Baile de máscaras

Por: David Tarrab*



México, país de máscaras. Cada seis años presenciamos un desfile decadente de rostros que lucen sonrientes, prometen un mejor porvenir, pronuncian promesas de cambio y grandes transformaciones que se deslizan por abismos continuos. Cada seis años los candidatos a la presidencia ocultan sus rostros con máscaras de optimismo que esconden los intereses de los grandes monopolios, de los Azcárraga, de los Salinas Pliego, de los Slim, de los Romero Deschamps, de los Gordillo. Cada seis años inician la danza para manipular las reglas, acomodan las piezas a su favor y se apoderan de un país para cobrar la renta al resto de la población.

En este país pocos se atreven a cambiar el sistema, ¿para qué hacerlo si la corrupción e impunidad benefician a los grandes actores? Cada seis años los poderes fácticos se imponen y permean todos los poderes, todas las estructuras partidistas: los azules, los tricolores, los amarillos, los verdes, los naranjas y los rojos.

En este país la sociedad yace aletargada, apática a una democracia disfuncional que ha decepcionado a todos, una democracia que trajo consigo una continuidad de setenta y un años de impunidad, violencia, crisis social y corrupción.

La distancia entre sociedad y política se acrecenta cada sexenio, cada año, cada mes, todos los días. La apatía y el desinterés de buena parte de la población es sin duda el peor enemigo de una democracia participativa y plural. En el desinterés, aliado incondicional de regímenes autoritarios, es donde se gesta el cierre de espacios participativos, pues favorece a los grandes jugadores, mantiene a los mismos partidos de siempre al mando del país, inhibe las candidaturas independientes, la reelección, la rendición de cuentas, favorece la parálisis política; los legisladores no legislan, los jueces no hacen justicia, los políticos permanecen al servicio de intereses particulares olvidando su deber público, poderes fácticos que cobran renta al mejor postor. Todo ello ahuyenta el crecimiento, la inversión, la democracia, la transparencia, la libre competencia. Cada seis años se imponen los intereses de siempre y por consiguiente, los resultados de siempre.

México, país que permanece en silencio, el país donde no pasa nada y violar la ley es una costumbre que no se castiga. Ahí persisten, caminando entre nosotros, los Marín, los Ulises Ruiz, los Montiel, los Bejarano, los Bribiesca, los Moreira.

México se encuentra atrapado entre los grandes intereses y una sociedad que se conforma con aceptar las reglas del juego impuestas desde la cúpula. Una sociedad que en su mayoría se informa a través de Televisa y TV Azteca, con noticias trastocadas, manipuladas, tratando de imponer su agenda, alentando la Ley Televisa, señalando el monopolio de Slim, sin darse cuenta de lo que ellos constituyen.

Vuelve el baile de máscaras, el país a la espera de su Lázaro que los guíe a buen puerto; del mesías que nunca llegará pero que sí entusiasma a los espectadores con los recorridos interminables por el país, palabras vacías, frases trilladas, promesas que nunca se cumplirán, y es que no es Enrique, no es Josefina, no es Andrés Manuel, ninguno transformará a México con las condiciones actuales.

México está sofocado por los grandes monopolios, por intereses que aplastan el desarrollo del país; sin embargo, hay mucho que hacer. México no es propiedad de ningún político, empresario, sindicalista o narcotraficante; algunos de ellos lo han secuestrado, pero México empieza a romper el silencio, el hartazgo es innegable.

Es hora de hablar del verdadero México, hablar de nuestros 60 mil muertos en la guerra contra el narcortráfico, es hora de hablar de nuestras muertas de Juárez, de encarar una guerra que no va ninguna parte. Es tiempo de rescatar nuestro sistema educativo que permanece secuestrado, tiempo de impulsar una reforma política integral e incluyente, tiempo de impulsar las reformas estructurales que el país requiere desde hace décadas.

Es tiempo que en México se cumpla el estado de derecho, es tiempo de la ciudadanía responsable y participativa en su entorno político, económico y social. Tiempo de abrir los ojos y no de cerrarlos, basta con el país de no pasa nada, basta de la apatía a todo lo que nos afecta, basta del “y yo por qué”, basta de la política de cuates y privilegios que desincentiva el crecimiento y desarrollo del país.

