre de a1952, en donde se tocaron como temas; la resocialización del delincuente, la arquitectura penitenciaria y la problemática de los reos liberados, como ponencias se presentaron el método de clasificación como resultado de los estudios practicados a su ingreso y la capacitación de los funcionarios

El 1 de octubre de 1964, el Presidente López Mateos envío a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma del Artículo 18 constitucional, debido al incumplimiento en muchos estados del propio artículo, ya sea por razones económicas o por indiferencia, pero si quedo claro la necesidad de tener de forma sistemática trabajo en los reclusorios; el 3 de noviembre de 1964, se aprobó el siguiente texto: Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizaran el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgaran sus penas en lugares separados, de los destinados a los hombres para tal efecto

Por fin la capacitación para el trabajo y la educación, medios indispensables para el tratamiento y la readaptación de los internos, son ordenamientos constitucionales.

Durante la gestión del presidente Díaz Ordaz, quien completa el proceso de reforma constitucional del Articulo 18, mismo que fue aprobado el 15 de diciembre de 1964 y publicado el 23 de febrero de 1965, mando realizar en toda la república un estudio para conocer el estado que guardaban las cárceles, el resultado; los presos estaban en edificios no apropiados y con sobrepoblación, en un solo edificio se albergaban procesados y sentenciados, hombres, mujeres y menores de edad, separados, también encontraron que no existían talleres y en las pocas cárceles que contaban con ellos, estos eran insuficientes para darle trabajo a los presos.

"La sociedad tiene 47 años olvidando a los presos, porque son nuestros 'engendros', nuestros hijos olvidados", dijo José Luis Musi, especialista en asuntos penitenciarios (4 de marzo 2012, CNN).

De los 230,943 reos que tiene el sistema penitenciario en todo el país, 47,816 son del fuero federal y 38% de éstos se encuentran en prisiones federales. El resto convive en centros de reclusión estatales, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), (4 de marzo 2012, CNN).

La fuga de al menos 132 reos del penal de Piedras Negras, Coahuila, en el norte de México, se agrega a una larga lista de escapes de prisión en lo que va del mandato del presidente Felipe Calderón, que comenzó en diciembre de 2006. La fuga de la cárcel de Piedras Negras es la segunda más grande del sexenio. La mayoría de los episodios de este tipo ha ocurrido en Tamaulipas, también en el norte del país.

El 16 de mayo de 2009, 53 reos se fugaron del penal de Cieneguillas, en Zacatecas, luego de que hombres armados ingresaran al penal, presuntamente en complicidad con las autoridades penitenciarias. Las cámaras de seguridad del penal captaron cuando los individuos ingresaron al Centro de Readaptación Social (Cereso), abrieron las celdas y huyeron, sin disparar un solo tiro.

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en el noreste del país, han ocurrido al menos cinco fugas masivas desde 2009 a la fecha. En octubre de 2009 se fugaron 17 reclusos, en abril de 2010 huyeron 13 presos, en julio del mismo año huyeron otros 12, en septiembre de 2010 se registró la fuga de 85 reos, y en mayo de 2011 se fugaron 17

También en el estado de Tamaulipas, en la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo, 59 reos escaparon en julio de 2011, tras una riña que causó siete reclusos muertos, según las autoridades estatales. Cinco custodios fueron reportados como desaparecidos. En esa misma ciudad, en diciembre de 2010 ocurrió la fuga más grande hasta ahora registrada, cuando 151 reos escaparon del penal local. Tras la fuga, el responsable estatal de los penales fue cesado por las autoridades de Tamaulipas.

En la ciudad de Matamoros, en el mismo estado, en marzo de 2010 se fugaron 41 presos, 38 de ellos acusados por delitos federales, y tres por delitos del fuero común. Los reos presuntamente salieron por la puerta principal del penal, ayudados por dos celadores. Las autoridades  estatales anunciaron el cese del director del penal tras el hecho.

