El populismo de la venganza

De Jesús Silva - Herzog Márquez


El celo institucional del PAN lo convirtió durante varias décadas en una barrera contra la tentación populista. Combatiendo al partido hegemónico o rechazando la retórica lopezobradorista, el partido de la derecha mexicana solía defender el método democrático, entendido como el riel de leyes y procedimientos que permite encauzar civilizadamente las diferencias. Desde luego, el populismo también visitó al PAN con figuras como la de Clouthier o la de Fox, pero el núcleo de su identidad estaba en un compromiso con la ley que lo separaba de sus adversarios. Felipe Calderón fue uno de los críticos más impetuosos de la propensión populista en la izquierda pero ahora, como presidente, abraza el populismo de la venganza.

Desde el gobierno y su partido se expone el abecé de esa retórica. Doctrina que desprecia la ley para cabalgar en las emociones primitivas. Disyuntiva pedestre entre las reglas y la justicia auténtica, al servicio de la plaza. El populista, como vehículo del resentimiento, contrasta las formas legales con los fines de la justicia. El presidente de México desarrolló en Veracruz este argumento de indudable estirpe populista. “Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a su propio derecho. Cumplir la ley, desde luego, sí. Pero, también, y, sobre todo, hacer justicia.” El presidente elogia la ley para desdeñarla inmediatamente: cumplir la ley, pero… Lo notable aquí es la defensa de una filosofía punitiva esencialmente antiliberal. El presidente contrasta la Justicia (que entiende como castigo), con las exigencias de la ley (que censura como traba). Evoca, por lo tanto, una idea de justicia que puede ir en contra de la vacuidad formal del derecho. Para Calderón, cumplir puntualmente con la ley no es el camino que los mortales tenemos para acceder a la justicia. No: para el presidente de México, cumplir la ley no es lo importante, lo que verdaderamente importa es hacer justicia: castigar.

Si se quiere hacer justicia hay que pensar en los fines del derecho, no en sus procedimientos. A las formas, el populista los tacha como “rendijas.” Grietas, resquicios, ranuras por los que la injusticia se impone en complicidad con abogados y jueces, esa mafia que nos arrebata el castigo debido. El populista no es parco en la comunicación emocional: su demagogia se embelesa en las estampas del sufrimiento: viudas, huérfanos dolidos que esperan castigo. Eso piden, en efecto, y es natural. Como víctimas quieren castigo y no les preocupa mucho la ley. Pero, en lugar de que el representante máximo del poder público defienda sin ambages la legalidad, el presidente se entrega a la demanda de la venganza. No recuerdo embate más franco contra los rigores de la legalidad que éste que le propina, desde la presidencia, el orgulloso egresado de la Escuela de la Libre de Derecho. Para alcanzar los fines de la ley, conviene en ocasiones ahorrarse los procedimientos de la ley. Esa es la justicia que invoca el presidente, una justicia que castigue sin tropezarse con grietas procedimentales.

Javier Lozano, uno de los voceros panistas, tomó nota de la lección presidencial para extraer sus consecuencias obvias. En una entrevista, el nuevo militante del PAN insistió en trivializar los rigores del procedimiento. En un momento llegó a decir que no tenía la menor duda de que “van primero las víctimas que los derechos de los delincuentes.” Ese es el nuevo lenguaje del PAN. La frase del expriista parece extraída de aquella propaganda de Arturo Montiel que negaba derechos a los delincuentes, llamándolos ratas. La mecánica es idéntica: se lanza a un acusado la condena de ser criminal, se convoca el odio popular y se activan los reflejos del resentimiento para repeler la idea misma de sus derechos. El acusado es criminal porque la televisión o el político ya lo han sentenciado. Que se le castigue y que se calle. Por eso a Lozano le sorprende que haya quien alce la voz por quien él ya considera criminal. Esa es el pedestre debate en que pretenden embarcarnos los populistas de izquierda y de derecha: la Justicia o la Democracia contra los procedimientos y las instituciones. Al diablo con las rendijas dicen con idéntico tono.

