martes, 20 de noviembre de 2012

La ciudad más ‘open mind’ de EU prohíbe los desnudos



Publicado por , en la página Web de Pedro Ferriz de Con
SAN FRANCISCO (AFP).- Legisladores de la ciudad de San Francisco votaron este martes a favor de la prohibición a desnudarse en público, a pesar de numerosas protestas en la que es considerada la ciudad más libre y relajada de la costa oeste estadounidense.
El ayuntamiento de la ciudad aprobó una ordenanza propuesta por el concejal Scott Wiener, un residente del vecindario Castro, conocido por ser un refugio gay donde, además, se exhibe el desnudo públicamente.
La ley que prohíbe andar desnudo en público fue aprobada por 6 votos a favor y 5 en contra en una reunión vespertina en el ayuntamiento, dijo a la AFP Andrés Power, un asistente de Wiener.
“La libre expresión es en teoría muy agradable… hasta que llega a tu vecindario”, señaló Wiener en la reunión. “Les garantizo que la gente no debe esperar tanto como esperamos nosotros en Castro”.
La ordenanza prohíbe a toda persona de más de cinco años mostrar sus genitales o región anal en público e impone multas de 100 a 500 dólares a sus infractores.
Wiener había dicho anteriormente que el nudismo público seguirá siendo aceptado en las playas de San Francisco y en varios festivales famosos por sus pieles expuestas a la fría neblina de la ciudad.
Tras conocer el resultado de la votación, un grupo de manifestantes protestó ante la entrada del ayuntamiento y una mujer, que comenzaba a desnudarse, fue cubierta por la policía con una cobija.
“Desnudez no es lo mismo que lascivia. Dejen a San Francisco en libertad”, decían los carteles de los manifestantes, un puñado de los cuales logró desnudarse del todo.
Los manifestantes, que argumentan que la prohibición es una afrenta contra su libertad de expresión, habían entablado una demanda para intentar detener esta ley.
Pero Wiener, que ha residido en Castro desde hace 15 años y ha luchado largamente por medidas más estrictas en su zona, desestimó tales esfuerzos como “frívolos”.
Cuna del movimiento a favor de los derechos de los homosexuales en los años 60 y 70, el barrio Castro es aún uno de los vecindarios más liberales de la ya liberal ciudad.
Además es (o era) una zona franca en lo que toca a la desnudez pública, particularmente en la plaza Jane Warner.

jueves, 15 de noviembre de 2012

Cercanía de nuevo tipo


La suerte del próximo gobierno depende más del liderazgo del presidente sobre su partido que de su capacidad negociadora con la oposición. Es cierto, los electores reeligieron en 2012 al gobierno dividido. No le dieron al nuevo presidente una mayoría en las asambleas federales y por ello lo obligaron a negociar con las oposiciones para promover cualquier cambio legislativo. Sin embargo, la perspectiva del acuerdo con otros partidos parece relativamente sencilla o, por lo menos, más sencilla de lo que parece el acuerdo del futuro presidente con los muchos intereses que integran a su partido. Las propuestas que durante su campaña hizo el presidente electo están, en efecto, más cerca de la plataforma y las propuestas de Acción Nacional que de la declaración de principios del PRI.

Una de las incógnitas del futuro inmediato es el carácter del liderazgo partidista de Peña Nieto. Doy por descontado que los dos precedentes son inservibles para lo que viene. El habitante de Los Pinos no puede volver a ser la cabeza de un partido hegemónico verticalmente disciplinado porque ya no controla todos los hilos del poder. No tendrá en sus manos los instrumentos que dispensan los premios y los castigos implacables de antaño. Bajo el viejo régimen, el presidente era capaz de terminar fulminantemente una carrera política. Era también el gran proveedor de recompensas. Por eso, bajo aquellas reglas, la indisciplina era suicida. El presidente tenía un inmenso poder en su partido porque era el supremo administrador de las ambiciones.

El segundo precedente fue extravagante y breve. El último presidente priista quiso desentenderse de las responsabilidades del liderazgo partidista. Bajo la idea de que sus responsabilidades de Estado hacían incompatible la dirección informal del partido gobernante, quiso separarse ostentosamente de él. Bautizó a su política como “sana distancia” porque creía que el vicio estaba en la cercanía entre presidencia y partido y no en el modo de ejercer influencia. No se había percatado el presidente Zedillo que el régimen había cambiado: el partido hegemónico se desvanecía a medida que los partidos ocupaban plazas de gobierno. La dinámica al interior del PRI no era ya la clave del régimen: lo importante era que la competencia ya se había instalado entre nosotros.

La confusión de aquellos años es significativa. La tesis de separar al presidente de su partido proviene de una ingenuidad popular. Creer que las tareas del presidente suponen alejamiento de las parcialidades partidistas: para ser un auténtico jefe de Estado hay que elevarse por encima de los partidos. Más aún, en aquellos tiempos se pensaba que un presidente que se asumiera como cabeza del PRI, estaría dispuesto a torcerlo todo para beneficiar al PRI. Hoy podemos ver las cosas de otra manera. Tener claro que el carácter democrático de un sistema proviene de la competencia entre los partidos, la mecánica de los poderes, la vigencia de la crítica, y no el liderazgo que un presidente ejerza sobre su partido. De hecho, debemos decir que uno de los secretos de la gobernación en democracia es la capacidad del presidente para conducir la acción legislativa de su partido. En un contexto como el nuestro, un ejecutivo tiene que partir de su propia coalición partidista en busca de los votos necesarios para conformar mayoría. Sin el respaldo inicial de su partido, un presidente puede hacer muy poco.

El liderazgo partidista del presidente no es, en modo alguno, mancha democrática. Es, por el contrario, secreto de la gobernabilidad. Ahí es donde la presidencia de Peña Nieto encara su reto más serio: cómo transformar una extensa coalición conservadora en una alianza reformista. El futuro presidente no puede restablecer las viejas cadenas de la lealtad y de la disciplina. No tiene los instrumentos de antaño ni puede desentenderse de las responsabilidades del liderazgo. Sin los látigos ni los caramelos de antes, debe fundar un nuevo tipo de liderazgo, una nueva cercanía que sea, al mismo tiempo, eficaz y democrática. Para gobernar está obligado a conducir al PRI, pero tendrá que hacerlo en el contexto de un nuevo régimen que vive ya con rutinas de competencia entre los partidos y dentro del suyo propio; un régimen en el que la clase política no espera las instrucciones del centro sino que se mueve con los resortes locales.