En febrero de este año, al menos 30 reos afiliados a Los Zetasescaparon del penal de Apodaca, en Nuevo León, luego de masacrar a más de 40 rivales del cártel del Golfo, según autoridades estatales, que creen que autoridades penitenciarias ayudaron en la fuga. Los directivos del penal y 18 celadores que estaban en funciones al momento de la fuga fueron detenidos tras el hecho (Notas de CNN).

Estas cifras y otros lamentables hechos pudieron evitarse si la autoridad responsable hubiese tenido la sensibilidad de ver a los CERESOS, como una oportunidad de iniciar una de las vertientes de la prevención del delito, esto es que las prisiones fuesen establecimientos que cumplirán a cabalidad con el fin que fueron creados, desarrollando en ellos las medidas que son del elemental conocimiento de un penitenciarista, cito algunas como ejemplo:

Iniciemos con la aplicación literal de los fines de la pena; debe obrar en el delincuente, creando en él, por el sufrimiento, motivos que le aparten del delito en lo porvenir y reformarlo para readaptarse a la vida social. Tratándose de inadaptables, la pena tiene como finalidad la eliminación del sujeto (cadena perpetua en establecimientos de alta seguridad, sin derecho a ningún beneficio)
Indudablemente él último fin de la pena es la salvaguarda de la sociedad. Para conseguirlo, debe ser Intimatoria, para evitar la delincuencia por el temor de su aplicación, Ejemplar, al servir de ejemplo a todos, y no solo al delincuente, para que todos adviertan la efectividad de la amenaza Estatal. Correctiva, al producir en el penado la readaptación a la vida normal, mediante los tratamientos curativos y educacionales adecuados, para impedir la reincidencia. Eliminatoria, ya sea temporal o definitiva según el condenado pueda readaptarse a la vida social o se trate de sujetos incorregibles. Justa, pues la injusticia acarreara males mayores a todos los miembros de la colectividad.

LA SEGURIDAD INTERNA DE FUGAS Y MOTINES

Las fugas no serian posible sin el auxilio interno o externo, y en ocasiones de ambos, debemos señalar que el éxito de una prisión se mide por su grado de seguridad, el número de evasiones y motines que registra.
Sobre las medidas de seguridad del establecimiento es fácil deducir que dentro de las áreas de población los custodios no portan arma de fuego alguna, para evitar que se las quiten y sirvan de rehenes.
Uno de los lugares preferidos para pelearse o aplicar el cobijazo a la víctima son los baños de los dormitorios.
A continuación señalaremos las formas mas comunes para lograr las evasiones:

 a) escalamiento de murallas,
b) construyendo túneles,
c) vías naturales de acceso a las instalaciones (aduanas),
d) durante el traslado a los juzgados o diligencias, e) a través de la “reja de prácticas” de los juzgados.

Jamás debemos de olvidar que la “evasión es una permanente aspiración del preso, por lo que debemos de coincidir nuevamente en el pensamiento de SÁNCHEZ GALINDO, quien manifiesta:
“Es aspiración constante, reiterada e incansable de todo interno, y es natural que así suceda, el desear la Libertad.

Aquí se presentan dos posibilidades, una durante el proceso y otra durante el tiempo de sentencia. Con frecuencia la inquietud es mayor durante el proceso que en la sentencia, porque es más duro el planteamiento psicológico que produce la incertidumbre del proceso que la cruda realidad que ofrece la sentencia.

A quienes mayormente les motiva la idea de fugarse es a los delincuentes que tienen escasas posibilidades de obtener su libertad, por sus elevadas sentencias, quienes las organizan cuentan con tres condiciones favorables:

a) la extendida corrupción entre custodios y directivos,
b) abundantes recursos económicos destinados a tales fines,
c) una organización externa que apoya.