El populismo vengador de Calderón es una tragedia cultural para el PAN que dejará heridas muy profundas en ese partido. Para fortuna de la vida institucional del país, el poder judicial puso en su sitio esa retórica del castigo sin estorbos. Los jueces que analizaron el caso de Florence Cassez no pescaron el anzuelo de los derechos de la víctimas que van por encima de los derechos de los criminales. Ponderaron argumentos e interpretaron leyes sin aludir a ese victimismo populista. Y en voz del presidente de la Corte, el poder judicial demolió esa siniestra filosofía. No hay justicia fuera de los procedimientos. La defensa de la legalidad del ministro Silva Meza no preludia el pero de los populistas de cualquier ala. Sin formas no hay legalidad y sin legalidad no hay justicia

De parquímetros y delincuentes

De Alejandro Hope;

En Polanco, encontrar un cajón libre de estacionamiento en la calle era tan probable como sacarse la lotería. Las calles estaban invadidas desde la madrugada y los pocos espacios sobrantes estaban apartados con cubetas, colocadas por franeleros que cobraban por el uso de un bien público.

Y de pronto, todo cambió: en las calles más conflictivas de la colonia, empezaron a multiplicarse los lugares vacíos ¿Qué produjo tan prodigioso cambio? ¿Creció el número de lugares? Por supuesto que no ¿Los residentes y empleados de la zona tuvieron una transformación que los llevo a privilegiar, en nombre del medio ambiente, las piernas sobre el coche? Difícilmente.

La respuesta es muy sencilla: las autoridades pusieron parquímetros ¿Y por qué los parquímetros modificaron radicalmente el comportamiento de la gente? ¿Porque ahora se cobra el uso de la calle? No: los franeleros ya lo hacían ¿Será porque la falta de pago genera una sanción? No, ya había sanciones: los viene-viene podían rayar el coche o ponchar las llantas.

Lo que cambió es sutil pero crucial. En primer lugar, los parquímetros cobran el espacio en el margen: cada 15 minutos adicionales generan un cobro de dos pesos. Los conductores se vuelven conscientes del tiempo de uso de la calle y, en consecuencia, lo racionan. Con los franeleros, daba lo mismo quedarse una hora que diez: eran los mismos 40 pesos. El incentivo era a quedarse tantas horas como fuera necesario.

En segundo lugar, la sanción adquirió certeza. Era incierto si los franeleros iban a dañar el coche y es probable que en la mayoría de los casos no lo hicieran (esperando que el dueño  les pagara a su regreso). Los conductores se la jugaban. Con los parquímetros, en cambio, existe una posibilidad elevadísima de que el conductor, si no paga, encuentre su coche con inmovilizador. La sanción es más leve, pero difícilmente se puede eludir.

Los parquímetros arrojan una lección: los mexicanos no somos marcianos. Respondemos a incentivos, siempre y cuando esos incentivos estén diseñados correctamente. Y eso vale igual para conductores que para delincuentes.

El problema es que no hemos diseñado incentivos correctos para los criminales. Primero que nada, no les cobramos en el margen: su riesgo de ser capturados (por la autoridad o por sus rivales) no cambia mayormente si matan a una persona o a veinte.  Da igual si sólo asesinan a un ser humano que si lo descabezan, desmiembran y cuelgan de un puente. No tienen incentivo a racionar la violencia.

Segundo, la sanción es incierta. Por motivos diversos, un caso puede adquirir relevancia suficiente para detonar una respuesta extraordinaria de la autoridad que conduzca a la captura de todos los responsables  (v.gr., el Casino Royale). Pero los delincuentes no saben, ex ante, en que casos va a haber una reacción de ese tipo. De cualquier forma, lo más probable es que no suceda. Los delincuentes, por tanto, se la juegan.

Para modificar ese comportamiento, se requiere una alineación distinta de incentivos: un parquímetro para delincuentes  ¿Cómo funcionaría? Explicitando una raya: por ejemplo, el gobierno podría informar a las bandas criminales (por medios públicos o por vías discretas) que todos los casos con ocho y más víctimas serán atendidos con recursos extraordinarios.

Si la advertencia se comunica adecuadamente, los criminales empezarían a detenerse en siete víctimas: a partir de ese punto, se podrían incorporar otro tipo de incidentes hasta regresar a un equilibrio de baja violencia.

Por supuesto, hay muchos detalles por resolver en esa propuesta y hay muchas modalidades alternativas que se podrían elegir (ya he discutido varias en el pasado). Pero lo que cuenta es el principio básico: cuando demos certeza del costo marginal de  la violencia, se van a dejar de apilar los cadáveres. Los parquímetros vaciaron los lugares de estacionamiento. La disuasión focalizada puede vaciar los ataúdes.