La tarea del presidente electo es propia de un equilibrista consumado. Si su vocación reformista es real, tendrá que caminar muy cerca de su partido y al mismo tiempo, tomar distancia de los intereses que ha protegido desde hace décadas.
De Jesús Silva - Herzog Márquez.

martes, 18 de septiembre de 2012

LAS FUGAS EN LOS PENALES Y LA INDOLENCIA DE LAS AUTORIDADES


132 reos se fugaron de un Centro de Readaptación Social (Cereso) del municipio de Piedras Negras, en el estado de Coahuila, confirmó este lunes el procurador de justicia estatal, Homero Ramos.

El presidente Felipe Calderón dijo esta mañana que es deplorable la fuga de 129 reos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de la ciudad de Piedras Negras, en Coahuila.

 El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, llamó a las autoridades federales y estatales a reforzar la seguridad en los penales y reconoció que la fuga de reos del penal de Piedras Negras es una muestra de la grave situación en que se encuentra el sistema penitenciario del país.

Estas son declaraciones de las autoridades actuales, ahora citare algunas que ya tienen bastantes años y que se refieren al sistema penitenciario mexicano:

Prisciliano Sánchez (1825), al referirse a las cárceles, veía la necesidad de edificar cárceles seguras y sanas, 
que sirviera como correctivos del daño ocasionado, pero como higiene para la salud futura.

Mariano Otero (1842), tuvo entre muchos atributos una visión penitenciaria, siendo el primero de su época en citar la necesidad de un sistema carcelario, con libertad anticipada y conformar una asociación que protegiera al liberado.

Como reglamento carcelario de vanguardia, el penitenciarismo cita el promulgado por Ramón Corona, en 1887, al contemplar la organización interna, la selección del personal, el trabajo rehabilitador, el estudio del carácter de los internos, el funcionamiento de una junta de vigilancia, el mantenimiento a las instalaciones, la educación y preservación de la salud de los prisioneros, la identificación de los internos, la separación de procesados y sentenciados, de los hombres de las mujeres y la rehabilitación del interno por medio de la moral, la ley y el trabajo, con la posibilidad de suavizar las penas.

El auge del penitenciarismo en México se da a finales del porfiriato, que dan como resultado las Leyes de Ejecuciones de 1947 en Veracruz, las de Sonora, Zacatecas y la Ley Orgánica de la Penitenciaría Central del Estado de Jalisco, promulgada el 21 de marzo de 1954, que en conjunto con la Ley de Ejecuciones, sentaron las bases para reglamentar el penitenciarismo en nuestro País, de estos cuerpos de leyes se tomaron algunos principios para conformar las Reglas Mínimas de la ONU.

No obstante lo anterior la técnica penitenciaria no se encontraba en las cárceles Mexicanas, pero la delincuencia seguía con su evolución de tal suerte que hizo sentir su predominio en las cárceles, donde reinaba la ley del más fuerte, mediante el autogobierno, que se sostenía con el gansterismo evolutivo, el mando y el sistema eran la realidad brutal de los propios presos, pero jamás de la autoridad.

En 1971 el gobierno federal buscando un cambio del penitenciarismo empírico; auspicio la promulgación de las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, impulso la selección y capitación del personal existente, participo junto con los estados para la construcción de centros de tratamiento (CERESOS), formo el Instituto de Ciencias Penales, todo ello plausible desde el punto de vista teórico, pero con poca penetración práctica, esto es, un camino de buenas intenciones.
Durante el mandato del Presidente Miguel Alemán, los gobernadores le muestran su preocupación por las cárceles, a efecto de aumentar las posibilidades de readaptar a los delincuentes por medio del trabajo y la educación, como respuesta surge la convocatoria para el Congreso Nacional Penitenciario, celebrado en el Distrito Federal, del 26 de octubre al 1 de noviembre de a1952, en donde se tocaron como temas; la resocialización del delincuente, la arquitectura penitenciaria y la problemática de los reos liberados, como ponencias se presentaron el método de clasificación como resultado de los estudios practicados a su ingreso y la capacitación de los funcionarios

El 1 de octubre de 1964, el Presidente López Mateos envío a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma del Artículo 18 constitucional, debido al incumplimiento en muchos estados del propio artículo, ya sea por razones económicas o por indiferencia, pero si quedo claro la necesidad de tener de forma sistemática trabajo en los reclusorios; el 3 de noviembre de 1964, se aprobó el siguiente texto: Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizaran el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgaran sus penas en lugares separados, de los destinados a los hombres para tal efecto

Por fin la capacitación para el trabajo y la educación, medios indispensables para el tratamiento y la readaptación de los internos, son ordenamientos constitucionales.

Durante la gestión del presidente Díaz Ordaz, quien completa el proceso de reforma constitucional del Articulo 18, mismo que fue aprobado el 15 de diciembre de 1964 y publicado el 23 de febrero de 1965, mando realizar en toda la república un estudio para conocer el estado que guardaban las cárceles, el resultado; los presos estaban en edificios no apropiados y con sobrepoblación, en un solo edificio se albergaban procesados y sentenciados, hombres, mujeres y menores de edad, separados, también encontraron que no existían talleres y en las pocas cárceles que contaban con ellos, estos eran insuficientes para darle trabajo a los presos.

"La sociedad tiene 47 años olvidando a los presos, porque son nuestros 'engendros', nuestros hijos olvidados", dijo José Luis Musi, especialista en asuntos penitenciarios (4 de marzo 2012, CNN).

De los 230,943 reos que tiene el sistema penitenciario en todo el país, 47,816 son del fuero federal y 38% de éstos se encuentran en prisiones federales. El resto convive en centros de reclusión estatales, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), (4 de marzo 2012, CNN).

La fuga de al menos 132 reos del penal de Piedras Negras, Coahuila, en el norte de México, se agrega a una larga lista de escapes de prisión en lo que va del mandato del presidente Felipe Calderón, que comenzó en diciembre de 2006. La fuga de la cárcel de Piedras Negras es la segunda más grande del sexenio. La mayoría de los episodios de este tipo ha ocurrido en Tamaulipas, también en el norte del país.

El 16 de mayo de 2009, 53 reos se fugaron del penal de Cieneguillas, en Zacatecas, luego de que hombres armados ingresaran al penal, presuntamente en complicidad con las autoridades penitenciarias. Las cámaras de seguridad del penal captaron cuando los individuos ingresaron al Centro de Readaptación Social (Cereso), abrieron las celdas y huyeron, sin disparar un solo tiro.

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en el noreste del país, han ocurrido al menos cinco fugas masivas desde 2009 a la fecha. En octubre de 2009 se fugaron 17 reclusos, en abril de 2010 huyeron 13 presos, en julio del mismo año huyeron otros 12, en septiembre de 2010 se registró la fuga de 85 reos, y en mayo de 2011 se fugaron 17

También en el estado de Tamaulipas, en la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo, 59 reos escaparon en julio de 2011, tras una riña que causó siete reclusos muertos, según las autoridades estatales. Cinco custodios fueron reportados como desaparecidos. En esa misma ciudad, en diciembre de 2010 ocurrió la fuga más grande hasta ahora registrada, cuando 151 reos escaparon del penal local. Tras la fuga, el responsable estatal de los penales fue cesado por las autoridades de Tamaulipas.