Podemos deducir que los puntos más débiles de la seguridad carcelaria son dos: las aduanas y las murallas en los Reclusorio. El primero a causa de la corrupción del personal que labora en las cárceles, y el segundo por la escasa (a veces nula) vigilancia. Otro punto vulnerable son las diligencias a juzgados o a otros penales.

Con todo lo anterior en lo personal puedo concluir que desde el siglo XIX, no existe autoridad de ningún nivel de gobierno que considere el sistema penitenciario como una prioridad en los sistemas de seguridad que implementan, en consecuencia todo el dinero que se invierte en estos establecimientos no rinden frutos satisfactorios a la sociedad quien es la que solventa el sostenimiento de ellos, la gran pregunta es:

 ¿A la autoridad responsable le falta capacidad, voluntad o está inmersa en la impunidad que rige actualmente este sistema?

lunes, 17 de septiembre de 2012

Quintana Roo, a un paso de quedarse sin policías


De no alcanzar la certificación de sus policías en enero de 2013, fecha en que la finaliza el plazo previsto por la ley para evaluar al 100 % a todas las corporaciones policiacas de México, Quintana Roo y sus 10 municipios se convertirían en el primer Estado del país que tendrían que separar de sus cargos al 98 % de los policías.
De enero de 2010 al 31 de julio de 2012, las autoridades estatales y municipales de Quintana Roo han evaluado al 10.13 % de sus mandos y al 2.76% de los policías operativos, que ubican a ese Estado en el último lugar nacional en materia de certificación policiaca.
“Lo que está estipulado en la ley es que todo aquel policía o mando que no este certificado antes del plazo previsto (enero de 2013), no podrá continuar en la institución de seguridad pública a la que pertenece”, informó Luz del Carmen Díaz, titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Entrevistada por Animal Político, Díaz explicó que aun cuando la ley es muy clara sobre los tiempos establecidos para lograr la certificación de las corporaciones, en el caso de Quintana Roo se deberá hacer una revisión con los legisladores para ver cuál será el procedimiento qué se deberá seguir, porque es evidente que no podrán cumplir con la meta de evaluar al 100% a sus policías y mandos.
“En Quintana Roo tenemos que sumar esfuerzos, porque el Estado y sus municipios no se pueden quedar sin fuerza policial”, dijo Díaz.
Explicó que el rezago en la evaluación de policías estatales y municipales se viene arrastrando desde el gobierno de Félix González, cuya administración argumentaba que no había suficientes recursos para avanzar y que tenían otras prioridades en materia de seguridad.
Una revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) que el gobierno federal le entregó a Quintana Roo en 2010, en lo que fue el penúltimo año de la gestión de González, arrojó que las autoridades estatales no utilizaron adecuadamente el recurso y detectaron una serie irregularidades relacionadas, entre otras cosas, con la evaluación de  policías estatales y municipales.
Los auditores concluyeron que aún cuando  en 2009 y 2010 los recursos asignados para la creación y operación del Centro Estatal de Control de Confianza (organismo encargado de la certificación de los policías) oscilaron en los  5.2 y 4.4 millones de pesos respectivamente, el organismo  se encontraba en la etapa inicial del proceso de certificación y acreditación, por lo que estaba trabajando parcialmente y sin poder emitir certificados.
Además, revelaron que al momento de hacerse la auditoría el Centro operaba con 5 personas que se encontraban en “proceso de capacitación”, pese a que la plantilla autorizada era de 41 personas. A julio de 2012, contaba con 2 poligrafistas, 6 psicólogos, 2 investigadores y 1 director, por lo que aún faltaba por integrarse 30 empleados.
La demora que presenta Quintana Roo en la certificación de sus policías, provocó que el martes 28 de agosto, en el marco del “Foro Nacional: Sumemos causas, ciudadanos más policías”, el presidente Felipe Calderón reclamara a las autoridades estatales el  retraso. “Hay estados que van muy bien, ya avanzando más de la mitad de sus exámenes de control de confianza. Hay estados que no han terminado de establecer su Centro de Control de Confianza, como, desgraciadamente, es el caso de Quintana Roo. Y no están evaluando a sus policías”.
El miércoles 29 de agosto, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, respondió a los señalamientos de Calderón al declarar ante medios locales que era un error que ubicaran a su estado en el último lugar en materia de certificación policiaca, pues habían practicado exámenes toxicológicos al 40% de sus policías.
“Puede ser que hayan aplicado esa cantidad de exámenes que dicen, pero los antidoping solitos, al menos que salgan positivos, no nos sirve para determinar el nivel de confiabilidad de un policía o mando”,  comentó Luz del Carmen Díaz.
Expuso que si bien es cierto que con las pruebas antidoping se puede avanzar más que con otras fases del proceso de certificación, los centros no pueden emitir resultados sino se da una evaluación integral, como es la de practicar exámenes psicológicos, de entorno social, de consumo de drogas y de polígrafo.
“El gobernador efectivamente nos podrá informar que ya aplicaron el 40% de exámenes toxicológicos, pero tiene que completar los 4 exámenes. Hasta que no completen el resto de las fases no podemos reportar una evaluación integral”, concluyó Díaz
De Animal Político 