Dejan delitos 3.2 millones de víctimas

Los delitos graves del fuero común que se cometieron en las 32 entidades del País entre enero de 1997 y mayo de este año, dejaron una estela de 3.2 millones de víctimas directas o "visibles" y 9.7 millones de víctimas "invisibles", estimó México Evalúa.

La organización que encabeza Edna Jaime define a las víctimas visibles como aquellas que generalmente están consideradas en los registros oficiales y la política pública; mientras que las invisibles son las que sufren los efectos del crimen, pero que no se reportan y mucho menos se miden.

De acuerdo con el diagnóstico, las entidades con más víctimas de este tipo este año son Durango, Chihuahua, Morelos, Baja California, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero, Aguascalientes, Michoacán, San Luis Potosí, Nuevo León, Distrito Federal y Quintana Roo.

En contraste, aquellas con menor número de víctimas son Campeche, Tlaxcala, Yucatán, Oaxaca, Veracruz, Sonora, Puebla, Querétaro, Estado de México, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas y Guanajuato.

El "Índice" que, sobre la materia, elaboró la ONG destaca que de las 12.9 millones de víctimas totales en el periodo, el 91.9 por ciento padeció directa o indirectamente robos con violencia; el 6.5 por ciento homicidios; el 1.3 por ciento extorsiones; y apenas el .3 por ciento secuestro.

"El número de víctimas invisibles de primer grado, es decir, las personas que comparten el hogar con la víctima visible se estimó a partir del número promedio de personas que habitan los hogares mexicanos según cifras de los Censos de Población y Vivienda.

"México Evalúa tiene presente que los datos utilizados en la construcción del Índice y de los indicadores no son los ideales, sin embargo, estas cifras oficiales son las que más nos acercan a conocer la realidad delictiva. Las autoridades no han puesto mucha atención en el dimensionamiento de las afectaciones a las personas", concluye.

Sólo en el rubro de "invisibles", consideró que en los últimos 14 años -que comprenden los últimos cuatro años de Ernesto Zedillo, todo el sexenio de Vicente Fox y los primeros cuatro años y medio de Felipe Calderón, hubo 8.9 millones de víctimas de robo con violencia; 639 mil 610 de asesinato; 30 mil 728 de plagio; 126 mil 769 de extorsión.



HUÉRFANOS POR LA VIOLENCIA

261 mil homicidios

9 de cada 10 víctima fueron hombres

90 mil mujeres enviudaron

180 mil menores quedaron sin padre

Cassez y García Luna

De Noé Garcia Gomez, del Heraldo de Aguascalientes.

La decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de solicitar la elaboración de un nuevo proyecto de resolución, respecto al caso de la francesa Florence Cassez generó polarizadas opiniones.
El pasado miércoles, tres de los cinco ministros se manifestaron en contra de la liberación de Cassez, como lo sugería el proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar, aunque cuatro reconocieron la existencia de violaciones constitucionales en el proceso penal que llevó a la sentencia de 60 años de prisión para Cassez, donde el punto principal de dichas violaciones fue la puesta en escena de la presunta captura en “vivo”, para las cámaras de televisión, por parte del entonces jefe de la AFI y hoy secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.
Desde mi opinión es en la Constitución donde convergen garantías y  derechos, y es la Suprema Corte el máximo órgano encargado del control y sustentar que se cumpla nuestra aspiración de vivir en un verdadero Estado democrático de Derecho.

