Los Jueces y el diccionario

Tras el escándalo que hace unos años suscitó la publicación de las caricaturas de Mahoma, Ayaan Hirsi Ali, pronunció un discurso en Berlín para defender el derecho a la ofensa. La diputada holandesa que huyó de Somalia rechazando el matrimonio que le imponía su padre, crítica apasionada de la opresión que padecen las mujeres musulmanas, dijo sin rodeos: "vengo a defender mi derecho a ofender". ¿Derecho a ofender? Sí: derecho a decir lo que se piensa aunque ofenda a otros, derecho a expresarse con libertad a pesar de que lo que uno dice lastime a algunos. La sociedad democrática demanda un debate abierto y el debate no es solamente expresión de ideas sino también de intensas emociones de antipatía. Ronald Dworkin, el filósofo del derecho recientemente fallecido, decía algo similar: tenemos el derecho a ridiculizar. En una sociedad abierta nadie, por poderoso o débil que sea tiene el derecho a no ser insultado u ofendido. Solamente una comunidad que permite la libre expresión del insulto como parte del debate libre puede adoptar sus leyes legítimamente. Si exigimos que los intolerantes acepten la decisión de la mayoría, entonces, debemos permitirles que se expresen--no que se impongan, que se expresen. La Suprema Corte de Justicia acaba de resolver que ese derecho no existe. De acuerdo a los jueces que interpretan la constitución, no tenemos derecho a ofender. No podemos emplear palabras que lastiman a otros. La Primera Sala de la Corte sostuvo que la Constitución no reconoce el derecho al insulto o a la injuria gratuita. A su entender, la Constitución no protege a quienes usan el lenguaje para maltratar. De acuerdo a la Primera Sala de la Corte, las expresiones homófobas promueven y justifican la intolerancia, fomentan el odio y el rechazo a un grupo de personas. Las palabras hostiles transforman la atmósfera del debate público alentando discriminación y aún, violencia. Emplear las palabras "puñal" y "maricón" es una burla inaceptable que coloca a los homosexuales en un plano de inferioridad. Esas palabras rinden culto a un estereotipo denigrante y promueven la intolerancia hacia la homosexualidad, por lo que no merecen protección constitucional. Pronunciar esas palabras es un abuso. En efecto, como ha señalado el Ministro José Ramón Cossío en su voto disidente, la resolución de la mayoría se dirige a las palabras pronunciadas no al uso de las palabras, ni mucho menos, a sus consecuencias. "Ofender no es discriminar", sostiene con claridad Cossío. Quien pronunció las palabras censuradas en un pleitillo periodístico no pretendió incitar violencia contra la comunidad homosexual, ni hizo ningún juicio sobre esa comunidad. Insultó a una persona, no discriminó a nadie. Los propósitos de los ministros pueden ser loables, pero la ruta que escogieron es equivocada. No distinguieron la ofensa de la discriminación e ignoraron los parámetros de la discusión internacional sobre el tema. En un libro reciente, Jeremy Waldron ha expuesto un argumento razonable (aunque no del todo convincente a mi juicio) para proscribir el discurso de odio, siempre y cuando éste se entienda como una especie de difamación colectiva. Si castigamos la difamación de una persona, ¿por qué no habríamos de castigar la difamación de un grupo religioso, étnico, sexual? Waldron no propone una inquisición verbal, como la que emprende nuestra Corte en esta lamentable resolución. Para defender la dignidad de las personas hay que rechazar el infundio colectivo-no la ofensa. Los ministros que se han pronunciado por excluir palabras del vocabulario constitucionalmente admisible asumieron el poder de rehacer el lenguaje... en nuestro beneficio. Con gruesa tinta negra ha tachado dos palabras como generadoras de tales daños que deben considerarse impronunciables. ¿Redactará la Suprema Corte de Justicia un diccionario de palabras saludables e inofensivas que podemos usar sin lastimar a nadie? Si ya hay dos palabras ilícitas, mañana puede haber diez y la semana siguiente diez mil. De acuerdo a los criterios que la Primera Sala expuso, no será difícil emprender esa limpia del lenguaje: simplemente habrá que detectar los vocablos que ofenden a una categoría personas y ya está: la Corte las proscribirá. Una resolución ambigua y francamente peligrosa para el clima de libertad de expresión en el país que, para sumarle ofensa al absurdo, otorga el privilegio de usarlas en exclusiva a los artistas y a los científicos. "La función de los tribunales, en particular el constitucional, concluye el Ministro Cossío, no es erigirse en policías de las palabras." En eso se ha convertido nuestra Corte: gendarme del lenguaje políticamente correcto. Asumiendo el poder de proscribir toda expresión hiriente, la Corte es el tribunal de nuestras conversaciones, el protector de la decencia verbal y hasta el juez del humor. Del blog de Jesús Silva - Herzog Márquez

