Las otras campañas

De Federico Berrueto

La geografía electoral está cambiando mucho más rápido de lo que se advierte. Los cambios son profundos, lo que revela una transformación de la base de los partidos. Quien tenga mayor sensibilidad en el tema regional, mayores serán sus posibilidades de éxito, especialmente si se tiene claridad sobre los electores indecisos.

Seis de cada 10 votantes habrán de sufragar simultáneamente en elecciones presidenciales y comicios locales. En siete entidades se renovará el Ejecutivo local. Las campañas estatales y la del DF se realizan de conformidad a las legislaciones locales, aunque hay reglas comunes que se derivan del marco electoral en la Constitución. Más allá de las instituciones y los calendarios, es una realidad que la política cada vez es más local.

En esto radica la diferencia entre los distintos candidatos presidenciales. Quien quiera descifrar la incógnita sobre el desenlace de la elección se equivocará si excluye lo que ocurre en la dinámica diversa de estados, municipios y el Distrito Federal. Así, por ejemplo, el discurso presidencial sobre la inseguridad y la responsabilidad de los gobiernos priistas tiene alta recepción en el norte del país y parte del estado de Veracruz, no así en el resto. No obstante ser territorios gobernados por el PRI, el presidente Calderón allí tiene las mejores calificaciones; las más bajas se observan donde hay mayor densidad de población, esto es, en el centro del país.

La geografía electoral está cambiando mucho más rápido de lo que se advierte. Los datos agregados en lo nacional de los estudios de intención de voto o el ejercicio estadístico de elecciones pasadas no permiten dar cuenta de lo que está ocurriendo. Los cambios son profundos, lo que revela, también, una transformación de la base electoral de los partidos. Quien tenga mayor sensibilidad en el tema regional, mayores serán sus posibilidades de éxito, especialmente si se tiene claridad sobre los electores indecisos pero afines, quiénes son, dónde están, qué los mueve, qué esperan de sus próximos gobernantes o representantes.

La elección presidencial de 2006 se resolvió en los estados del Bajío, particularmente donde hubo elecciones concurrentes. Guanajuato, Querétaro y Jalisco dan ventaja de Felipe Calderón sobre López Obrador por casi 2 millones de votos, cuando el candidato del PAN ganó la elección presidencial por doscientos treinta y tres mil y pico de votos. En 2006 López Obrador contó con un candidato presidencial del PRI poco competitivo, además, por su condición de ex jefe de Gobierno del DF contaba con una fuerza indisputada allí y en el Estado de México; en esas entidades obtuvo cinco millones doscientos setenta mil votos, 36% de todos sus votos nacionales.

De entrada la ventaja del PRI y de su candidato presidencial resulta de su fortaleza territorial. Peña Nieto es el único que representa una auténtica coalición territorial. No sólo es ex gobernador de la entidad más poblada del país, también tiene el respaldo de una alianza territorial tejida desde hace tiempo. No hay localidad importante en la que Peña Nieto no haya tenido presencia y cuente con aliados. En ello radica la horizontalidad de su apoyo y la fortaleza que consignan los datos de las encuestas.

La fortaleza del PRI también se remite a la competitividad de sus candidatos a gobernador. Por primera vez, en todos los estados los candidatos del PRI o de su alianza tienen ventaja o están muy próximos al empate, como sucede en Guanajuato, entidad desde hace tiempo gobernada por el PAN. Las cifras de hoy día anticipan que el PRI-PVEM ganaría todas o casi todas las elecciones de gobernador.

La fortaleza del PRI y de su candidato tiene un impacto directo sobre el PRD y su candidato presidencial. En muchas partes del país hay una disputa de su base social. En 2006 López Obrador era fuerte porque Madrazo estaba muy bajo en las intenciones de voto. Ahora la situación ha cambiado con Peña Nieto y esto explica, en buena parte, las dificultades del candidato de la izquierda. Aunque en menor grado, esto también repercute al PAN y a su candidata. El hecho es que se va conformando una geografía electoral considerablemente distinta a la de los comicios presidenciales pasados, con el agregado de que el ánimo de alternancia es significadamente alto.