Los juristas dicen que la Constitución es clara sobre el principio de presunción de inocencia y de debido proceso, es por ello que quienes creen que el derecho de las víctimas está por encima de todas las cosas se engañan, pues estaríamos ante el peligro de que se substituyan unas víctimas por otras con tal de aparecer los ministerios públicos y las diversas  corporaciones policiacas como eficientes.
No se nos debe escapar que muchas de las víctimas de un delito son individuos inocentes convertidos en supuestos delincuentes y en verdad son victimas a causa de un proceso penal viciado de origen -para ejemplo la película “Presunto Culpable”- y entonces todos somos potenciales víctimas de un sistema de procuración y de impartición de justicia mediático, donde ante la prisa de presentar ante las cámaras, micrófonos y opinión pública al “culpable” se entra a una especie de ruleta rusa, donde la pistola es la condena.
En el caso de la francesa Florence Cassez me parece irresponsable y simplón pedir la inmediata liberación de alguien quien ya ha sido sometida a tres procesos, solo por dar una estocada política al gobierno federal en época electoral y mas porque las organizaciones de víctimas no están en contra de los derechos de Cassez, sino que proponen se eliminen las pruebas que hayan sido obtenidas mediante violaciones, pero que no se le libere inmediatamente.
Lo que tenemos que exigir es que se castigue a todo el que violó la ley, y según cuatro ministros de la corte Genaro García Luna secretario de Seguridad Pública violó los derechos fundamentales de una persona, entre otras cosas por ordenar escenificar una captura.
Si esto pasara desapercibido para el presidente de la república, las autoridades y la sociedad estaríamos frente a que el poder y la voluntad de un solo hombre puede arrebatar los derechos constitucionales de cualquiera, ¿cuántos casos más habrá escenificado García Luna o cualquier autoridad policial y ministerial ya sea federal o local?, ¿a cuántas personas más habrán quitado o habrán de quitar sus derechos ya sean culpables o no?
Por más discursos bravucones de Calderón pareciera que en México se alimenta desde el gobierno la impunidad y es momento para que demuestre lo contrario.
Si es culpable Florence Cassez que se quede en la cárcel, pero también que García Luna sea juzgado y sentenciado según la ley.

Tres estilos

De Jesús Silva - Herzog Márquez


Estamos viviendo la campaña más aburrida en las historia de las elecciones competidas en México. Se pueden encontrar simpatizantes de cualquier partido pero no entusiastas. Habrá muchos preocupados pero pocos con pánico. Las elecciones del 2000 fueron elecciones de régimen: votar para simbolizar el cambio democrático. Las elecciones del 2006 fueron elecciones ideológicas: votar para impulsar un giro a la izquierda—o para impedirlo. Ahora no hay nada de eso: voto sin épica, sin ilusión y sin espanto. Tenemos, sin embargo, la opción de elegir entre tres estilos, tres formas de entender el liderazgo, tres diagnósticos del problema medular de la política mexicana, tres enfoques para encararlos.

Si hablamos de un hombre que lamenta el abandono de los valores tradicionales, que cree que el apego a una doctrina es la base de una vida plena y feliz, que ve al mundo premoderno como una reserva ética frente al perverso reino del individualismo y que condena los “placeres momentáneos”; un hombre convencido de que, por encima de las leyes, debe imperar un “código moral” pensaríamos de inmediato que se trata de un político de derecha. Un conservador que no tiene problemas para pedir, para la política, un baño espiritual. Se trata, desde luego del candidato de la izquierda mexicana que, en combate contra su imagen pública, abraza el discurso del amor. El tono es nuevo pero el estilo es fiel a sí mismo. Andrés Manuel López Obrador predica como lo ha hecho siempre. Está convencido de que el problema de México es esencialmente un problema ético y que los complejos problemas del país no lo son. Bastan los valores. La reforma fiscal que necesitamos es honestidad. La reforma al sector energético que necesitamos es honestidad. La política de seguridad que le urge al país es que el bien suprima al mal. En el diagnóstico del país hay un desprecio explícito a la aproximación técnica a los problemas de México. Quizá la apelación a ese instrumento, fría herramienta moderna, es parte de nuestra crisis moral. Lo que el país necesita es un guía moral en la presidencia de la república: un predicador.

Josefina Vázquez Mota se deleita en la vaguedad. Su retórica no es la de una predicadora sino la de una oradora motivacional: sonrisas para el optimismo y el pensamiento positivo, buenas intenciones vendidas como si fueran un proyecto. La candidata del PAN no concreta una idea ni una propuesta porque cree que lo que le hace falta al país es un constructor de consensos. Ella quiere presentarse como la negociadora que México necesita. De acuerdo a su diagnóstico, el gran problema del país es la incapacidad de llegar a acuerdos. Consenso es la palabra central en su discurso. Su mejor credencial no es lo que piensa o lo que propone sino la gente a la que ha invitado para colaborar con ella. A diferencia del presidente Calderón, a Vázquez Mota no le intimida el talento de otros y bien puede invitar a colaborar con ella a quien sabe, no a quien es su amigo.  En el proceso panista se vio con claridad su indisposición al debate. Sus contrincantes la cuestionaban seriamente, a veces con severidad, y ella seguía aferrada al libreto de su sonrisa. Su renuencia a discutir es reveladora. Es una profesional de las evasivas por razón doble. En primer lugar, no parece tener ideas que defender; en segundo lugar, si alguna idea tuviera, no querría aferrarse a ella y bloquear después una negociación. No es polemista como Calderón, ni pendenciera como Fox: quiere tejer consensos. Josefina Vázquez Mota cree en la política como un bordado de acuerdos. Así se promueve: una tejedora.