El liberalismo no es un credo

Openculture ha rescatado un artículo de Bertrand Russell publicado en el New York Times en 1951. El liberalismo no es un credo, dice; es una disposición. Una actitud opuesta a cualquier credo. El artículo concluye con un decálogo para liberales:

1.- No te sientas absolutamente seguro de nada.

2.- No creas que vale la pena producir creencias escondiendo pruebas, porque la verdad saldrá a la luz.

3.- No desalientes el pensamiento, porque tendrás éxito.

4.- Cuando te encuentres con críticos, sea tu marido o sean tus hijos, enfréntalos con argumentos, no autoridad, porque una victoria que depende de la autoridad es irreal e ilusoria.

5.- No respetes la autoridad de otros, porque habrá siempre una autoridad contraria.

6.- No utilices el poder para suprimir opiniones que te parezcan perniciosas, porque si lo intentas, las opiniones te suprimirán a ti.

7.- No temas tener opiniones excéntricas, porque todas las opiniones que hoy son comunes fueron excéntricas antes.

8.- Disfruta el desacuerdo inteligente más que el acuerdo pasivo, porque, si aprecias la inteligencia como deberías, lo primero supone un acuerdo más profundo que lo segundo.

9.- Respeta la verdad, aunque la verdad resulte inconveniente, porque te será más inconveniente tratar de ocultara.

10.- No envidies la felicidad de los que viven en un paraíso de tontos, porque sólo un tonto pensaría que eso es la felicidad.

Del blog de Jesús Silva - Herzog Márquez.

La ciudad más ‘open mind’ de EU prohíbe los desnudos

Publicado por Enrique Cárdenas, en la página Web de Pedro Ferriz de Con

SAN FRANCISCO (AFP).- Legisladores de la ciudad de San Francisco votaron este martes a favor de la prohibición a desnudarse en público, a pesar de numerosas protestas en la que es considerada la ciudad más libre y relajada de la costa oeste estadounidense.

El ayuntamiento de la ciudad aprobó una ordenanza propuesta por el concejal Scott Wiener, un residente del vecindario Castro, conocido por ser un refugio gay donde, además, se exhibe el desnudo públicamente.

La ley que prohíbe andar desnudo en público fue aprobada por 6 votos a favor y 5 en contra en una reunión vespertina en el ayuntamiento, dijo a la AFP Andrés Power, un asistente de Wiener.

“La libre expresión es en teoría muy agradable… hasta que llega a tu vecindario”, señaló Wiener en la reunión. “Les garantizo que la gente no debe esperar tanto como esperamos nosotros en Castro”.

La ordenanza prohíbe a toda persona de más de cinco años mostrar sus genitales o región anal en público e impone multas de 100 a 500 dólares a sus infractores.

Wiener había dicho anteriormente que el nudismo público seguirá siendo aceptado en las playas de San Francisco y en varios festivales famosos por sus pieles expuestas a la fría neblina de la ciudad.

Tras conocer el resultado de la votación, un grupo de manifestantes protestó ante la entrada del ayuntamiento y una mujer, que comenzaba a desnudarse, fue cubierta por la policía con una cobija.