En la ciudad de Matamoros, en el mismo estado, en marzo de 2010 se fugaron 41 presos, 38 de ellos acusados por delitos federales, y tres por delitos del fuero común. Los reos presuntamente salieron por la puerta principal del penal, ayudados por dos celadores. Las autoridades  estatales anunciaron el cese del director del penal tras el hecho.

En febrero de este año, al menos 30 reos afiliados a Los Zetasescaparon del penal de Apodaca, en Nuevo León, luego de masacrar a más de 40 rivales del cártel del Golfo, según autoridades estatales, que creen que autoridades penitenciarias ayudaron en la fuga. Los directivos del penal y 18 celadores que estaban en funciones al momento de la fuga fueron detenidos tras el hecho (Notas de CNN).

Estas cifras y otros lamentables hechos pudieron evitarse si la autoridad responsable hubiese tenido la sensibilidad de ver a los CERESOS, como una oportunidad de iniciar una de las vertientes de la prevención del delito, esto es que las prisiones fuesen establecimientos que cumplirán a cabalidad con el fin que fueron creados, desarrollando en ellos las medidas que son del elemental conocimiento de un penitenciarista, cito algunas como ejemplo:

Iniciemos con la aplicación literal de los fines de la pena; debe obrar en el delincuente, creando en él, por el sufrimiento, motivos que le aparten del delito en lo porvenir y reformarlo para readaptarse a la vida social. Tratándose de inadaptables, la pena tiene como finalidad la eliminación del sujeto (cadena perpetua en establecimientos de alta seguridad, sin derecho a ningún beneficio)
Indudablemente él último fin de la pena es la salvaguarda de la sociedad. Para conseguirlo, debe ser Intimatoria, para evitar la delincuencia por el temor de su aplicación, Ejemplar, al servir de ejemplo a todos, y no solo al delincuente, para que todos adviertan la efectividad de la amenaza Estatal. Correctiva, al producir en el penado la readaptación a la vida normal, mediante los tratamientos curativos y educacionales adecuados, para impedir la reincidencia. Eliminatoria, ya sea temporal o definitiva según el condenado pueda readaptarse a la vida social o se trate de sujetos incorregibles. Justa, pues la injusticia acarreara males mayores a todos los miembros de la colectividad.

LA SEGURIDAD INTERNA DE FUGAS Y MOTINES

Las fugas no serian posible sin el auxilio interno o externo, y en ocasiones de ambos, debemos señalar que el éxito de una prisión se mide por su grado de seguridad, el número de evasiones y motines que registra.
Sobre las medidas de seguridad del establecimiento es fácil deducir que dentro de las áreas de población los custodios no portan arma de fuego alguna, para evitar que se las quiten y sirvan de rehenes.
Uno de los lugares preferidos para pelearse o aplicar el cobijazo a la víctima son los baños de los dormitorios.
A continuación señalaremos las formas mas comunes para lograr las evasiones:

 a) escalamiento de murallas,
b) construyendo túneles,
c) vías naturales de acceso a las instalaciones (aduanas),
d) durante el traslado a los juzgados o diligencias, e) a través de la “reja de prácticas” de los juzgados.

Jamás debemos de olvidar que la “evasión es una permanente aspiración del preso, por lo que debemos de coincidir nuevamente en el pensamiento de SÁNCHEZ GALINDO, quien manifiesta:
“Es aspiración constante, reiterada e incansable de todo interno, y es natural que así suceda, el desear la Libertad.

Aquí se presentan dos posibilidades, una durante el proceso y otra durante el tiempo de sentencia. Con frecuencia la inquietud es mayor durante el proceso que en la sentencia, porque es más duro el planteamiento psicológico que produce la incertidumbre del proceso que la cruda realidad que ofrece la sentencia.

A quienes mayormente les motiva la idea de fugarse es a los delincuentes que tienen escasas posibilidades de obtener su libertad, por sus elevadas sentencias, quienes las organizan cuentan con tres condiciones favorables:

a) la extendida corrupción entre custodios y directivos,
b) abundantes recursos económicos destinados a tales fines,
c) una organización externa que apoya.

Podemos deducir que los puntos más débiles de la seguridad carcelaria son dos: las aduanas y las murallas en los Reclusorio. El primero a causa de la corrupción del personal que labora en las cárceles, y el segundo por la escasa (a veces nula) vigilancia. Otro punto vulnerable son las diligencias a juzgados o a otros penales.

Con todo lo anterior en lo personal puedo concluir que desde el siglo XIX, no existe autoridad de ningún nivel de gobierno que considere el sistema penitenciario como una prioridad en los sistemas de seguridad que implementan, en consecuencia todo el dinero que se invierte en estos establecimientos no rinden frutos satisfactorios a la sociedad quien es la que solventa el sostenimiento de ellos, la gran pregunta es:

 ¿A la autoridad responsable le falta capacidad, voluntad o está inmersa en la impunidad que rige actualmente este sistema?