El candidato del PRI no propone negociaciones sino eficacia. Cree que la efectividad está reñida con las transacciones y por ello busca la restauración del antiguo presidencialismo. Pretende cambiar las reglas constitucionales para dotar al presidente de una mayoría que le permita gobernar. No le interesa formar un Congreso profesional que responda a sus electores sino continuar con una legislatura dependiente de las jerarquías partidistas. Su idea de la reforma política es clara: ganar capacidad presidencial a costa de la diversidad. Limitar el pluralismo, ese obstáculo dañino, para darle al Ejecutivo la palanca del mando pleno. Nadie podrá decir que Peña Nieto es un hombre de ideas, pero tampoco puede negarse que ha suscrito un proyecto político detallado y coherente. Ahí está la clave de su estilo: ha adoptado un programa y quiere realizarlo. No es un predicador moral ni un tejedor de acuerdos: es un chofer que piensa llevarnos hasta el domicilio que le han notificado como deseable. No quiere que lo distraigamos, no busca negociar con nosotros la ruta que va a tomar ni los atajos que le recomiendan sus asesores. Nos pide confianza y sugiere que nos echemos una siesta mientras él maneja el coche. Es un chofer que cree que la sociedad mexicana va en el asiento trasero.

Esos son los estilos en campaña: un predicador, una tejedora, un chofer.

La política en objetos

De Jesús Silva - Herzog Márquez


 Hace unos años el Museo Británico seleccionó piezas de su colección para contar la historia del mundo o, más bien, una historia del mundo. El proyecto buscaba describir culturas y civilizaciones a través de cien objetos. Piezas de arte, armas, utensilios, telas, monedas, estatuas, juguetes, muebles. Un relato de recorría dos millones de años en las cosas que ha inventado el hombre para pelearse, para adorar a sus dioses, para ubicarse en el espacio, para comunicarse, para intentar derrotar a la muerte. La colección del Museo Británico mostraba que los objetos condensaban siglos, materializan ideas, le dan forma al temor o la esperanza.

El MODO, el museo del objeto (del objeto), ha tratado precisamente de mostrarnos las historias que encierran las cosas. Ahora presenta una exhibición interesante sobre la propaganda política del siglo XX en México. Aretes para promover la candidatura de Madero, botellas de refresco con la imagen de Ernesto Zedillo, abanicos con el logotipo del PRI, botones de todos los colores, cerillos donde se afirma “Usted decide: comunismo o cristianismo”, costales, paquetes de semillas, gorros, camisetas, plumas y lápices, boletos de camión cortesía del candidato, placas de coche con el nombre de Luis Echeverría.

La colección es un resumen veloz del siglo XX, un vistazo a la política mexicana a través del diseño. Resulta interesante ver la profusión de chácharas en los tiempos de la hegemonía priista. ¿Por qué tal necesidad del recuerdito? ¿Para qué tanto empeño en regalar cosas con el lema del candidato cuando el puesto no estaba realmente en disputa? Los objetos nos recuerdan que las elecciones en el México anterior a la competencia no eran los eventos que decidían quién gobernaría pero eran, sin embargo, momentos políticamente importantes. Rituales de la legitimación que servían al PRI para reiterar sus credenciales históricas y alimentar una idea de futuro. En muchos de los objetos que se muestran en la exposición se percibe una tarea pedagógica. En la campaña no se ofrece un proyecto para contrastarlo con otro en busca del voto. Más que una campaña electoral parecen a veces campañas educativas. La campaña socializa un mensaje político y reitera el cuento de la historia oficial. El candidato priista más que definirse ideológicamente, insiste en presentarse como heredero: la historia continúa de la mano del tapado. En un cartel de la campaña de 1976, significativamente, una campaña sin adversarios para el PRI, el candidato López Portillo muestra a los grandes estadistas de la historia universal. La propaganda política como escuela de civismo; el candidato como profesor de teoría del Estado.