“Desnudez no es lo mismo que lascivia. Dejen a San Francisco en libertad”, decían los carteles de los manifestantes, un puñado de los cuales logró desnudarse del todo.

Los manifestantes, que argumentan que la prohibición es una afrenta contra su libertad de expresión, habían entablado una demanda para intentar detener esta ley.

Pero Wiener, que ha residido en Castro desde hace 15 años y ha luchado largamente por medidas más estrictas en su zona, desestimó tales esfuerzos como “frívolos”.

Cuna del movimiento a favor de los derechos de los homosexuales en los años 60 y 70, el barrio Castro es aún uno de los vecindarios más liberales de la ya liberal ciudad.

Además es (o era) una zona franca en lo que toca a la desnudez pública, particularmente en la plaza Jane Warner.

Cercanía de nuevo tipo

La suerte del próximo gobierno depende más del liderazgo del presidente sobre su partido que de su capacidad negociadora con la oposición. Es cierto, los electores reeligieron en 2012 al gobierno dividido. No le dieron al nuevo presidente una mayoría en las asambleas federales y por ello lo obligaron a negociar con las oposiciones para promover cualquier cambio legislativo. Sin embargo, la perspectiva del acuerdo con otros partidos parece relativamente sencilla o, por lo menos, más sencilla de lo que parece el acuerdo del futuro presidente con los muchos intereses que integran a su partido. Las propuestas que durante su campaña hizo el presidente electo están, en efecto, más cerca de la plataforma y las propuestas de Acción Nacional que de la declaración de principios del PRI.

Una de las incógnitas del futuro inmediato es el carácter del liderazgo partidista de Peña Nieto. Doy por descontado que los dos precedentes son inservibles para lo que viene. El habitante de Los Pinos no puede volver a ser la cabeza de un partido hegemónico verticalmente disciplinado porque ya no controla todos los hilos del poder. No tendrá en sus manos los instrumentos que dispensan los premios y los castigos implacables de antaño. Bajo el viejo régimen, el presidente era capaz de terminar fulminantemente una carrera política. Era también el gran proveedor de recompensas. Por eso, bajo aquellas reglas, la indisciplina era suicida. El presidente tenía un inmenso poder en su partido porque era el supremo administrador de las ambiciones.

El segundo precedente fue extravagante y breve. El último presidente priista quiso desentenderse de las responsabilidades del liderazgo partidista. Bajo la idea de que sus responsabilidades de Estado hacían incompatible la dirección informal del partido gobernante, quiso separarse ostentosamente de él. Bautizó a su política como “sana distancia” porque creía que el vicio estaba en la cercanía entre presidencia y partido y no en el modo de ejercer influencia. No se había percatado el presidente Zedillo que el régimen había cambiado: el partido hegemónico se desvanecía a medida que los partidos ocupaban plazas de gobierno. La dinámica al interior del PRI no era ya la clave del régimen: lo importante era que la competencia ya se había instalado entre nosotros.

La confusión de aquellos años es significativa. La tesis de separar al presidente de su partido proviene de una ingenuidad popular. Creer que las tareas del presidente suponen alejamiento de las parcialidades partidistas: para ser un auténtico jefe de Estado hay que elevarse por encima de los partidos. Más aún, en aquellos tiempos se pensaba que un presidente que se asumiera como cabeza del PRI, estaría dispuesto a torcerlo todo para beneficiar al PRI. Hoy podemos ver las cosas de otra manera. Tener claro que el carácter democrático de un sistema proviene de la competencia entre los partidos, la mecánica de los poderes, la vigencia de la crítica, y no el liderazgo que un presidente ejerza sobre su partido. De hecho, debemos decir que uno de los secretos de la gobernación en democracia es la capacidad del presidente para conducir la acción legislativa de su partido. En un contexto como el nuestro, un ejecutivo tiene que partir de su propia coalición partidista en busca de los votos necesarios para conformar mayoría. Sin el respaldo inicial de su partido, un presidente puede hacer muy poco.