Es tiempo de divulgar las buenas noticias, de hablar de nuestras familias, de nuestra cultura,  nuestras fiestas, nuestras canciones, nuestra arquitectura, nuestro cine, nuestra fotografía, nuestro arte, nuestra historia, nuestra gastronomía, nuestros logros, nuestra gente.

Es hora de hablar de todos los Méxicos, alzar la voz y quitarnos las máscaras. Pedir de vuelta el país que permanece en renta, recuperarlo y ocuparlo, arrebatarlo, volverlo nuestro otra vez con sus retos, victorias, fracasos, virtudes y defectos. Se acabó el tiempo, es nuestro tiempo.





* David Tarrab es licenciado en RI, tiene estudios en Ciencias Políticas por la Universidad de Essex, Reino Unido, así como un posgrado en Dirección y Administración de Empresas por el ITAM. Actualmente estudia la Maestría en Innovación para el Desarrollo Empresarial en el ITESM, en conjunto con la Universidad de Stanford.

A la deriva

¿Cuándo se extravió el PAN? ¿Cuándo perdió el mapa y la ruta? No es claro en qué momento dejó de saber lo que representaba, cuándo dejó de tener claro su proyecto. El caso es que, a doce años de ocupar la presidencia, el PAN no tiene idea de dónde está ni qué quiere. Ha dejado de entender a sus adversarios y no tiene claridad de lo que le propone a los electores. Un partido a la deriva.

La tarea diaria de la candidata del PAN es explicar el error de la jornada previa. Los tropiezos cotidianos no son simples errorcillos logísticos, signos de una campaña descoordinada, torpezas de su equipo inmediato. El desliz diario retrata a una candidatura que no pudo despegar pero también a un partido desorientado. Si no sabemos qué mensaje quiere proyectar Josefina Vázquez Mota es porque representa a un partido atolondrado, El PAN vive una profunda crisis de identidad producto de dos sexenios frustrantes y el extravío de sus principios elementales. En Josefina Vázquez Mota, el PAN encontró a la candidata que exhibe y que magnifica esa crisis. El PAN de Vázquez Mota es un partido sin claridad y sin ambición, sin voluntad, sin apetito. Confusión e inercia, los dos motores de la campaña del PAN.

Ningún partido está libre de críticas, pero puede decirse que, tanto el PRI como el PRD proyectan un mensaje claro, una imagen elemental, un discurso simple y entendible. Eso sería lo primero que podríamos pedirle a los partidos en campaña: un mensaje coherente que embone con la circunstancia. Mientras Peña Nieto insiste en presentarse como el candidato de la eficacia, López Obrador ondea la bandera del cambio auténtico e insiste en su superioridad moral. El primero sabe cumplir, el segundo es el incorruptible que traerá la verdadera transformación. Los electores podrán dejarse seducir por estos mensajes o reaccionar en su contra, pero no cabe duda de que los ciudadanos pueden captar la idea centrar de cada una de esas opciones. Si Peña Nieto es el cumplidor y López Obrador el cambio verdadero. ¿qué busca el PAN? ¿Qué dice Josefina Vázquez Mota? Que es diferente. ¿Diferente de quién? ¿De todos los hombres? ¿De Calderón? ¿De los dos gobiernos panistas?

Si hay estrategas dentro el PAN y al interior de la campaña presidencial, no se han decidido por el mensaje que quieren trasmitir. Cada idea es desbaratada por el  mensaje inmediato. La política del consenso aparece así como la política de la indefinición o, tal vez, la política de la contradicción. La candidata del partido en el gobierno habla de su diferencia pero nadie sabe en qué consiste la novedad. ¿Se trata de la cuarta candidatura de oposición? ¿Quiere Vázquez Mota construir una campaña que contraste con la política de Calderón? El hecho es que la carta principal de su candidatura queda, de inmediato, vaciada de contenido. Hablar de diferencia pero negarle sustancia. ¿Se trata acaso del intento de enfatizar la carta de género? Podría ser. Que la carta del PAN sea mujer podría ser fogón para el entusiasmo. La candidata podría hilvanar--¿por qué no?--un discurso sobre las peculiaridades del liderazgo femenino en la circunstancia mexicana; sobre el cambio cultural, el salto histórico que implicaría la presidencia de una mujer, pero de inmediato la candidata tropieza con los más vulgares tópicos del machismo: “tendré muchos pantalones,” nos advierte. Uso falda pero gobernaré como hombre, parece decir. El ser diferente de la campaña de Vázquez Mota es nada.