Los objetos de la exposición son curiosos pero su diseño suele ser torpe, carente de creatividad de imaginación. Los logotipos apenas crean una identidad. Supongo que no hay espacio para filosofías complejas en la grafía de una corcholata, una camiseta o un sombrero. Pero en esos objetos útiles, en esas cosas que empleamos a diario y que los políticjos nos obsequian (aunque nosotros pagamos) podría haberse reflejado una idea, un estilo, una voluntad de comunicación, un gesto imaginativo. No se encuentra ahí en la imagen gráfica de los partidos y los candidatos, en los lemas acuñados, en el diseño de los objetos. De hecho, la mayor parte de las cosas adquieren naturaleza propagandística por un barniz. La exposición retrata bien que la imaginación, la creatividad han estado ausente de la política mexicana durante demasiado tiempo.

El castigo y la civilización

De Jesús Silva-Herzog Márquez

Los gobernantes no eligen sus crisis. No suelen tener la libertad para definir sus problemas, para optar de entre una baraja de dificultades, la que mejor se acomoda a sus aptitudes o sus proyectos. Su margen está en la estrategia para encarar la emergencia involuntaria que les estalla en las manos. Su juicio reside en la manera de encarar la urgencia. Detrás de cada apuro hay un engaño y una oportunidad. El engaño es creer que la crisis es lo visible y que el éxito es el aplauso; la oportunidad es advertir sus causas subterráneas y aprovechar la conmoción para resolver los problemas más añejos.

Es difícil hablar de la crisis de seguridad como una oportunidad histórica, pero lo es. No hay forma de exagerar el costo de esta ola de sangre: el dolor que ha provocado en todo el país, los costos humanos y económicos, el peligro político, las secuelas familiares de tanta muerte. Pero, en efecto, la crisis exhibe con extraordinario dramatismo, una ausencia secular, una carencia antigua y gravosa: un orden estatal capaz de garantizar paz y, al mismo tiempo, seguir sus reglas. Ese es el núcleo del argumento del ministro Zaldívar al tratar el caso de Florence Cassez: el deber del Estado de castigar a los delincuentes sólo puede justificarse cuando el poder público respeta cabalmente los derechos humanos. La gravedad de los delitos, la perversidad de los criminales no exime a los representantes del Estado de cuidar escrupulosamente las formas legales, esos rigores a los que Benjamin Constant no dudó en considerar sagrados pues de ellos dependía la convivencia. Divinidades tutelares, las llamaba, porque sin su protección, nos avasallaría la arbitrariedad.

El proyecto del ministro Zaldivar puede leerse como el argumento jurídico que, al demostrar las graves irregularidades en un proceso penal, pide la liberación inmediata de una acusada. La actuación de un juez que pondera de modo distinto las mismas reglas y los mismos argumentos. Las gravísimas irregularidades del caso han sido exhibidas en trabajos periodísticos como el de Guillermo Osorno o Héctor de Mauleón, pero no habían encontrado el tratamiento legal que merecen. Los enredos del caso impiden conocer la verdad. Lo que sí puede documentarse fuera de toda duda es el abuso: la actuación de un poder dedicado a cautivar a la opinión pública antes que a probar su acusación ante los jueces. Como bien demuestra el estudio del ministro de la Suprema Corte de Justicia, la policía federal escenificó una captura para las cámaras. Pero el teatro no fue un entretenimiento inocente: la “escenificación fuera de la realidad” pervirtió irreversiblemente el proceso. No solamente se vulneró el principio de presunción de inocencia sino que tuvo un “efecto corruptor” en el juicio, viciando toda la evidencia incriminatoria.

Que el caso haya sido un proceso tan mediático es parte de su perversión. Desde el inicio, la televisión y la prensa fueron protagonistas—no testigos--del proceso. Pero la relevancia del caso trasciende el revuelo periodístico y diplomático que ha generado. El caso es emblemático. En el proyecto que este miércoles discutirá la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia se lee un argumento que no puede trivializarse como pretenden los críticos del ministro Zaldivar. La crisis de seguridad puede llevarnos a creer en los atajos de la ilegalidad, en las ventajas de una arbitrariedad justiciera. El miedo puede hacernos pensar que los procedimientos y las formas son legalismos de los que se sirven los delincuentes para escapar de la justicia con la ayuda de un abogado. Como sostiene el proyecto a discusión, el proceso penal con todos sus rigores es el único medio civilizado para perseguir y reprimir a los delincuentes.