El liderazgo partidista del presidente no es, en modo alguno, mancha democrática. Es, por el contrario, secreto de la gobernabilidad. Ahí es donde la presidencia de Peña Nieto encara su reto más serio: cómo transformar una extensa coalición conservadora en una alianza reformista. El futuro presidente no puede restablecer las viejas cadenas de la lealtad y de la disciplina. No tiene los instrumentos de antaño ni puede desentenderse de las responsabilidades del liderazgo. Sin los látigos ni los caramelos de antes, debe fundar un nuevo tipo de liderazgo, una nueva cercanía que sea, al mismo tiempo, eficaz y democrática. Para gobernar está obligado a conducir al PRI, pero tendrá que hacerlo en el contexto de un nuevo régimen que vive ya con rutinas de competencia entre los partidos y dentro del suyo propio; un régimen en el que la clase política no espera las instrucciones del centro sino que se mueve con los resortes locales.

La tarea del presidente electo es propia de un equilibrista consumado. Si su vocación reformista es real, tendrá que caminar muy cerca de su partido y al mismo tiempo, tomar distancia de los intereses que ha protegido desde hace décadas.
De Jesús Silva - Herzog Márquez.

LAS FUGAS EN LOS PENALES Y LA INDOLENCIA DE LAS AUTORIDADES

132 reos se fugaron de un Centro de Readaptación Social (Cereso) del municipio de Piedras Negras, en el estado de Coahuila, confirmó este lunes el procurador de justicia estatal, Homero Ramos.

El presidente Felipe Calderón dijo esta mañana que es deplorable la fuga de 129 reos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de la ciudad de Piedras Negras, en Coahuila.

 El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, llamó a las autoridades federales y estatales a reforzar la seguridad en los penales y reconoció que la fuga de reos del penal de Piedras Negras es una muestra de la grave situación en que se encuentra el sistema penitenciario del país.

Estas son declaraciones de las autoridades actuales, ahora citare algunas que ya tienen bastantes años y que se refieren al sistema penitenciario mexicano:

Prisciliano Sánchez (1825), al referirse a las cárceles, veía la necesidad de edificar cárceles seguras y sanas, 

que sirviera como correctivos del daño ocasionado, pero como higiene para la salud futura.

Mariano Otero (1842), tuvo entre muchos atributos una visión penitenciaria, siendo el primero de su época en citar la necesidad de un sistema carcelario, con libertad anticipada y conformar una asociación que protegiera al liberado.

Como reglamento carcelario de vanguardia, el penitenciarismo cita el promulgado por Ramón Corona, en 1887, al contemplar la organización interna, la selección del personal, el trabajo rehabilitador, el estudio del carácter de los internos, el funcionamiento de una junta de vigilancia, el mantenimiento a las instalaciones, la educación y preservación de la salud de los prisioneros, la identificación de los internos, la separación de procesados y sentenciados, de los hombres de las mujeres y la rehabilitación del interno por medio de la moral, la ley y el trabajo, con la posibilidad de suavizar las penas.

El auge del penitenciarismo en México se da a finales del porfiriato, que dan como resultado las Leyes de Ejecuciones de 1947 en Veracruz, las de Sonora, Zacatecas y la Ley Orgánica de la Penitenciaría Central del Estado de Jalisco, promulgada el 21 de marzo de 1954, que en conjunto con la Ley de Ejecuciones, sentaron las bases para reglamentar el penitenciarismo en nuestro País, de estos cuerpos de leyes se tomaron algunos principios para conformar las Reglas Mínimas de la ONU.

No obstante lo anterior la técnica penitenciaria no se encontraba en las cárceles Mexicanas, pero la delincuencia seguía con su evolución de tal suerte que hizo sentir su predominio en las cárceles, donde reinaba la ley del más fuerte, mediante el autogobierno, que se sostenía con el gansterismo evolutivo, el mando y el sistema eran la realidad brutal de los propios presos, pero jamás de la autoridad.