lunes, 17 de septiembre de 2012

Quintana Roo, a un paso de quedarse sin policías


De no alcanzar la certificación de sus policías en enero de 2013, fecha en que la finaliza el plazo previsto por la ley para evaluar al 100 % a todas las corporaciones policiacas de México, Quintana Roo y sus 10 municipios se convertirían en el primer Estado del país que tendrían que separar de sus cargos al 98 % de los policías.
De enero de 2010 al 31 de julio de 2012, las autoridades estatales y municipales de Quintana Roo han evaluado al 10.13 % de sus mandos y al 2.76% de los policías operativos, que ubican a ese Estado en el último lugar nacional en materia de certificación policiaca.
“Lo que está estipulado en la ley es que todo aquel policía o mando que no este certificado antes del plazo previsto (enero de 2013), no podrá continuar en la institución de seguridad pública a la que pertenece”, informó Luz del Carmen Díaz, titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Entrevistada por Animal Político, Díaz explicó que aun cuando la ley es muy clara sobre los tiempos establecidos para lograr la certificación de las corporaciones, en el caso de Quintana Roo se deberá hacer una revisión con los legisladores para ver cuál será el procedimiento qué se deberá seguir, porque es evidente que no podrán cumplir con la meta de evaluar al 100% a sus policías y mandos.
“En Quintana Roo tenemos que sumar esfuerzos, porque el Estado y sus municipios no se pueden quedar sin fuerza policial”, dijo Díaz.
Explicó que el rezago en la evaluación de policías estatales y municipales se viene arrastrando desde el gobierno de Félix González, cuya administración argumentaba que no había suficientes recursos para avanzar y que tenían otras prioridades en materia de seguridad.
Una revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) que el gobierno federal le entregó a Quintana Roo en 2010, en lo que fue el penúltimo año de la gestión de González, arrojó que las autoridades estatales no utilizaron adecuadamente el recurso y detectaron una serie irregularidades relacionadas, entre otras cosas, con la evaluación de  policías estatales y municipales.
Los auditores concluyeron que aún cuando  en 2009 y 2010 los recursos asignados para la creación y operación del Centro Estatal de Control de Confianza (organismo encargado de la certificación de los policías) oscilaron en los  5.2 y 4.4 millones de pesos respectivamente, el organismo  se encontraba en la etapa inicial del proceso de certificación y acreditación, por lo que estaba trabajando parcialmente y sin poder emitir certificados.
Además, revelaron que al momento de hacerse la auditoría el Centro operaba con 5 personas que se encontraban en “proceso de capacitación”, pese a que la plantilla autorizada era de 41 personas. A julio de 2012, contaba con 2 poligrafistas, 6 psicólogos, 2 investigadores y 1 director, por lo que aún faltaba por integrarse 30 empleados.
La demora que presenta Quintana Roo en la certificación de sus policías, provocó que el martes 28 de agosto, en el marco del “Foro Nacional: Sumemos causas, ciudadanos más policías”, el presidente Felipe Calderón reclamara a las autoridades estatales el  retraso. “Hay estados que van muy bien, ya avanzando más de la mitad de sus exámenes de control de confianza. Hay estados que no han terminado de establecer su Centro de Control de Confianza, como, desgraciadamente, es el caso de Quintana Roo. Y no están evaluando a sus policías”.
El miércoles 29 de agosto, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, respondió a los señalamientos de Calderón al declarar ante medios locales que era un error que ubicaran a su estado en el último lugar en materia de certificación policiaca, pues habían practicado exámenes toxicológicos al 40% de sus policías.
“Puede ser que hayan aplicado esa cantidad de exámenes que dicen, pero los antidoping solitos, al menos que salgan positivos, no nos sirve para determinar el nivel de confiabilidad de un policía o mando”,  comentó Luz del Carmen Díaz.
Expuso que si bien es cierto que con las pruebas antidoping se puede avanzar más que con otras fases del proceso de certificación, los centros no pueden emitir resultados sino se da una evaluación integral, como es la de practicar exámenes psicológicos, de entorno social, de consumo de drogas y de polígrafo.
“El gobernador efectivamente nos podrá informar que ya aplicaron el 40% de exámenes toxicológicos, pero tiene que completar los 4 exámenes. Hasta que no completen el resto de las fases no podemos reportar una evaluación integral”, concluyó Díaz
De Animal Político 

martes, 4 de septiembre de 2012

Desapariciones forzadas: No hay delito que perseguir


De Animal Político ;
La legislación nacional para sancionar con cárcel a  los servidores públicos que cometen el delito de desapariciones forzadas  es una simulación. El Informe  de Naciones Unidas publicado este año, señala que en el país existen sólo 2 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada, mientras la cifra de desaparecidos en el sexenio de Calderón  se calcula en más de 30,000 personas.
En la gran mayoría de los Estados de la República ni siquiera  existe éste  delito en sus  Códigos Penales y en donde si existe están redactados de forma mañosa para que el   ministerio público  no pueda acreditar su comisión  y  concluya que “no hay delito que perseguir”.
Para poder acreditar la comisión de un delito, es necesario que  la conducta delictiva coincida exactamente con lo establecido en el tipo penal. Por poner un ejemplo: El Código  Penal del Distrito Federal dice que “comete el delito de desaparición forzada el servidor público  que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas…” así que sí  un servidor público  detiene a la persona y otro la mantiene oculta, pues ninguno de los dos comete el delito de desaparición forzada, porque no encajan exactamente con la definición del Código. La perfecta impunidad.
El Estado Mexicano  no se hace responsable de los delitos que comete, parece que los minimiza y se protege. Otro ejemplo: el secuestro es  considerado más grave que la desaparición forzada en el que la responsabilidad recae directamente en un servidor público que hace uso de esa calidad para  cometer el delito a diferencia del secuestro que es cometido por particulares.
Las desapariciones forzadas son  típicas  de los Estados autoritarios y nosotros nos estamos acercando mucho. No sólo se tolera la impunidad sino que  se provoca por medio de  un marco jurídico que resulta ineficaz para castigar el delito, los responsables saben que no pisarán la cárcel.
En su informe, Naciones Unidas  hace un llamado de atención al gobierno al señalar que “parecería que el Estado  Mexicano no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas”  pero la observación del Organismo Internacional no ha tenido repercusiones. Los legisladores locales y federales no han modificado su Códigos para garantizar la protección a las víctimas y el acceso a la justicia.
Rosario Ibarra dice que para luchar contra el Estado las madres de los desaparecidos “aprenden a aguantarse la ira y a disciplinar el llanto porque el camino es largo”.  Y sí…
Paola Zavala Saeb (@paolasaeb), es abogada, especialista en derechos humanos. Ha publicado anteriormente artículos de opinión para El Universal y Nexos en línea. Ha hecho trabajos de consultoría e investigación para la ONU- DH, GDF, CIDE, SCJN, TEPJF y el INMUJERES. Actualmente es asesora legislativa.

viernes, 20 de julio de 2012

Los aficionados


Las 638 cuartillas del juicio de inconformidad presentado por el Movimiento Progresista reflejan una elección manchada y unos partidos de izquierda que reinciden en la improvisación.

Hace años un abogado litigante, Rodolfo Gómez Alcalá, sintetizó en una frase los principales ingredientes de un juicio: "una cosa es tener la razón, otra saberla alegar jurídicamente y otra que los jueces te quieran dar la razón". Para alzarse con una victoria legal hace falta voluntad, suerte, conocimientos jurídicos e información sólida como el acero.

El Movimiento Progresista presentó hace días ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un recurso pidiendo la anulación de los comicios presidenciales. El escrito está bien razonado jurídicamente y los documentos de respaldo son el espejo de una elección viciada. Desconozco si satisfacen las exigencias de los siete jueces que tomarán la decisión; estoy convencido de que la impugnación pudo haber tenido información mucho más sólida si se hubieran preparado mejor.