El proyecto se cuida de no cuestionar a los medios de comunicación que difundieron el montaje de la Policía Federal y aceptaron acríticamente la versión gubernamental. El proyecto no quiere aparecer como censor e insiste que fueron representantes del Estado quienes cometieron los excesos. Sin embargo, del proyecto se desprende que el abuso encuentra complicidad en la glotonería de los medios, dispuestos a condenar velozmente. El proyecto asigna tarea al gobierno y también a la prensa.

Podría pensarse que la crisis que vivimos no es buen momento para preocuparse en los derechos. Se dirá que no estamos para cuidar a los malos y que, frente a tanta inseguridad, no se puede ser tan escrupuloso. Creo en lo contrario. Precisamente hoy que padecemos la violencia, la crueldad, la barbarie de los criminales, debemos afirmar los derechos de todos y los deberes del Estado. Lo único peor a la violencia que padecemos sería que, a la violencia de los delincuentes, sumemos la venganza arbitraria del poder público. La crisis de seguridad nos reta: podemos continuar la herencia de ilegalidad o inaugurar la vía de la ley para perseguir el delito.

Candidaturas Independientes

Del Maestro Javier Hurtado;

Dice el ahora diputado independiente Manuel Clouthier Carrillo que le apuesta a los consejeros del IFE a que el organismo electoral deberá otorgarle registro como candidato independiente a Presidente de la República.  Argumenta que lo establecido en la ley,  (artículo 218 del COFIPE) donde se consigna el derecho exclusivo de los partidos políticos de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular,  no puede estar por encima de la Constitución (artículo 35 fracción II). A su vez, los consejeros electorales que le han respondido aducen que como no están reglamentadas  en la ley las candidaturas independientes, no es posible otorgarle el registro que pretende.

Por lo visto, lo que ignoran ambos es que, ante la experiencia de Jorge G Castañeda en la elección presidencial del 2006,  el 13 de noviembre de 2007 se publicó la reforma al inciso e), fracción IV del Artículo 116 Constitucional en el que quedó establecido el derecho exclusivo de los partidos políticos “para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular”. De tal manera que ya no sólo la ley, sino la Constitución otorga —debida o indebidamente— a los partidos políticos ese “derecho exclusivo”.

Ha dicho también Clouthier que las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos y los tratados internacionales le otorgan ahora ese derecho (que en su momento no lo habría tenido Jorge G. Castañeda) para que el IFE deba otorgarle el registro como candidato independiente. Si bien es cierto que ahora los tratados internacionales de manera explícita forman parte del sistema jurídico mexicano, también lo es que la propia Constitución, en su Artículo 133,  establece la Supremacía Constitucional en la jerarquía de las leyes y señala que los tratados internacionales, para que formen parte de la Ley Suprema de toda la Unión, deben estar de acuerdo con la Constitución.

Así que, aunque Clouthier Carrillo invoque los Tratados y acuda a Cortes Internacionales, ahora —a diferencia de hace seis años— el Artículo 116 Constitucional no deja lugar a dudas. Más aun: la reforma de referencia trajo como consecuencia que en los estados de Sonora y Yucatán tuvieran que cancelarse las candidaturas independientes que la legislación electoral de cada uno de ellos permitían y regulaban.

Además esta restricción constitucional no es exclusiva de nuestro país. En 20 naciones más no se permiten las candidaturas independientes en elecciones legislativas ni presidenciales, como en Argentina, Brasil, Suecia y Uruguay, entre otros, mientras que 81 sí las permiten y las regulan.

La postura de Clouthier, más que la reivindicación de un derecho, parece más bien una demanda por tener derecho a financiamiento público, si fuera  registrado por el IFE.  

Si lo que quiere es poder ser votado sin ser registrado por un partido político, que convoque entonces a los ciudadanos a que inscriban su nombre en la boleta electoral en el espacio reservado a los candidatos no registrados, mismo que el COFIPE, en su Artículo 252, ordena que debe existir en la boleta electoral (hace seis años esto fue lo que hizo el Doctor Simi en una campaña pagada con su dinero).

Si sus votos como candidato no registrado fueran superiores a los de los candidatos partidistas, se le debería declarar Presidente Electo de México. Mientras tanto su candidatura le restará votos al PAN.