En 1971 el gobierno federal buscando un cambio del penitenciarismo empírico; auspicio la promulgación de las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, impulso la selección y capitación del personal existente, participo junto con los estados para la construcción de centros de tratamiento (CERESOS), formo el Instituto de Ciencias Penales, todo ello plausible desde el punto de vista teórico, pero con poca penetración práctica, esto es, un camino de buenas intenciones.

Durante el mandato del Presidente Miguel Alemán, los gobernadores le muestran su preocupación por las cárceles, a efecto de aumentar las posibilidades de readaptar a los delincuentes por medio del trabajo y la educación, como respuesta surge la convocatoria para el Congreso Nacional Penitenciario, celebrado en el Distrito Federal, del 26 de octubre al 1 de noviembre de a1952, en donde se tocaron como temas; la resocialización del delincuente, la arquitectura penitenciaria y la problemática de los reos liberados, como ponencias se presentaron el método de clasificación como resultado de los estudios practicados a su ingreso y la capacitación de los funcionarios

El 1 de octubre de 1964, el Presidente López Mateos envío a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma del Artículo 18 constitucional, debido al incumplimiento en muchos estados del propio artículo, ya sea por razones económicas o por indiferencia, pero si quedo claro la necesidad de tener de forma sistemática trabajo en los reclusorios; el 3 de noviembre de 1964, se aprobó el siguiente texto: Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizaran el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgaran sus penas en lugares separados, de los destinados a los hombres para tal efecto

Por fin la capacitación para el trabajo y la educación, medios indispensables para el tratamiento y la readaptación de los internos, son ordenamientos constitucionales.

Durante la gestión del presidente Díaz Ordaz, quien completa el proceso de reforma constitucional del Articulo 18, mismo que fue aprobado el 15 de diciembre de 1964 y publicado el 23 de febrero de 1965, mando realizar en toda la república un estudio para conocer el estado que guardaban las cárceles, el resultado; los presos estaban en edificios no apropiados y con sobrepoblación, en un solo edificio se albergaban procesados y sentenciados, hombres, mujeres y menores de edad, separados, también encontraron que no existían talleres y en las pocas cárceles que contaban con ellos, estos eran insuficientes para darle trabajo a los presos.

"La sociedad tiene 47 años olvidando a los presos, porque son nuestros 'engendros', nuestros hijos olvidados", dijo José Luis Musi, especialista en asuntos penitenciarios (4 de marzo 2012, CNN).

De los 230,943 reos que tiene el sistema penitenciario en todo el país, 47,816 son del fuero federal y 38% de éstos se encuentran en prisiones federales. El resto convive en centros de reclusión estatales, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), (4 de marzo 2012, CNN).

La fuga de al menos 132 reos del penal de Piedras Negras, Coahuila, en el norte de México, se agrega a una larga lista de escapes de prisión en lo que va del mandato del presidente Felipe Calderón, que comenzó en diciembre de 2006. La fuga de la cárcel de Piedras Negras es la segunda más grande del sexenio. La mayoría de los episodios de este tipo ha ocurrido en Tamaulipas, también en el norte del país.

El 16 de mayo de 2009, 53 reos se fugaron del penal de Cieneguillas, en Zacatecas, luego de que hombres armados ingresaran al penal, presuntamente en complicidad con las autoridades penitenciarias. Las cámaras de seguridad del penal captaron cuando los individuos ingresaron al Centro de Readaptación Social (Cereso), abrieron las celdas y huyeron, sin disparar un solo tiro.

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en el noreste del país, han ocurrido al menos cinco fugas masivas desde 2009 a la fecha. En octubre de 2009 se fugaron 17 reclusos, en abril de 2010 huyeron 13 presos, en julio del mismo año huyeron otros 12, en septiembre de 2010 se registró la fuga de 85 reos, y en mayo de 2011 se fugaron 17

También en el estado de Tamaulipas, en la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo, 59 reos escaparon en julio de 2011, tras una riña que causó siete reclusos muertos, según las autoridades estatales. Cinco custodios fueron reportados como desaparecidos. En esa misma ciudad, en diciembre de 2010 ocurrió la fuga más grande hasta ahora registrada, cuando 151 reos escaparon del penal local. Tras la fuga, el responsable estatal de los penales fue cesado por las autoridades de Tamaulipas.