Nuestra izquierda partidista actúa como si hubiera hecho votos de improvisación y desorganización. Sustento el juicio con la parcialidad de las televisoras a favor de Enrique Peña Nieto. El 23 de octubre de 2005 Jenaro Villamil informó en Proceso sobre el acuerdo mercantil entre la televisora y el entonces gobernador del Estado de México. En los siete años que han pasado desde entonces las izquierdas nunca crearon la unidad que fuera documentando, con validez jurídica, la parcialidad de las televisoras que iban denunciando en discursos y proclamas.

En la impugnación presentada el jueves pasado, el Movimiento Progresista demuestra la irregularidad de esos siete años con una investigación que ordenara el equipo de AMLO a una empresa con sede en Pune, India. La SG Research Analytics revisó entre 2005 y 2011 el trato dado a Peña Nieto por los canales 2 y 5 de Televisa pero sólo comparó entre abril de 2008 y junio de 2009 la cobertura concedida a López Obrador y a Enrique Peña Nieto. Luego comentaré este curioso estudio que es el único aporte propio del Movimiento Progresista al tema de la parcialidad de las televisoras.

Las otras 23 evidencias presentadas ante el Tribunal son muy heterogéneas. Trae cinco reportajes de Reforma, tres de The Guardian, uno de Proceso y una entrevista realizada por Carmen Aristegui para MVS Radio. También incluyen cables de WikiLeaks publicados por La Jornada en los cuales la representación diplomática estadounidense reconoce la parcialidad de la televisora que el Movimiento Progresista pudo haber demostrado de otras maneras.

La izquierda no investiga ni en defensa propia. El 12 de julio Andrés Manuel López Obrador pronunció un discurso sobre la evolución de la campaña. Recordó que el jueves 31 de mayo, el periódico Reforma difundió una encuesta que lo separaba cuatro puntos de Peña Nieto. El tabasqueño está convencido de que fue en ese momento que "iniciaron la guerra sucia" contra él. La hipótesis de un junio negro es plausible (y predecible) pero ningún partido de izquierda la demostró. De hecho, la única investigación de peso presentada por el Movimiento Progresista fue el gasto hecho por el gobierno priista de Zacatecas.

El coordinador de la campaña de López Obrador, Ricardo Monreal, reconoció el 12 de julio que "las pruebas [utilizadas en la impugnación], en su gran mayoría, son de ciudadanos que nos las han aportado". El trabajo voluntario de ciudadanos pudo haber rendido muchos más frutos si hubieran utilizado una misma metodología. Esa heterogeneidad se observa en los videos de ciudadanos que presenta el Movimiento ante el Tribunal para demostrar la compra de votos. Lo ideal hubiera sido establecer patrones nacionales, por ejemplo, en los 600 establecimientos que Soriana tiene en todo el país.

Considero correcto criticar al Movimiento Progresista en estos momentos porque la izquierda moderna nace del fraude de 1988 y me resulta incomprensible que 24 años después sigan siendo incapaces de organizarse para combatir y documentar irregularidades bastante predecibles. El 8 de febrero López Obrador solicitó al Consejo General del IFE diversas medidas para contribuir a la equidad. Recomendó al IFE nombrar una "comisión temporal" para mejorar la equidad de los "espacios noticiosos" cuando ellos hubieran podido hacer los estudios que se requerían. México tiene capacidad de investigación instalada y este año los partidos de izquierda recibieron más de mil 366 millones de pesos de dinero federal y unos 300 millones (estimación provisional y gruesa) de las entidades.

Este 2012 el Tribunal debe dar certidumbre democrática a la elección (lo que hizo en el 2006 fue vergonzoso). Como votante de izquierda también espero que los partidos de esa corriente sustenten recursos jurídicos con evidencia sólida. Ya basta de improvisaciones y novatadas; es tiempo de que dejen de actuar como aficionados.

De Sergio Aguayo.

Colaboraron Maura Roldán Álvarez y Rodrigo Peña González.

En lo personal asistí a diversos cursos y diplomados que impartieron en los diferentes partidos políticos, en la UAN, en la UdG, el IFE, desde el 2009, sobre Derecho Electoral y la Jornada Electoral y los ponentes de la izquierda son profesionistas con la misma capacidad que el resto de los expositores, aquí de mi duda, si se tiene la suficiente capacidad, hizo falta voluntad???.

Les saludo con el afecto de siempre.

lunes, 16 de julio de 2012

La legitimidad como rehén


La legitimidad no es popularidad. El derecho al poder no cuelga de simpatías que van y vienen. La única fuente de legitimidad en nuestro tiempo es la ley. Ni los ancestros ni los héroes conceden el permiso de gobernar. Cuando las reglas son democráticas, cuando reconocen el principio de competencia y pluralidad, cuando instauran órganos neutrales, no puede haber otro fundamento de legitimidad que el derecho. Quien accede al poder de acuerdo a las normas existentes debe ser reconocido y asumir la responsabilidad de gobierno. Que un presidente sea legítimo no significa que nos guste, que le debamos respaldo, que estemos obligados a apoyarlo. Reconocer legitimidad no es someterse, doblegarse. Lejos de ello, lo único que implica esa admisión es que sus facultades se fundan en nuestras propias reglas y que, nacido de normas, su poder habrá que sujetarse a ellas.

La legitimidad tampoco es el obsequio que gentilmente regalan los adversarios. Perdí pero graciosamente te entrego mi reconocimiento y te concedo por ese acto de nobleza, el título de legítimo. Perdí pero no estoy dispuesto a regalarte autoridad democrática. La legitimidad no es concesión de los jugadores que, al final del partido, se dan caballerosamente la mano: depende de la actuación de las instituciones que evalúan las condiciones de la competencia y nombran finalmente al ganador de una contienda electoral. Seguimos, sin embargo, atrapados en el cuento de que la legitimidad que otorgan las leyes es insuficiente, que el veredicto de las instituciones es poca cosa frente al juicio de la Historia o el dictamen del Pueblo; que la ley es una ficción en la que sólo creen los ingenuos; que el permiso para gobernar depende de otra cosa más allá de lo que digan las reglas. En efecto, hay quien cree que la legitimidad depende de la aclamación de la plaza, de la evaluación moral de algunos notables. Así, nos resultan de pronto más persuasivos como demostraciones de respaldo democrático la teatralidad de una concentración pública coreando un solo nombre, la tensión dramática de una movilización popular que llena calles y plazas, la oratoria fogosa de una asambleas que la árida aritmética de votos y la fría semántica de las instituciones. El laberinto procedimental, la barroca estructura de derechos y deberes, la intrincada organización de garantías y controles son nada frente a la consigna de quienes piensan igual.