Aunque con menor impacto, las elecciones de legislador y ayuntamientos también influirán en el escenario electoral. Candidatos competitivos en algo aportarán a la votación de los candidatos presidenciales. La sorpresa por descifrar es lo que hará el PRI en el DF para integrar candidaturas competitivas a partir de la fractura que existe en el PRD, ya con el desgaste de 15 años en el gobierno. No está por demás notar que el PAN tiene una posición muy baja en el DF y Estado de México, entidades que suman más de la cuarta parte de los votos nacionales.

Las otras campañas son clave para el desenlace de los comicios del 1 de julio. Esto nos remite a lo que todavía se ignora o involuntariamente se regatea por el centralismo que niega a la política local y que de siempre ha sido fundamental para la política nacional.

Cinco formas de perder dinero en el combate a la delincuencia

Como en la metáfora del pesimista que ve un vaso medio vacío, ahí donde un optimista lo halla medio lleno, la opacidad en el gasto del gobierno mexicano en materia de seguridad pública puede ser entendida como un “problema que nos desborda de manera brutal”, lo mismo que como un “enorme espacio de oportunidad para mejorar la efectividad” de las autoridades.

Tal es la conclusión del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, vertida en el estudio Gasto en seguridad, observaciones de la Auditoría a la gestión y uso de recursos, en el que se destacan los problemas administrativos detectados en el combate al delito que demandan “atención inmediata”, y que, siguiendo la misma lógica, al resolverse en el corto plazo se contribuiría ampliamente a la lucha contra la inseguridad, o que, por el contrario, “impactarían negativamente” de continuar la tendencia mostrada hasta ahora. Animal Político aquí te los presenta…

1.- Policía Ficción

Tras analizar la incidencia delictiva de 2009 en las 14 regiones del país afectadas de manera particular por el crimen organizado, en las cuales se determinó sufragar operativos especiales de la Policía Federal (la misma corporación ensalzada a través de una miniserie, por la que la SSP pagó a Televisa 118 millones de pesos), México Evalúa determinó que los homicidios vinculados al hampa no disminuyeron, sino que aumentaron 44% con respecto al año anterior. Es decir que, en un año, tras las 168 acciones especiales de la PF en esos 14 puntos, el número de asesinatos del crimen organizado pasó de 2 mil 242 a 5 mil 25, según estadísticas oficiales.

Además del efecto negativo de esta movilización de recursos humanos y materiales, el estudio elaborado con base en resultados de la Auditoría Superior de la Federación destaca malos manejos económicos en la Policía Federal, tales como que entre 2008 y 2009 se entregaron “apoyos” por 540 millones de pesos a personal que fue “comisionado” durante 180 días, “aún cuando las comisiones no pueden exceder más de 30 días, todo ello, sin contar con la autorización acorde con los lineamientos generales”.

Por otra parte, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública arrojó datos contradictorios en el mismo periodo, ya que “en 50% de las entidades federativas el número de elementos registrados fue superior a los elementos existentes”.

Otro dato ilustrativo es que el número de armas con las que contaban las distintas corporaciones mexicanas disminuyó 19.6% de 2008 a 2009, “sin que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública explicara las razones, no se sabe si están extraviadas, fueron robadas o cuál es su ubicación final”.

2.- ¿Dónde quedó el FUA?

Para contar con herramientas informáticas y estadísticas que permitieran desarrollar una lucha efectiva contra el delito, las autoridades crearon un ente denominado Plataforma México, adscrito a la SSP, encargado, entre otras cosas, de poner en marcha el Centro de Información Estratégica en Seguridad así como el Sistema Único de Información Criminal, para lo cual cuenta con un fondo que, hasta 2009, sumaba ya 2 mil 893 millones de pesos.

Dichos recursos, sin embargo, no son manejados directamente por la SSP, sino por un fideicomiso que, afirma México Evalúa, “no cumple con las características establecidas por la normativa correspondiente respecto a su operación y reporte”. Las adquisiciones realizadas por este fideicomiso, destaca el estudio, no se tramitaron a través del Formato Único de Adquisiciones (FUA), ni cuentan con formato de suficiencia presupuestal; además, para dichas compras, tampoco se realizaron sondeos de mercado, “por lo que no se cumple con los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez en los cuales se fundó la selección del procedimiento (de adquisición), que permitan garantizar las mejores condiciones para el Estado”.