En la ciudad de Matamoros, en el mismo estado, en marzo de 2010 se fugaron 41 presos, 38 de ellos acusados por delitos federales, y tres por delitos del fuero común. Los reos presuntamente salieron por la puerta principal del penal, ayudados por dos celadores. Las autoridades  estatales anunciaron el cese del director del penal tras el hecho.

En febrero de este año, al menos 30 reos afiliados a Los Zetasescaparon del penal de Apodaca, en Nuevo León, luego de masacrar a más de 40 rivales del cártel del Golfo, según autoridades estatales, que creen que autoridades penitenciarias ayudaron en la fuga. Los directivos del penal y 18 celadores que estaban en funciones al momento de la fuga fueron detenidos tras el hecho (Notas de CNN).

Estas cifras y otros lamentables hechos pudieron evitarse si la autoridad responsable hubiese tenido la sensibilidad de ver a los CERESOS, como una oportunidad de iniciar una de las vertientes de la prevención del delito, esto es que las prisiones fuesen establecimientos que cumplirán a cabalidad con el fin que fueron creados, desarrollando en ellos las medidas que son del elemental conocimiento de un penitenciarista, cito algunas como ejemplo:

Iniciemos con la aplicación literal de los fines de la pena; debe obrar en el delincuente, creando en él, por el sufrimiento, motivos que le aparten del delito en lo porvenir y reformarlo para readaptarse a la vida social. Tratándose de inadaptables, la pena tiene como finalidad la eliminación del sujeto (cadena perpetua en establecimientos de alta seguridad, sin derecho a ningún beneficio)

Indudablemente él último fin de la pena es la salvaguarda de la sociedad. Para conseguirlo, debe ser Intimatoria, para evitar la delincuencia por el temor de su aplicación, Ejemplar, al servir de ejemplo a todos, y no solo al delincuente, para que todos adviertan la efectividad de la amenaza Estatal. Correctiva, al producir en el penado la readaptación a la vida normal, mediante los tratamientos curativos y educacionales adecuados, para impedir la reincidencia. Eliminatoria, ya sea temporal o definitiva según el condenado pueda readaptarse a la vida social o se trate de sujetos incorregibles. Justa, pues la injusticia acarreara males mayores a todos los miembros de la colectividad.

LA SEGURIDAD INTERNA DE FUGAS Y MOTINES

Las fugas no serian posible sin el auxilio interno o externo, y en ocasiones de ambos, debemos señalar que el éxito de una prisión se mide por su grado de seguridad, el número de evasiones y motines que registra.

Sobre las medidas de seguridad del establecimiento es fácil deducir que dentro de las áreas de población los custodios no portan arma de fuego alguna, para evitar que se las quiten y sirvan de rehenes.

Uno de los lugares preferidos para pelearse o aplicar el cobijazo a la víctima son los baños de los dormitorios.

A continuación señalaremos las formas mas comunes para lograr las evasiones:

 a) escalamiento de murallas,

b) construyendo túneles,

c) vías naturales de acceso a las instalaciones (aduanas),

d) durante el traslado a los juzgados o diligencias, e) a través de la “reja de prácticas” de los juzgados.

Jamás debemos de olvidar que la “evasión es una permanente aspiración del preso, por lo que debemos de coincidir nuevamente en el pensamiento de SÁNCHEZ GALINDO, quien manifiesta:

“Es aspiración constante, reiterada e incansable de todo interno, y es natural que así suceda, el desear la Libertad.

Aquí se presentan dos posibilidades, una durante el proceso y otra durante el tiempo de sentencia. Con frecuencia la inquietud es mayor durante el proceso que en la sentencia, porque es más duro el planteamiento psicológico que produce la incertidumbre del proceso que la cruda realidad que ofrece la sentencia.