El título de legitimidad es vapuleado en una subasta de simpatías y aversiones. Esa superstición no hace más que revelar el desprecio por las leyes y las ideas de los otros. No importa lo que diga la ley, lo que cuenta es lo que sabemos; no importa lo que hayan decidido ellos, somos nosotros los auténticos representantes de la nación. La intensidad del activista no oculta sus desprecios: ellos son ignorantes, ellos han sido manipulados, ellos han sido comprados. El viejo clasismo se disfraza de demócrata: han sido los pobres quienes votaron mal, quienes votaron por el PRI. Son los ignorantes quienes dieron la victoria al ignorante. Se vendieron, se corrompieron, se entregaron a sus raptores. De nuevo, el maniqueísmo moral: votar por otros es éticamente reprochable. Sólo la complicidad y la manipulación explica el voto equivocado.

Desde luego, habrá que medir las prácticas clientelistas que, sin lugar a dudas, subsisten en el país. Es necesario, sobre todo, conocer, en lo posible, la extensión de esas prácticas de compra de votos, o coacción de votantes. Apreciar su verdadera magnitud sin ignorar su existencia ni exagerar su efecto. Me parece difícil pensar que la elección de julio pueda explicarse, como ha dicho su principal impugnador, por la corrupción de 5 millones de electores que decidieron vender su voto. Es indispensable para la salud del país que los abusos se exhiban y que los delitos se castiguen. El imperativo hoy es la claridad. El esclarecimiento de lo sucedido corresponde a los tribunales pero también al periodismo. Los jueces tendrán la última palabra en el terreno institucional, pero su veredicto no será el único. Necesitamos un periodismo al servicio de la claridad: los alegatos interesados de los actores políticos no deben pasar solamente el filtro burocrático, requieren también el examen severo de los profesionales de la información. No vale la simple reproducción de sus versiones, requerimos investigaciones independientes que esclarezcan lo sucedido.

Admitir que la elección del 2012 fue una elección auténtica no implica entregarle un cheque en blanco a la siguiente administración. Por el contrario, es comprometerse con un régimen que no le entregó el poder absoluto al viejo partido hegemónico, sino un poder limitado por sus propios adversarios. Al gobierno legítimo corresponde una oposición legitimada por la misma elección. Desconocer la autenticidad del voto es rehusarse a construir oposición: es despreciar la orden de los votantes.

De Jesús Silva - Herzog Márquez

jueves, 12 de julio de 2012

Con charola 27 mil policías y mandos “no aptos” para el servicio



El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México, Óscar Vega, informó que por cada 100 mandos y policías de corporaciones estatales y municipales que han sido evaluados, 21 reprueban los exámenes que practican los Centros de Evaluación y Control de Confianza (CECC) en el país y “no son aptos” para prestar el servicio.
Se trata de policías y mandos que no pasaron exámenes toxicológicos porque son adictos a alguna droga; que físicamente no están capacitadas para hacerlo, por una cuestión médica o de peso; que por su perfil sicológico no es recomendable que usen armas y aquellos que están involucradas directa o indirectamente en actos delictivos
Lo anterior significa que de los 129 mil 908 funcionarios policiacos evaluados hasta el 2012, 27 mil 280 reprobaron uno o varios exámenes de control y confianza y, aún así, siguen trabajando para las corporaciones policiacas de estados y municipios.
“Es fundamental que gobiernos estatales definan lo que debe ocurrir con los elementos que no cumplen los exámenes”, dijo Vega en una conferencia de prensa donde dio a conocer los avances estadísticos que se tienen en los 39 CECC distribuidos en el país y en la que invitó a los gobernadores del país a dar “pasos sólidos” en materia de depuración policiaca.
“Esta evaluación se tiene que convertir ahora en un programa exhaustivo y eficiente de depuración; ya cuando tenemos identificado al personal que no ha aprobado, tenemos que dar el siguiente paso que es o su reubicación, su cese o su consignación”.
¿Evaluación a 261 mil policías?
Vega, reconoció que a poco más de 6 meses de cumplirse la fecha límite que obliga a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) a evaluar en un 100 % a sus respectivas corporaciones, aún falta por practicar exámenes al 60.85% de los policías y mandos en los estados y municipios del país.
En términos reales, se trata de 261 mil 451 policías y manos pendientes de evaluar. Para certificarlos en seis meses, los CECC tendrían que practicar mil 452 exámenes diarios, incluyendo sábados y domingos.
Tomando en cuenta que la orden de certificar a las corporaciones policiacas fue emitida en enero de 2009, en 3.6 años los gobiernos estatales y locales han evaluado al 39.15% de sus policías. Aun así, buscan evaluar al 69.85 % restante en medio año.
A decir de Vega, aun cuando se encuentran ante un “reto” muy importante por lo que se tiene que hacer en los próximos 6 meses, se logrará cumplir la meta planteada para enero de 2013, pues los gobiernos estatales y municipales se han comprometido a finalizar al 100 % la evaluación de policías y mandos.
“No creo que debamos rendirnos ante la posibilidad de que esto no se cumpla, creo que tenemos que insistir hasta el último momento en términos de recursos, en términos de esfuerzos y de prioridad de las autoridades locales para cumplirlo”, respondió el funcionario ante la pregunta de si podría considerarse un “fracaso” de la actual administración, el no alcanzarse la meta de evaluar al 100 % las policías estatales y municipales de todo México
De Animal Político. 


Mayores de edad



A la memoria de Alfredo Witschi defensor de refugiados en México y el mundo.

La compra y coacción de votos se reproduce como plaga porque ni los partidos quieren frenarla ni la trinidad arbitral puede castigarla.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) atiende denuncias individuales. Son pocas las que sobreviven al largo y sinuoso proceso. El inicio es fácil: se hace la imputación por teléfono o en persona; luego viene el calvario de probar lo dicho. El denunciante que quiera asesoría legal deberá pagar alrededor de 200 mil pesos (el asunto tarda un par de años). Si se gana es magra la victoria: sólo se castiga a la persona que cometió el delito, no al candidato o partido que lo ordenó o al que benefició.

Los partidos tienen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero rara vez lo utilizan por el alto nivel de exigencia probatoria. Revisé el caso paradigmático de una demanda del PRI contra el PAN en 2009 que había ganado con compra y coacción el Distrito 3 de Veracruz por 89 votos. El PRI acumuló evidencia y testigos que certificaron con notario.

La Sala Regional del TEPJF en Jalapa le dio la razón al tricolor; anuló tres casillas y le entregó la curul. El asunto llegó a la Sala Superior y Alejandro Luna Ramos se puso hiperexigente. Desechó a un testigo porque dijo que la coacción se había dado "durante la jornada", cuando debió haber precisado "durante toda la jornada"; al notario lo descalificó por haber sido diputado del PRI, etcétera. El PAN terminó quedándose con la diputación pese a la evidencia presentada.