Vázquez Mota ganó cómodamente la candidatura del PAN pero no asumió el liderazgo del PAN ni ha tomado el control de su propio equipo. Si una campaña electoral es, en primer lugar, una prueba de liderazgo, Josefina Vázquez Mota la está reprobando aparatosamente. No ha logrado definir la agenda de la contienda, no ha formado un grupo compacto y eficaz, no ha hecho sentir su voz. Lo más grave, a mi juicio, es que estas semanas han demostrado que Vázquez Mota no tiene los reflejos en su sitio. Ante la catástrofe de su campaña no acierta a dar el golpe de autoridad que requiere sino que acude a la fotografía de la unidad. Instinto de politburó. En lugar de reconstituir su equipo para formar un compacto grupo de colaboradores que le permitan planear inteligentemente y reaccionar con agilidad, anuncia que todo el padrón de panistas está con ella. En lugar de desprenderse de quien no funciona, cesa a un colaborador que comete el pecado de oprimir una tecla equivocada. Lo peor para la causa del PAN ya sucedió. Los constantes errores de Vázquez Mota han logrado lo improbable: ver con nuevos ojos a Peña Nieto y a su equipo. Frente a la torpeza habitual de la campaña panista, aparece un equipo priista al que no puede negársele eficacia, claridad, profesionalismo.

El PAN tuvo durante décadas la fortuna de definirse por contraste. A doce años de haber ganado la Presidencia tenía el deber de definirse por afirmación. Josefina Vázquez Mota expresa la mudez del PAN para definir en positivo su propia identidad.
De Jesús Silva - Herzog Márquez. 

Las otras campañas

De Federico Berrueto

La geografía electoral está cambiando mucho más rápido de lo que se advierte. Los cambios son profundos, lo que revela una transformación de la base de los partidos. Quien tenga mayor sensibilidad en el tema regional, mayores serán sus posibilidades de éxito, especialmente si se tiene claridad sobre los electores indecisos.

Seis de cada 10 votantes habrán de sufragar simultáneamente en elecciones presidenciales y comicios locales. En siete entidades se renovará el Ejecutivo local. Las campañas estatales y la del DF se realizan de conformidad a las legislaciones locales, aunque hay reglas comunes que se derivan del marco electoral en la Constitución. Más allá de las instituciones y los calendarios, es una realidad que la política cada vez es más local.

En esto radica la diferencia entre los distintos candidatos presidenciales. Quien quiera descifrar la incógnita sobre el desenlace de la elección se equivocará si excluye lo que ocurre en la dinámica diversa de estados, municipios y el Distrito Federal. Así, por ejemplo, el discurso presidencial sobre la inseguridad y la responsabilidad de los gobiernos priistas tiene alta recepción en el norte del país y parte del estado de Veracruz, no así en el resto. No obstante ser territorios gobernados por el PRI, el presidente Calderón allí tiene las mejores calificaciones; las más bajas se observan donde hay mayor densidad de población, esto es, en el centro del país.

La geografía electoral está cambiando mucho más rápido de lo que se advierte. Los datos agregados en lo nacional de los estudios de intención de voto o el ejercicio estadístico de elecciones pasadas no permiten dar cuenta de lo que está ocurriendo. Los cambios son profundos, lo que revela, también, una transformación de la base electoral de los partidos. Quien tenga mayor sensibilidad en el tema regional, mayores serán sus posibilidades de éxito, especialmente si se tiene claridad sobre los electores indecisos pero afines, quiénes son, dónde están, qué los mueve, qué esperan de sus próximos gobernantes o representantes.

La elección presidencial de 2006 se resolvió en los estados del Bajío, particularmente donde hubo elecciones concurrentes. Guanajuato, Querétaro y Jalisco dan ventaja de Felipe Calderón sobre López Obrador por casi 2 millones de votos, cuando el candidato del PAN ganó la elección presidencial por doscientos treinta y tres mil y pico de votos. En 2006 López Obrador contó con un candidato presidencial del PRI poco competitivo, además, por su condición de ex jefe de Gobierno del DF contaba con una fuerza indisputada allí y en el Estado de México; en esas entidades obtuvo cinco millones doscientos setenta mil votos, 36% de todos sus votos nacionales.