Otra anomalía detectada en el manejo de ese fideicomiso es que la SSP no incluyó en su contabilidad los 196 millones de pesos generados por concepto de rendimientos financieros.

El fideicomiso fue, asimismo, empleado para la adquisición de mil 234 bienes para la Policía Federal, de los cuales 20% no están incluidos en los “registros de bienes” proporcionados por la corporación, mientras que otro 10% “no se encontraban resguardados, por lo que no es posible identificar al servidor público responsable del buen uso de éstos“.

Por último, el mismo informe destaca que, aún con la libertad de operación y gasto de Plataforma México, las entidades auditadas “tienen sistemas paralelos de información, debido a las insuficiencias operativas de éste”.

3.- La calmada provincial

A través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal  (FASP), los estados reciben recursos para reclutamiento y formación de personal policiaco; su equipamiento; el establecimiento y operación de redes de telecomunicaciones y servicios telefónicos de emergencia; la construcción y atención de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, así como de centros penitenciarios; así como para la evaluación de los programas de vigilancia.

Las entidades federativas, sin embargo no han ejercido una tercera parte de los recursos entregados para tales fines, tanto en 2009 como en 2010. En el primer año, por ejemplo, de los 6 mil 916 millones de pesos entregados a los estados, no se aprovechó el 35.1%, mientras que al año siguiente el subejercicio fue de 34%.

“Existe la percepción –señala México Evalúa–, de que el FASP premia a quien no ofrece buenos resultados, por estar asociada su asignación a los índices de criminalidad y la realidad local.”

Además, de los recursos que sí fueron gastados, hubo una parte manejada irregularmente, como los 68.4 millones de pesos que se usaron en 2009 para el pago de percepciones extraordinarias, “sin cumplir con la totalidad de las evaluaciones para su otorgamiento”; además, destaca el informe, “existe un número de adquisiciones de bienes que debieron llevarse a cabo mediante licitación pública, pero la mayoría de estas compras se adjudicaron en forma directa”.

4.- Crimen y castigo

Pero no sólo en cuanto a vigilancia de recursos existen inconsistencias… también las hay en cuanto a vigilancia de delincuentes: de los 97 mil 148 internos del fuero federal registrados en 2009, poco más de 77% se trató de personas que ya habían recibido sentencia condenatoria, pero de éstas, 60% obtuvieron una condena que purgan en libertad.

En teoría, estos delincuentes no encarcelados deberían recibir visitas constantes del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, para verificar que lleven una vida honrada; sin embargo, sólo 3% de estos convictos recibieron vigilancia efectiva en 2009, y tal cifra cobra relevancia, cuando se toma en cuenta que 40.6% de las personas sentenciadas por la comisión de algún delito son delincuentes que ya antes habían sido capturados por las autoridades y puestos en libertad.

5.- Equilibrio de la balanza criminal

Aunque entre 2000 y 20010 se multiplicó por siete el gasto de todos los niveles de gobierno, así como de los tres Poderes de la Unión, en materia de seguridad y justicia (al pasar de 20 mil millones de pesos a 140 mil millones), dicho incremento “no estuvo asociado a un decremento de la delincuencia, ya que ambas variables aumentaron al mismo tiempo, en lugar de mostrar un efecto opuesto”.

El presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, aumentó 71% en promedio anual entre 2006 y 2009, pero los delitos del fuero federal incrementaron 5.2% en el mismo periodo, lo que “permite dimensionar la amplitud de la brecha entre el ritmo de crecimiento del presupuesto ejercido y su impacto en la incidencia delictiva”.

Además, en el mismo lapso los delitos de alto impacto no disminuyeron, sino todo lo contrario: el secuestro subió 83%; los asesinatos 33% y el robo con violencia 31%.

