Cabe citar que con antelación existieron otras leyes que influyeron en la institucionalidad del tratamiento para los presos, como lo fue el promulgado por el Licenciado Joaquín Ángulo, el 10 de mayo de 1847, así como el de Jesús López Portillo de 1862; Como toda obra humana, siempre será sustituida por otra.
El auge del penitenciarismo en México se da a finales del porfiriato, que dan como resultado las Leyes de Ejecuciones de 1947 en Veracruz, las de Sonora, Zacatecas y la Ley Orgánica de la Penitenciaría Central del Estado de Jalisco, promulgada el 21 de marzo de 1954, que en conjunto con la Ley de Ejecuciones, sentaron las bases para reglamentar el penitenciarismo en nuestro País, de estos cuerpos de leyes se tomaron algunos principios para conformar las Reglas Mínimas de la ONU.
No obstante lo anterior la técnica penitenciaria no se encontraba en las cárceles Mexicanas, pero la delincuencia seguía con su evolución de tal suerte que hizo sentir su predominio en las cárceles, donde reinaba la ley del más fuerte, mediante el autogobierno, que se sostenía con el gansterismo evolutivo, el mando y el sistema eran la realidad brutal de los propios presos, pero jamás de la autoridad.
En 1971 el gobierno federal buscando un cambio del penitenciarismo empírico; auspicio la promulgación de las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, impulso la selección y capitación del personal existente, participo junto con los estados para la construcción de centros de tratamiento (CERESOS), formo el Instituto de Ciencias Penales, todo ello plausible desde el punto de vista teórico, pero con poca penetración práctica, esto es, un camino de buenas intenciones.
Es por ello que el criminólogo Manuel López Rey, se mostrara pesimista, al grado de pronosticar un aumento de la criminalidad en todas sus facetas, la existencia de una fuerte alianza entre la criminalidad común y la política, mismos que harán ineficientes los sistemas penales, el aumento en los excesos del poder y de las desigualdades socioeconómicas, que favorecen el aumento de la criminalidad.
Continuara
El auge del penitenciarismo en México se da a finales del porfiriato, que dan como resultado las Leyes de Ejecuciones de 1947 en Veracruz, las de Sonora, Zacatecas y la Ley Orgánica de la Penitenciaría Central del Estado de Jalisco, promulgada el 21 de marzo de 1954, que en conjunto con la Ley de Ejecuciones, sentaron las bases para reglamentar el penitenciarismo en nuestro País, de estos cuerpos de leyes se tomaron algunos principios para conformar las Reglas Mínimas de la ONU.
No obstante lo anterior la técnica penitenciaria no se encontraba en las cárceles Mexicanas, pero la delincuencia seguía con su evolución de tal suerte que hizo sentir su predominio en las cárceles, donde reinaba la ley del más fuerte, mediante el autogobierno, que se sostenía con el gansterismo evolutivo, el mando y el sistema eran la realidad brutal de los propios presos, pero jamás de la autoridad.
En 1971 el gobierno federal buscando un cambio del penitenciarismo empírico; auspicio la promulgación de las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, impulso la selección y capitación del personal existente, participo junto con los estados para la construcción de centros de tratamiento (CERESOS), formo el Instituto de Ciencias Penales, todo ello plausible desde el punto de vista teórico, pero con poca penetración práctica, esto es, un camino de buenas intenciones.
Es por ello que el criminólogo Manuel López Rey, se mostrara pesimista, al grado de pronosticar un aumento de la criminalidad en todas sus facetas, la existencia de una fuerte alianza entre la criminalidad común y la política, mismos que harán ineficientes los sistemas penales, el aumento en los excesos del poder y de las desigualdades socioeconómicas, que favorecen el aumento de la criminalidad.
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