De entrada la ventaja del PRI y de su candidato presidencial resulta de su fortaleza territorial. Peña Nieto es el único que representa una auténtica coalición territorial. No sólo es ex gobernador de la entidad más poblada del país, también tiene el respaldo de una alianza territorial tejida desde hace tiempo. No hay localidad importante en la que Peña Nieto no haya tenido presencia y cuente con aliados. En ello radica la horizontalidad de su apoyo y la fortaleza que consignan los datos de las encuestas.

La fortaleza del PRI también se remite a la competitividad de sus candidatos a gobernador. Por primera vez, en todos los estados los candidatos del PRI o de su alianza tienen ventaja o están muy próximos al empate, como sucede en Guanajuato, entidad desde hace tiempo gobernada por el PAN. Las cifras de hoy día anticipan que el PRI-PVEM ganaría todas o casi todas las elecciones de gobernador.

La fortaleza del PRI y de su candidato tiene un impacto directo sobre el PRD y su candidato presidencial. En muchas partes del país hay una disputa de su base social. En 2006 López Obrador era fuerte porque Madrazo estaba muy bajo en las intenciones de voto. Ahora la situación ha cambiado con Peña Nieto y esto explica, en buena parte, las dificultades del candidato de la izquierda. Aunque en menor grado, esto también repercute al PAN y a su candidata. El hecho es que se va conformando una geografía electoral considerablemente distinta a la de los comicios presidenciales pasados, con el agregado de que el ánimo de alternancia es significadamente alto.

Aunque con menor impacto, las elecciones de legislador y ayuntamientos también influirán en el escenario electoral. Candidatos competitivos en algo aportarán a la votación de los candidatos presidenciales. La sorpresa por descifrar es lo que hará el PRI en el DF para integrar candidaturas competitivas a partir de la fractura que existe en el PRD, ya con el desgaste de 15 años en el gobierno. No está por demás notar que el PAN tiene una posición muy baja en el DF y Estado de México, entidades que suman más de la cuarta parte de los votos nacionales.

Las otras campañas son clave para el desenlace de los comicios del 1 de julio. Esto nos remite a lo que todavía se ignora o involuntariamente se regatea por el centralismo que niega a la política local y que de siempre ha sido fundamental para la política nacional.

Cinco formas de perder dinero en el combate a la delincuencia

Como en la metáfora del pesimista que ve un vaso medio vacío, ahí donde un optimista lo halla medio lleno, la opacidad en el gasto del gobierno mexicano en materia de seguridad pública puede ser entendida como un “problema que nos desborda de manera brutal”, lo mismo que como un “enorme espacio de oportunidad para mejorar la efectividad” de las autoridades.

Tal es la conclusión del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, vertida en el estudio Gasto en seguridad, observaciones de la Auditoría a la gestión y uso de recursos, en el que se destacan los problemas administrativos detectados en el combate al delito que demandan “atención inmediata”, y que, siguiendo la misma lógica, al resolverse en el corto plazo se contribuiría ampliamente a la lucha contra la inseguridad, o que, por el contrario, “impactarían negativamente” de continuar la tendencia mostrada hasta ahora. Animal Político aquí te los presenta…

1.- Policía Ficción

Tras analizar la incidencia delictiva de 2009 en las 14 regiones del país afectadas de manera particular por el crimen organizado, en las cuales se determinó sufragar operativos especiales de la Policía Federal (la misma corporación ensalzada a través de una miniserie, por la que la SSP pagó a Televisa 118 millones de pesos), México Evalúa determinó que los homicidios vinculados al hampa no disminuyeron, sino que aumentaron 44% con respecto al año anterior. Es decir que, en un año, tras las 168 acciones especiales de la PF en esos 14 puntos, el número de asesinatos del crimen organizado pasó de 2 mil 242 a 5 mil 25, según estadísticas oficiales.