El abogado Iván Castillo es un experimentado litigante en materia electoral y su posición es tajante: es "virtualmente imposible evitar legalmente la compra y coacción", es como "pelear contra una pared", no "pasa absolutamente nada". Ello explica su incontrolable crecimiento. Leí una buena cantidad de discursos y declaraciones y los árbitros tienden a callar o silenciar el problema. Aquí un pequeño incidente que revela la inercia. En marzo de este año Leonardo Valdés Zurita presentó un libro en Querétaro y el Diario de Querétaro reprodujo su preocupación por la compra y coacción. En el boletín del IFE desapareció lo relacionado con ese ilícito.

De cuando en cuando algún alto funcionario reconoce el problema. En mayo de 2011 la procuradora Marisela Morales lamentó las "prácticas cada vez más sofisticadas de compra y coacción del voto", y el ex titular de la Fepade, José Luis Vargas, reconoció en una entrevista que el marco jurídico está desfasado. En 2011 la Fepade y la PGR propusieron una reforma penal electoral para corregir la situación; nunca fue aprobada y el entonces gobernador Enrique Peña Nieto fue quien más trabas puso.

Los partidos son corresponsables de lo que pasa. No combaten la compra y coacción de votos porque todos las practican aunque es obvio que lleva ventaja quien tiene más recursos o cargos. En estos días que se acrecientan las denuncias y los reclamos por estos usos y costumbres, las respuestas dependen del México en el que uno se ubique.

Habrá tres elecciones en México: la primera es la moderna donde las casillas se instalarán y la información fluirá en un alarde de organización y tecnología. En la segunda se ultiman los detalles para el festín de compra y coacción; en la tercera más de cinco millones de electores irán a sufragar en zonas de alta peligrosidad. Los resultados estarán contaminados por lo que suceda en el México pobre y el México violento.

Los árbitros electorales tienen un marco legal insuficiente y están a merced de unos partidos insolentes. Lo resuelven parapetándose tras una muralla de silencio, evasivas o triunfalismo. Realzan todo lo bueno que tenemos y dan la espalda a los tres grandes fallos estructurales del actual sistema electoral: los gastos ilegales de campaña, la inseguridad y la compra y coacción del voto.

¿Ayuda que Leonardo Valdés asegure que si la compra y coacción se "denuncia, la Fepade" perseguirá y castigará el delito cuando eso rara vez sucede? ¿Es justo que regañe a la ciudadanía porque no denuncia cuando son los partidos y los árbitros los principales responsables de lo que está pasando? Si queremos mejorar la calidad de las elecciones debe reconocerse que en México se compran votos y se intimidan electores. Negarlo o disimularlo provoca escepticismo y desencanto. Sólo pedimos ser tratados como mayores de edad.

De : Sergio Aguayo 

miércoles, 11 de julio de 2012

Aceptar la victoria


El problema no es solamente aceptar la derrota. También es difícil aceptar la victoria. La victoria exige una responsabilidad a la que no llama la derrota. Quien gana pierde un título: el de víctima. Ganar es despojarse de un cobijo; es abandonar el prestigio del sacrificado. Ganar es comenzar a rendir cuentas de lo que se hace y dejar de explicar el mundo por la maldad de los otros. Pero es cómodo aferrarse al discurso de la derrota. Insistir en la conspiración de los perversos simplifica el mundo y mantiene pura la conciencia. Ellos volvieron a imponer su trampa; nosotros seguimos teniendo la razón. Bajo la épica sacrificial, perder es la verdadera, la única justificación moral.

Sólo la miopía presidencialista podría negar las inmensas victorias de la izquierda en la jornada reciente. No ganó la presidencia de la república pero tuvo un resultado extraordinario, una votación que muy pocos auguraban. La mejor campaña del 2012 fue la campaña de la izquierda mexicana, la única campaña que creció. Andrés Manuel López Obrador transformó su imagen pública, cambió su discurso, se empeñó en contrastarse con el candidato que fue hace seis años. Si en la elección previa habría ganado en una campaña más corta, tal vez en esta oportunidad habría ganado de haberse prolongado la contienda. Pero en la elección no se trataba únicamente de llenar una oficina y de encontrarle inquilino a Los Pinos. Se reconstituyó el poder legislativo federal y se relevaron un buen número de funcionarios locales. En el recuento de la elección es imposible ignorar los avances de la izquierda. En la capital ratificó y amplió su mayoría. En pocos lugares del país se registra el dominio tan franco de una fuerza política como el que aquí ejerce hegemónicamente el PRD. No solamente se reiteró la mayoría en el Distrito Federal, sino que conquistó nuevos espacios: Morelos y Tabasco son ya estados gobernados por la izquierda. Y en la plaza legislativa federal son enormes los avances de la izquierda.

Veo las elecciones del 2012 como un voto desconfiado por el PRI que apenas esconde las promisorias perspectivas de la izquierda.

El PRI no ganó como se esperaba. Si no avasalló a sus adversarios fue porque la desconfianza que genera sigue siendo muy extendida, muy visible y muy ruidosa. Un partido que no ejerció nunca la autocrítica, que no aprovechó su derrota para renovarse merece, sin duda, ese recelo. Es ahí donde se abre una extraordinaria oportunidad para la izquierda. El PRD está llamado a hacer la oposición, a ubicarse con claridad como la opción crítica al gobierno priista. En la derecha, el PRI seguramente encontrará a un colaborador maltrecho pero útil, a un partido desdibujado que tardará tiempo en recomponerse. Por ello es la izquierda ascendente la que puede atraer el ánimo antipriista. Necesita defender su diferencia pero también proyectar responsabilidad. Sus tres nuevos ejecutivos (en el Distrito Federal, en Morelos y en Tabasco) representan por fortuna una renovación frente a la obcecación ideológica y el sectarismo que tanto daño le han hecho a la izquierda.
No debe llevarse el avance de la izquierda a la funeraria, decía Marco Rascón en su artículo reciente. (“La izquierda debe avanzar, no esperar…”, Milenio, 4 de julio de 2012). Sabe bien que la ceguera puede transformar el avance en derrota. Cuando la victoria no es absoluta existe la tentación y la costumbre de negar cualquier progreso. No digo, de ninguna manera, que la izquierda deba aceptar acríticamente los resultados de la elección reciente: bajar la cabeza y callarse la boca. Sugiero exactamente lo contrario: alzar la mirada y hablar. La izquierda sigue teniendo un argumento contra el régimen político. Que no haya habido fraude en la elección no significa que nuestra democracia sea impoluta. La denuncia del clientelismo y la concentración mediática es indispensable para empujar la segunda generación de reformas democráticas en el país. Que se garantice la adición puntual de los votos no niega la subsistencia de esa costumbre de cambiar favores por votos. Que durante la campaña se hayan cumplido los criterios de equilibrio en la cobertura del radio y la televisión, no niega la distorsiones de una oferta tan limitada de voces en los medios electrónicos. La izquierda no solamente tiene derecho a inconformarse: tiene razones para hacerlo.