El populismo de la venganza

De Jesús Silva - Herzog Márquez


El celo institucional del PAN lo convirtió durante varias décadas en una barrera contra la tentación populista. Combatiendo al partido hegemónico o rechazando la retórica lopezobradorista, el partido de la derecha mexicana solía defender el método democrático, entendido como el riel de leyes y procedimientos que permite encauzar civilizadamente las diferencias. Desde luego, el populismo también visitó al PAN con figuras como la de Clouthier o la de Fox, pero el núcleo de su identidad estaba en un compromiso con la ley que lo separaba de sus adversarios. Felipe Calderón fue uno de los críticos más impetuosos de la propensión populista en la izquierda pero ahora, como presidente, abraza el populismo de la venganza.

Desde el gobierno y su partido se expone el abecé de esa retórica. Doctrina que desprecia la ley para cabalgar en las emociones primitivas. Disyuntiva pedestre entre las reglas y la justicia auténtica, al servicio de la plaza. El populista, como vehículo del resentimiento, contrasta las formas legales con los fines de la justicia. El presidente de México desarrolló en Veracruz este argumento de indudable estirpe populista. “Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a su propio derecho. Cumplir la ley, desde luego, sí. Pero, también, y, sobre todo, hacer justicia.” El presidente elogia la ley para desdeñarla inmediatamente: cumplir la ley, pero… Lo notable aquí es la defensa de una filosofía punitiva esencialmente antiliberal. El presidente contrasta la Justicia (que entiende como castigo), con las exigencias de la ley (que censura como traba). Evoca, por lo tanto, una idea de justicia que puede ir en contra de la vacuidad formal del derecho. Para Calderón, cumplir puntualmente con la ley no es el camino que los mortales tenemos para acceder a la justicia. No: para el presidente de México, cumplir la ley no es lo importante, lo que verdaderamente importa es hacer justicia: castigar.

Si se quiere hacer justicia hay que pensar en los fines del derecho, no en sus procedimientos. A las formas, el populista los tacha como “rendijas.” Grietas, resquicios, ranuras por los que la injusticia se impone en complicidad con abogados y jueces, esa mafia que nos arrebata el castigo debido. El populista no es parco en la comunicación emocional: su demagogia se embelesa en las estampas del sufrimiento: viudas, huérfanos dolidos que esperan castigo. Eso piden, en efecto, y es natural. Como víctimas quieren castigo y no les preocupa mucho la ley. Pero, en lugar de que el representante máximo del poder público defienda sin ambages la legalidad, el presidente se entrega a la demanda de la venganza. No recuerdo embate más franco contra los rigores de la legalidad que éste que le propina, desde la presidencia, el orgulloso egresado de la Escuela de la Libre de Derecho. Para alcanzar los fines de la ley, conviene en ocasiones ahorrarse los procedimientos de la ley. Esa es la justicia que invoca el presidente, una justicia que castigue sin tropezarse con grietas procedimentales.

Javier Lozano, uno de los voceros panistas, tomó nota de la lección presidencial para extraer sus consecuencias obvias. En una entrevista, el nuevo militante del PAN insistió en trivializar los rigores del procedimiento. En un momento llegó a decir que no tenía la menor duda de que “van primero las víctimas que los derechos de los delincuentes.” Ese es el nuevo lenguaje del PAN. La frase del expriista parece extraída de aquella propaganda de Arturo Montiel que negaba derechos a los delincuentes, llamándolos ratas. La mecánica es idéntica: se lanza a un acusado la condena de ser criminal, se convoca el odio popular y se activan los reflejos del resentimiento para repeler la idea misma de sus derechos. El acusado es criminal porque la televisión o el político ya lo han sentenciado. Que se le castigue y que se calle. Por eso a Lozano le sorprende que haya quien alce la voz por quien él ya considera criminal. Esa es el pedestre debate en que pretenden embarcarnos los populistas de izquierda y de derecha: la Justicia o la Democracia contra los procedimientos y las instituciones. Al diablo con las rendijas dicen con idéntico tono.