Además del efecto negativo de esta movilización de recursos humanos y materiales, el estudio elaborado con base en resultados de la Auditoría Superior de la Federación destaca malos manejos económicos en la Policía Federal, tales como que entre 2008 y 2009 se entregaron “apoyos” por 540 millones de pesos a personal que fue “comisionado” durante 180 días, “aún cuando las comisiones no pueden exceder más de 30 días, todo ello, sin contar con la autorización acorde con los lineamientos generales”.

Por otra parte, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública arrojó datos contradictorios en el mismo periodo, ya que “en 50% de las entidades federativas el número de elementos registrados fue superior a los elementos existentes”.

Otro dato ilustrativo es que el número de armas con las que contaban las distintas corporaciones mexicanas disminuyó 19.6% de 2008 a 2009, “sin que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública explicara las razones, no se sabe si están extraviadas, fueron robadas o cuál es su ubicación final”.

2.- ¿Dónde quedó el FUA?

Para contar con herramientas informáticas y estadísticas que permitieran desarrollar una lucha efectiva contra el delito, las autoridades crearon un ente denominado Plataforma México, adscrito a la SSP, encargado, entre otras cosas, de poner en marcha el Centro de Información Estratégica en Seguridad así como el Sistema Único de Información Criminal, para lo cual cuenta con un fondo que, hasta 2009, sumaba ya 2 mil 893 millones de pesos.

Dichos recursos, sin embargo, no son manejados directamente por la SSP, sino por un fideicomiso que, afirma México Evalúa, “no cumple con las características establecidas por la normativa correspondiente respecto a su operación y reporte”. Las adquisiciones realizadas por este fideicomiso, destaca el estudio, no se tramitaron a través del Formato Único de Adquisiciones (FUA), ni cuentan con formato de suficiencia presupuestal; además, para dichas compras, tampoco se realizaron sondeos de mercado, “por lo que no se cumple con los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez en los cuales se fundó la selección del procedimiento (de adquisición), que permitan garantizar las mejores condiciones para el Estado”.

Otra anomalía detectada en el manejo de ese fideicomiso es que la SSP no incluyó en su contabilidad los 196 millones de pesos generados por concepto de rendimientos financieros.

El fideicomiso fue, asimismo, empleado para la adquisición de mil 234 bienes para la Policía Federal, de los cuales 20% no están incluidos en los “registros de bienes” proporcionados por la corporación, mientras que otro 10% “no se encontraban resguardados, por lo que no es posible identificar al servidor público responsable del buen uso de éstos“.

Por último, el mismo informe destaca que, aún con la libertad de operación y gasto de Plataforma México, las entidades auditadas “tienen sistemas paralelos de información, debido a las insuficiencias operativas de éste”.

3.- La calmada provincial

A través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal  (FASP), los estados reciben recursos para reclutamiento y formación de personal policiaco; su equipamiento; el establecimiento y operación de redes de telecomunicaciones y servicios telefónicos de emergencia; la construcción y atención de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, así como de centros penitenciarios; así como para la evaluación de los programas de vigilancia.

Las entidades federativas, sin embargo no han ejercido una tercera parte de los recursos entregados para tales fines, tanto en 2009 como en 2010. En el primer año, por ejemplo, de los 6 mil 916 millones de pesos entregados a los estados, no se aprovechó el 35.1%, mientras que al año siguiente el subejercicio fue de 34%.

“Existe la percepción –señala México Evalúa–, de que el FASP premia a quien no ofrece buenos resultados, por estar asociada su asignación a los índices de criminalidad y la realidad local.”

Además, de los recursos que sí fueron gastados, hubo una parte manejada irregularmente, como los 68.4 millones de pesos que se usaron en 2009 para el pago de percepciones extraordinarias, “sin cumplir con la totalidad de las evaluaciones para su otorgamiento”; además, destaca el informe, “existe un número de adquisiciones de bienes que debieron llevarse a cabo mediante licitación pública, pero la mayoría de estas compras se adjudicaron en forma directa”.

4.- Crimen y castigo

Pero no sólo en cuanto a vigilancia de recursos existen inconsistencias… también las hay en cuanto a vigilancia de delincuentes: de los 97 mil 148 internos del fuero federal registrados en 2009, poco más de 77% se trató de personas que ya habían recibido sentencia condenatoria, pero de éstas, 60% obtuvieron una condena que purgan en libertad.