Quiero decir con ello que la plataforma que la izquierda del 2012 tiene para la política futura no consiste solamente en posiciones, sino también en argumentos. Una izquierda moderna debe insistir en las perversiones políticas de la desigualdad y de la concentración del poder económico en una democracia de tan baja calidad como la nuestra. Por supuesto, creo que la única ruta para promover esta agenda es la estructura institucional, el acatamiento de sus veredictos finales y el reconocimiento de las autoridades que emerjan de ese dictamen. Acatar el veredicto de las urnas implica aceptar la medida de las derrotas y de las victorias.

De Jesús Silva - Herzog Márquez.

jueves, 28 de junio de 2012

Delitos Electorales


TITULO VIGESIMOCUARTO

Delitos Electorales y en Materia de Registro Nacional de Ciudadanos

CAPITULO UNICO

Artículo 401.- Para los efectos de este Capítulo, se entiende por:

I. Servidores Públicos, las personas que se encuentren dentro de los supuestos establecidos por el artículo 212 de este Código.

Se entenderá también como Servidores Públicos a los funcionarios y empleados de la Administración Pública Estatal y Municipal;

II.  Funcionarios electorales, quienes en los términos de la legislación federal electoral integren los órganos que cumplen funciones electorales;

III. Funcionarios partidistas, los dirigentes de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas, y sus representantes ante  los órganos electorales, en los términos de la legislación federal electoral;

IV. Candidatos, los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad competente;

V.  Documentos públicos electorales, las actas de la jornada electoral, las relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, paquetes electorales y expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los consejos locales y distritales, y las de los cómputos de circunscripción plurinominal y, en general todos los documentos y actas expedidos en el ejercicio de sus funciones por los órganos del Instituto Federal Electoral; y

VI. Materiales electorales, los elementos físicos, tales como urnas, canceles o elementos modulares para la emisión del voto, marcadoras de credencial, líquido indeleble, útiles de escritorio y demás equipamiento autorizado para su utilización en las casillas electorales durante la jornada electoral.

Artículo 402.- Por la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el presente Capítulo se podrá imponer además de la pena señalada, la inhabilitación de uno a cinco años, y en su caso, la destitución del cargo.

Artículo 403.- Se impondrán de diez a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

I. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley;

II. Vote más de una vez en una misma elección;

III.  Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto;

IV.  Obstaculice o interfiera dolosamente el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales;

V.  Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar de los ciudadanos;

VI.  Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral;

VII. El día de la jornada electoral viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto;

VIII. Vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea titular;

IX. El día de la jornada electoral lleve a cabo el transporte de votantes, coartando o pretendiendo coartar su libertad para la emisión del voto;

X. Introduzca en o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o se apodere, destruya o altere boletas, documentos o materiales electorales, o impida de cualquier forma su traslado o entrega a los órganos competentes;

XI. Obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto, o bien que, mediante amenaza o promesa de paga o dádiva, comprometa su voto en favor de un determinado partido político o candidato;

XII. Impida en forma violenta la instalación de una casilla, o asuma dolosamente cualquier conducta que tenga como finalidad impedir la instalación normal de la casilla; o

XIII. Durante los ocho días previos a la elección y hasta la hora oficial del cierre de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que den a conocer las preferencias de los ciudadanos.

Artículo 404.- Se impondrán hasta 500 días multa a los  ministros de cultos religiosos que, en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político, o a la abstención del ejercicio del derecho al voto.

Artículo 405.- Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que:

I.- Altere en cualquier forma, sustituya, destruya o haga un uso indebido de documentos relativos al Registro Federal de Electores;

II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral;

III.- Obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada;

IV.  Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales;

V.  No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales electorales, sin mediar causa justificada;

VI. En ejercicio de sus funciones ejerza presión sobre los electores y los induzca objetivamente a votar por un candidato o partido determinado, en el interior de la casilla o en el  lugar donde los propios electores se encuentren formados;

VII.- Al que instale, abra o cierre dolosamente una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley de la materia, la instale en lugar distinto al legalmente señalado, o impida su instalación;

VIII. Sin causa prevista por la ley expulse u ordene el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido político o coarte los derechos que la ley les concede;

IX.- (Se deroga).

X. Permita o tolere que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales; o

XI. Propale, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados.

Artículo 406.- Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de uno a seis años, al funcionario partidista o al candidato que:

I. Ejerza presión sobre los electores y los induzca a la abstención o a votar por un candidato o partido determinado en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados;

II.- Realice propaganda electoral mientras cumple sus funciones durante la jornada electoral;

III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales;

IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin 
mediar causa justificada, o con ese fin amenace o ejerza violencia física sobre los funcionarios electorales;

V. Propale, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados;

VI. Impida con violencia la instalación, apertura o cierre de una casilla; o

VII. Obtenga y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, fondos provenientes de actividades ilícitas para su campaña electoral.

Artículo 407.- Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que:

I. Obligue a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a emitir sus votos en favor de un partido político o candidato;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un partido político o candidato;

III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado; o

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores, de manera ilegal.

Artículo 408.- Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por seis años a quienes, habiendo sido electos diputados o senadores no se presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo del artículo 63 de la Constitución.

Artículo 409.- Se impondrán de veinte a cien días multa y prisión de tres meses a cinco años, a quien:

I.- Proporcione documentos o información falsa al Registro Nacional de Ciudadanos para obtener el documento que acredite la ciudadanía; y

II.- Altere en cualquier forma, sustituya, destruya o haga un uso indebido del documento que acredita la ciudadanía, que en los términos de la ley de la materia, expida el Registro Nacional de Ciudadanos.

Artículo 410.- La pena a que se refiere el artículo anterior se podrá incrementar en una cuarta parte si las conductas son cometidas por personal del órgano que tenga a su cargo el servicio del Registro Nacional de Ciudadanos conforme a la ley de la materia, o si fuere de nacionalidad extranjera.

Artículo 411.- Se impondrá de setenta a doscientos días multa y prisión de tres a siete años, a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para Votar.

Artículo 412.- Se impondrá prisión de dos a nueve años, al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que, a sabiendas aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 407 de este Código. En la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad provisional.

Artículo 413.- Los responsables de los delitos contenidos en el presente capítulo por haber acordado o preparado su realización en los términos de la fracción I del artículo 13 de este Código no podrán gozar del beneficio de la libertad provisional.