martes, 4 de septiembre de 2012

Desapariciones forzadas: No hay delito que perseguir


De Animal Político ;
La legislación nacional para sancionar con cárcel a  los servidores públicos que cometen el delito de desapariciones forzadas  es una simulación. El Informe  de Naciones Unidas publicado este año, señala que en el país existen sólo 2 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada, mientras la cifra de desaparecidos en el sexenio de Calderón  se calcula en más de 30,000 personas.
En la gran mayoría de los Estados de la República ni siquiera  existe éste  delito en sus  Códigos Penales y en donde si existe están redactados de forma mañosa para que el   ministerio público  no pueda acreditar su comisión  y  concluya que “no hay delito que perseguir”.
Para poder acreditar la comisión de un delito, es necesario que  la conducta delictiva coincida exactamente con lo establecido en el tipo penal. Por poner un ejemplo: El Código  Penal del Distrito Federal dice que “comete el delito de desaparición forzada el servidor público  que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas…” así que sí  un servidor público  detiene a la persona y otro la mantiene oculta, pues ninguno de los dos comete el delito de desaparición forzada, porque no encajan exactamente con la definición del Código. La perfecta impunidad.
El Estado Mexicano  no se hace responsable de los delitos que comete, parece que los minimiza y se protege. Otro ejemplo: el secuestro es  considerado más grave que la desaparición forzada en el que la responsabilidad recae directamente en un servidor público que hace uso de esa calidad para  cometer el delito a diferencia del secuestro que es cometido por particulares.
Las desapariciones forzadas son  típicas  de los Estados autoritarios y nosotros nos estamos acercando mucho. No sólo se tolera la impunidad sino que  se provoca por medio de  un marco jurídico que resulta ineficaz para castigar el delito, los responsables saben que no pisarán la cárcel.
En su informe, Naciones Unidas  hace un llamado de atención al gobierno al señalar que “parecería que el Estado  Mexicano no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas”  pero la observación del Organismo Internacional no ha tenido repercusiones. Los legisladores locales y federales no han modificado su Códigos para garantizar la protección a las víctimas y el acceso a la justicia.
Rosario Ibarra dice que para luchar contra el Estado las madres de los desaparecidos “aprenden a aguantarse la ira y a disciplinar el llanto porque el camino es largo”.  Y sí…
Paola Zavala Saeb (@paolasaeb), es abogada, especialista en derechos humanos. Ha publicado anteriormente artículos de opinión para El Universal y Nexos en línea. Ha hecho trabajos de consultoría e investigación para la ONU- DH, GDF, CIDE, SCJN, TEPJF y el INMUJERES. Actualmente es asesora legislativa.