En teoría, estos delincuentes no encarcelados deberían recibir visitas constantes del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, para verificar que lleven una vida honrada; sin embargo, sólo 3% de estos convictos recibieron vigilancia efectiva en 2009, y tal cifra cobra relevancia, cuando se toma en cuenta que 40.6% de las personas sentenciadas por la comisión de algún delito son delincuentes que ya antes habían sido capturados por las autoridades y puestos en libertad.

5.- Equilibrio de la balanza criminal

Aunque entre 2000 y 20010 se multiplicó por siete el gasto de todos los niveles de gobierno, así como de los tres Poderes de la Unión, en materia de seguridad y justicia (al pasar de 20 mil millones de pesos a 140 mil millones), dicho incremento “no estuvo asociado a un decremento de la delincuencia, ya que ambas variables aumentaron al mismo tiempo, en lugar de mostrar un efecto opuesto”.

El presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, aumentó 71% en promedio anual entre 2006 y 2009, pero los delitos del fuero federal incrementaron 5.2% en el mismo periodo, lo que “permite dimensionar la amplitud de la brecha entre el ritmo de crecimiento del presupuesto ejercido y su impacto en la incidencia delictiva”.

Además, en el mismo lapso los delitos de alto impacto no disminuyeron, sino todo lo contrario: el secuestro subió 83%; los asesinatos 33% y el robo con violencia 31%.

El populismo de la venganza

De Jesús Silva - Herzog Márquez


El celo institucional del PAN lo convirtió durante varias décadas en una barrera contra la tentación populista. Combatiendo al partido hegemónico o rechazando la retórica lopezobradorista, el partido de la derecha mexicana solía defender el método democrático, entendido como el riel de leyes y procedimientos que permite encauzar civilizadamente las diferencias. Desde luego, el populismo también visitó al PAN con figuras como la de Clouthier o la de Fox, pero el núcleo de su identidad estaba en un compromiso con la ley que lo separaba de sus adversarios. Felipe Calderón fue uno de los críticos más impetuosos de la propensión populista en la izquierda pero ahora, como presidente, abraza el populismo de la venganza.

Desde el gobierno y su partido se expone el abecé de esa retórica. Doctrina que desprecia la ley para cabalgar en las emociones primitivas. Disyuntiva pedestre entre las reglas y la justicia auténtica, al servicio de la plaza. El populista, como vehículo del resentimiento, contrasta las formas legales con los fines de la justicia. El presidente de México desarrolló en Veracruz este argumento de indudable estirpe populista. “Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a su propio derecho. Cumplir la ley, desde luego, sí. Pero, también, y, sobre todo, hacer justicia.” El presidente elogia la ley para desdeñarla inmediatamente: cumplir la ley, pero… Lo notable aquí es la defensa de una filosofía punitiva esencialmente antiliberal. El presidente contrasta la Justicia (que entiende como castigo), con las exigencias de la ley (que censura como traba). Evoca, por lo tanto, una idea de justicia que puede ir en contra de la vacuidad formal del derecho. Para Calderón, cumplir puntualmente con la ley no es el camino que los mortales tenemos para acceder a la justicia. No: para el presidente de México, cumplir la ley no es lo importante, lo que verdaderamente importa es hacer justicia: castigar.

Si se quiere hacer justicia hay que pensar en los fines del derecho, no en sus procedimientos. A las formas, el populista los tacha como “rendijas.” Grietas, resquicios, ranuras por los que la injusticia se impone en complicidad con abogados y jueces, esa mafia que nos arrebata el castigo debido. El populista no es parco en la comunicación emocional: su demagogia se embelesa en las estampas del sufrimiento: viudas, huérfanos dolidos que esperan castigo. Eso piden, en efecto, y es natural. Como víctimas quieren castigo y no les preocupa mucho la ley. Pero, en lugar de que el representante máximo del poder público defienda sin ambages la legalidad, el presidente se entrega a la demanda de la venganza. No recuerdo embate más franco contra los rigores de la legalidad que éste que le propina, desde la presidencia, el orgulloso egresado de la Escuela de la Libre de Derecho. Para alcanzar los fines de la ley, conviene en ocasiones ahorrarse los procedimientos de la ley. Esa es la justicia que invoca el presidente, una justicia que castigue sin tropezarse con grietas procedimentales.