A quienes mayormente les motiva la idea de fugarse es a los delincuentes que tienen escasas posibilidades de obtener su libertad, por sus elevadas sentencias, quienes las organizan cuentan con tres condiciones favorables:

a) la extendida corrupción entre custodios y directivos,

b) abundantes recursos económicos destinados a tales fines,

c) una organización externa que apoya.

Podemos deducir que los puntos más débiles de la seguridad carcelaria son dos: las aduanas y las murallas en los Reclusorio. El primero a causa de la corrupción del personal que labora en las cárceles, y el segundo por la escasa (a veces nula) vigilancia. Otro punto vulnerable son las diligencias a juzgados o a otros penales.

Con todo lo anterior en lo personal puedo concluir que desde el siglo XIX, no existe autoridad de ningún nivel de gobierno que considere el sistema penitenciario como una prioridad en los sistemas de seguridad que implementan, en consecuencia todo el dinero que se invierte en estos establecimientos no rinden frutos satisfactorios a la sociedad quien es la que solventa el sostenimiento de ellos, la gran pregunta es:

 ¿A la autoridad responsable le falta capacidad, voluntad o está inmersa en la impunidad que rige actualmente este sistema?

Quintana Roo, a un paso de quedarse sin policías

De no alcanzar la certificación de sus policías en enero de 2013, fecha en que la finaliza el plazo previsto por la ley para evaluar al 100 % a todas las corporaciones policiacas de México, Quintana Roo y sus 10 municipios se convertirían en el primer Estado del país que tendrían que separar de sus cargos al 98 % de los policías.

De enero de 2010 al 31 de julio de 2012, las autoridades estatales y municipales de Quintana Roo han evaluado al 10.13 % de sus mandos y al 2.76% de los policías operativos, que ubican a ese Estado en el último lugar nacional en materia de certificación policiaca.

“Lo que está estipulado en la ley es que todo aquel policía o mando que no este certificado antes del plazo previsto (enero de 2013), no podrá continuar en la institución de seguridad pública a la que pertenece”, informó Luz del Carmen Díaz, titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entrevistada por Animal Político, Díaz explicó que aun cuando la ley es muy clara sobre los tiempos establecidos para lograr la certificación de las corporaciones, en el caso de Quintana Roo se deberá hacer una revisión con los legisladores para ver cuál será el procedimiento qué se deberá seguir, porque es evidente que no podrán cumplir con la meta de evaluar al 100% a sus policías y mandos.

“En Quintana Roo tenemos que sumar esfuerzos, porque el Estado y sus municipios no se pueden quedar sin fuerza policial”, dijo Díaz.

Explicó que el rezago en la evaluación de policías estatales y municipales se viene arrastrando desde el gobierno de Félix González, cuya administración argumentaba que no había suficientes recursos para avanzar y que tenían otras prioridades en materia de seguridad.

Una revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) que el gobierno federal le entregó a Quintana Roo en 2010, en lo que fue el penúltimo año de la gestión de González, arrojó que las autoridades estatales no utilizaron adecuadamente el recurso y detectaron una serie irregularidades relacionadas, entre otras cosas, con la evaluación de  policías estatales y municipales.

Los auditores concluyeron que aún cuando  en 2009 y 2010 los recursos asignados para la creación y operación del Centro Estatal de Control de Confianza (organismo encargado de la certificación de los policías) oscilaron en los  5.2 y 4.4 millones de pesos respectivamente, el organismo  se encontraba en la etapa inicial del proceso de certificación y acreditación, por lo que estaba trabajando parcialmente y sin poder emitir certificados.

Además, revelaron que al momento de hacerse la auditoría el Centro operaba con 5 personas que se encontraban en “proceso de capacitación”, pese a que la plantilla autorizada era de 41 personas. A julio de 2012, contaba con 2 poligrafistas, 6 psicólogos, 2 investigadores y 1 director, por lo que aún faltaba por integrarse 30 empleados.