Javier Lozano, uno de los voceros panistas, tomó nota de la lección presidencial para extraer sus consecuencias obvias. En una entrevista, el nuevo militante del PAN insistió en trivializar los rigores del procedimiento. En un momento llegó a decir que no tenía la menor duda de que “van primero las víctimas que los derechos de los delincuentes.” Ese es el nuevo lenguaje del PAN. La frase del expriista parece extraída de aquella propaganda de Arturo Montiel que negaba derechos a los delincuentes, llamándolos ratas. La mecánica es idéntica: se lanza a un acusado la condena de ser criminal, se convoca el odio popular y se activan los reflejos del resentimiento para repeler la idea misma de sus derechos. El acusado es criminal porque la televisión o el político ya lo han sentenciado. Que se le castigue y que se calle. Por eso a Lozano le sorprende que haya quien alce la voz por quien él ya considera criminal. Esa es el pedestre debate en que pretenden embarcarnos los populistas de izquierda y de derecha: la Justicia o la Democracia contra los procedimientos y las instituciones. Al diablo con las rendijas dicen con idéntico tono.

El populismo vengador de Calderón es una tragedia cultural para el PAN que dejará heridas muy profundas en ese partido. Para fortuna de la vida institucional del país, el poder judicial puso en su sitio esa retórica del castigo sin estorbos. Los jueces que analizaron el caso de Florence Cassez no pescaron el anzuelo de los derechos de la víctimas que van por encima de los derechos de los criminales. Ponderaron argumentos e interpretaron leyes sin aludir a ese victimismo populista. Y en voz del presidente de la Corte, el poder judicial demolió esa siniestra filosofía. No hay justicia fuera de los procedimientos. La defensa de la legalidad del ministro Silva Meza no preludia el pero de los populistas de cualquier ala. Sin formas no hay legalidad y sin legalidad no hay justicia

De parquímetros y delincuentes

De Alejandro Hope;

En Polanco, encontrar un cajón libre de estacionamiento en la calle era tan probable como sacarse la lotería. Las calles estaban invadidas desde la madrugada y los pocos espacios sobrantes estaban apartados con cubetas, colocadas por franeleros que cobraban por el uso de un bien público.

Y de pronto, todo cambió: en las calles más conflictivas de la colonia, empezaron a multiplicarse los lugares vacíos ¿Qué produjo tan prodigioso cambio? ¿Creció el número de lugares? Por supuesto que no ¿Los residentes y empleados de la zona tuvieron una transformación que los llevo a privilegiar, en nombre del medio ambiente, las piernas sobre el coche? Difícilmente.

La respuesta es muy sencilla: las autoridades pusieron parquímetros ¿Y por qué los parquímetros modificaron radicalmente el comportamiento de la gente? ¿Porque ahora se cobra el uso de la calle? No: los franeleros ya lo hacían ¿Será porque la falta de pago genera una sanción? No, ya había sanciones: los viene-viene podían rayar el coche o ponchar las llantas.

Lo que cambió es sutil pero crucial. En primer lugar, los parquímetros cobran el espacio en el margen: cada 15 minutos adicionales generan un cobro de dos pesos. Los conductores se vuelven conscientes del tiempo de uso de la calle y, en consecuencia, lo racionan. Con los franeleros, daba lo mismo quedarse una hora que diez: eran los mismos 40 pesos. El incentivo era a quedarse tantas horas como fuera necesario.

En segundo lugar, la sanción adquirió certeza. Era incierto si los franeleros iban a dañar el coche y es probable que en la mayoría de los casos no lo hicieran (esperando que el dueño  les pagara a su regreso). Los conductores se la jugaban. Con los parquímetros, en cambio, existe una posibilidad elevadísima de que el conductor, si no paga, encuentre su coche con inmovilizador. La sanción es más leve, pero difícilmente se puede eludir.

Los parquímetros arrojan una lección: los mexicanos no somos marcianos. Respondemos a incentivos, siempre y cuando esos incentivos estén diseñados correctamente. Y eso vale igual para conductores que para delincuentes.

El problema es que no hemos diseñado incentivos correctos para los criminales. Primero que nada, no les cobramos en el margen: su riesgo de ser capturados (por la autoridad o por sus rivales) no cambia mayormente si matan a una persona o a veinte.  Da igual si sólo asesinan a un ser humano que si lo descabezan, desmiembran y cuelgan de un puente. No tienen incentivo a racionar la violencia.

Segundo, la sanción es incierta. Por motivos diversos, un caso puede adquirir relevancia suficiente para detonar una respuesta extraordinaria de la autoridad que conduzca a la captura de todos los responsables  (v.gr., el Casino Royale). Pero los delincuentes no saben, ex ante, en que casos va a haber una reacción de ese tipo. De cualquier forma, lo más probable es que no suceda. Los delincuentes, por tanto, se la juegan.

Para modificar ese comportamiento, se requiere una alineación distinta de incentivos: un parquímetro para delincuentes  ¿Cómo funcionaría? Explicitando una raya: por ejemplo, el gobierno podría informar a las bandas criminales (por medios públicos o por vías discretas) que todos los casos con ocho y más víctimas serán atendidos con recursos extraordinarios.

Si la advertencia se comunica adecuadamente, los criminales empezarían a detenerse en siete víctimas: a partir de ese punto, se podrían incorporar otro tipo de incidentes hasta regresar a un equilibrio de baja violencia.

Por supuesto, hay muchos detalles por resolver en esa propuesta y hay muchas modalidades alternativas que se podrían elegir (ya he discutido varias en el pasado). Pero lo que cuenta es el principio básico: cuando demos certeza del costo marginal de  la violencia, se van a dejar de apilar los cadáveres. Los parquímetros vaciaron los lugares de estacionamiento. La disuasión focalizada puede vaciar los ataúdes.

Dejan delitos 3.2 millones de víctimas

Los delitos graves del fuero común que se cometieron en las 32 entidades del País entre enero de 1997 y mayo de este año, dejaron una estela de 3.2 millones de víctimas directas o "visibles" y 9.7 millones de víctimas "invisibles", estimó México Evalúa.

La organización que encabeza Edna Jaime define a las víctimas visibles como aquellas que generalmente están consideradas en los registros oficiales y la política pública; mientras que las invisibles son las que sufren los efectos del crimen, pero que no se reportan y mucho menos se miden.

De acuerdo con el diagnóstico, las entidades con más víctimas de este tipo este año son Durango, Chihuahua, Morelos, Baja California, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero, Aguascalientes, Michoacán, San Luis Potosí, Nuevo León, Distrito Federal y Quintana Roo.

En contraste, aquellas con menor número de víctimas son Campeche, Tlaxcala, Yucatán, Oaxaca, Veracruz, Sonora, Puebla, Querétaro, Estado de México, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas y Guanajuato.

El "Índice" que, sobre la materia, elaboró la ONG destaca que de las 12.9 millones de víctimas totales en el periodo, el 91.9 por ciento padeció directa o indirectamente robos con violencia; el 6.5 por ciento homicidios; el 1.3 por ciento extorsiones; y apenas el .3 por ciento secuestro.

"El número de víctimas invisibles de primer grado, es decir, las personas que comparten el hogar con la víctima visible se estimó a partir del número promedio de personas que habitan los hogares mexicanos según cifras de los Censos de Población y Vivienda.

"México Evalúa tiene presente que los datos utilizados en la construcción del Índice y de los indicadores no son los ideales, sin embargo, estas cifras oficiales son las que más nos acercan a conocer la realidad delictiva. Las autoridades no han puesto mucha atención en el dimensionamiento de las afectaciones a las personas", concluye.

Sólo en el rubro de "invisibles", consideró que en los últimos 14 años -que comprenden los últimos cuatro años de Ernesto Zedillo, todo el sexenio de Vicente Fox y los primeros cuatro años y medio de Felipe Calderón, hubo 8.9 millones de víctimas de robo con violencia; 639 mil 610 de asesinato; 30 mil 728 de plagio; 126 mil 769 de extorsión.



HUÉRFANOS POR LA VIOLENCIA

261 mil homicidios

9 de cada 10 víctima fueron hombres

90 mil mujeres enviudaron

180 mil menores quedaron sin padre