La demora que presenta Quintana Roo en la certificación de sus policías, provocó que el martes 28 de agosto, en el marco del “Foro Nacional: Sumemos causas, ciudadanos más policías”, el presidente Felipe Calderón reclamara a las autoridades estatales el  retraso. “Hay estados que van muy bien, ya avanzando más de la mitad de sus exámenes de control de confianza. Hay estados que no han terminado de establecer su Centro de Control de Confianza, como, desgraciadamente, es el caso de Quintana Roo. Y no están evaluando a sus policías”.

El miércoles 29 de agosto, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, respondió a los señalamientos de Calderón al declarar ante medios locales que era un error que ubicaran a su estado en el último lugar en materia de certificación policiaca, pues habían practicado exámenes toxicológicos al 40% de sus policías.

“Puede ser que hayan aplicado esa cantidad de exámenes que dicen, pero los antidoping solitos, al menos que salgan positivos, no nos sirve para determinar el nivel de confiabilidad de un policía o mando”,  comentó Luz del Carmen Díaz.

Expuso que si bien es cierto que con las pruebas antidoping se puede avanzar más que con otras fases del proceso de certificación, los centros no pueden emitir resultados sino se da una evaluación integral, como es la de practicar exámenes psicológicos, de entorno social, de consumo de drogas y de polígrafo.

“El gobernador efectivamente nos podrá informar que ya aplicaron el 40% de exámenes toxicológicos, pero tiene que completar los 4 exámenes. Hasta que no completen el resto de las fases no podemos reportar una evaluación integral”, concluyó Díaz

De Animal Político 

Desapariciones forzadas: No hay delito que perseguir

De Animal Político ;

La legislación nacional para sancionar con cárcel a  los servidores públicos que cometen el delito de desapariciones forzadas  es una simulación. El Informe  de Naciones Unidas publicado este año, señala que en el país existen sólo 2 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada, mientras la cifra de desaparecidos en el sexenio de Calderón  se calcula en más de 30,000 personas.

En la gran mayoría de los Estados de la República ni siquiera  existe éste  delito en sus  Códigos Penales y en donde si existe están redactados de forma mañosa para que el   ministerio público  no pueda acreditar su comisión  y  concluya que “no hay delito que perseguir”.

Para poder acreditar la comisión de un delito, es necesario que  la conducta delictiva coincida exactamente con lo establecido en el tipo penal. Por poner un ejemplo: El Código  Penal del Distrito Federal dice que “comete el delito de desaparición forzada el servidor público  que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas…” así que sí  un servidor público  detiene a la persona y otro la mantiene oculta, pues ninguno de los dos comete el delito de desaparición forzada, porque no encajan exactamente con la definición del Código. La perfecta impunidad.

El Estado Mexicano  no se hace responsable de los delitos que comete, parece que los minimiza y se protege. Otro ejemplo: el secuestro es  considerado más grave que la desaparición forzada en el que la responsabilidad recae directamente en un servidor público que hace uso de esa calidad para  cometer el delito a diferencia del secuestro que es cometido por particulares.

Las desapariciones forzadas son  típicas  de los Estados autoritarios y nosotros nos estamos acercando mucho. No sólo se tolera la impunidad sino que  se provoca por medio de  un marco jurídico que resulta ineficaz para castigar el delito, los responsables saben que no pisarán la cárcel.

En su informe, Naciones Unidas  hace un llamado de atención al gobierno al señalar que “parecería que el Estado  Mexicano no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas”  pero la observación del Organismo Internacional no ha tenido repercusiones. Los legisladores locales y federales no han modificado su Códigos para garantizar la protección a las víctimas y el acceso a la justicia.

Rosario Ibarra dice que para luchar contra el Estado las madres de los desaparecidos “aprenden a aguantarse la ira y a disciplinar el llanto porque el camino es largo”.  Y sí…

Paola Zavala Saeb (@paolasaeb), es abogada, especialista en derechos humanos. Ha publicado anteriormente artículos de opinión para El Universal y Nexos en línea. Ha hecho trabajos de consultoría e investigación para la ONU- DH, GDF, CIDE, SCJN, TEPJF y el INMUJERES. Actualmente es asesora legislativa.