El populismo vengador de Calderón es una tragedia cultural para el PAN que dejará heridas muy profundas en ese partido. Para fortuna de la vida institucional del país, el poder judicial puso en su sitio esa retórica del castigo sin estorbos. Los jueces que analizaron el caso de Florence Cassez no pescaron el anzuelo de los derechos de la víctimas que van por encima de los derechos de los criminales. Ponderaron argumentos e interpretaron leyes sin aludir a ese victimismo populista. Y en voz del presidente de la Corte, el poder judicial demolió esa siniestra filosofía. No hay justicia fuera de los procedimientos. La defensa de la legalidad del ministro Silva Meza no preludia el pero de los populistas de cualquier ala. Sin formas no hay legalidad y sin legalidad no hay justicia

De parquímetros y delincuentes

De Alejandro Hope;

En Polanco, encontrar un cajón libre de estacionamiento en la calle era tan probable como sacarse la lotería. Las calles estaban invadidas desde la madrugada y los pocos espacios sobrantes estaban apartados con cubetas, colocadas por franeleros que cobraban por el uso de un bien público.

Y de pronto, todo cambió: en las calles más conflictivas de la colonia, empezaron a multiplicarse los lugares vacíos ¿Qué produjo tan prodigioso cambio? ¿Creció el número de lugares? Por supuesto que no ¿Los residentes y empleados de la zona tuvieron una transformación que los llevo a privilegiar, en nombre del medio ambiente, las piernas sobre el coche? Difícilmente.

La respuesta es muy sencilla: las autoridades pusieron parquímetros ¿Y por qué los parquímetros modificaron radicalmente el comportamiento de la gente? ¿Porque ahora se cobra el uso de la calle? No: los franeleros ya lo hacían ¿Será porque la falta de pago genera una sanción? No, ya había sanciones: los viene-viene podían rayar el coche o ponchar las llantas.

Lo que cambió es sutil pero crucial. En primer lugar, los parquímetros cobran el espacio en el margen: cada 15 minutos adicionales generan un cobro de dos pesos. Los conductores se vuelven conscientes del tiempo de uso de la calle y, en consecuencia, lo racionan. Con los franeleros, daba lo mismo quedarse una hora que diez: eran los mismos 40 pesos. El incentivo era a quedarse tantas horas como fuera necesario.

En segundo lugar, la sanción adquirió certeza. Era incierto si los franeleros iban a dañar el coche y es probable que en la mayoría de los casos no lo hicieran (esperando que el dueño  les pagara a su regreso). Los conductores se la jugaban. Con los parquímetros, en cambio, existe una posibilidad elevadísima de que el conductor, si no paga, encuentre su coche con inmovilizador. La sanción es más leve, pero difícilmente se puede eludir.

Los parquímetros arrojan una lección: los mexicanos no somos marcianos. Respondemos a incentivos, siempre y cuando esos incentivos estén diseñados correctamente. Y eso vale igual para conductores que para delincuentes.

El problema es que no hemos diseñado incentivos correctos para los criminales. Primero que nada, no les cobramos en el margen: su riesgo de ser capturados (por la autoridad o por sus rivales) no cambia mayormente si matan a una persona o a veinte.  Da igual si sólo asesinan a un ser humano que si lo descabezan, desmiembran y cuelgan de un puente. No tienen incentivo a racionar la violencia.

Segundo, la sanción es incierta. Por motivos diversos, un caso puede adquirir relevancia suficiente para detonar una respuesta extraordinaria de la autoridad que conduzca a la captura de todos los responsables  (v.gr., el Casino Royale). Pero los delincuentes no saben, ex ante, en que casos va a haber una reacción de ese tipo. De cualquier forma, lo más probable es que no suceda. Los delincuentes, por tanto, se la juegan.

Para modificar ese comportamiento, se requiere una alineación distinta de incentivos: un parquímetro para delincuentes  ¿Cómo funcionaría? Explicitando una raya: por ejemplo, el gobierno podría informar a las bandas criminales (por medios públicos o por vías discretas) que todos los casos con ocho y más víctimas serán atendidos con recursos extraordinarios.

Si la advertencia se comunica adecuadamente, los criminales empezarían a detenerse en siete víctimas: a partir de ese punto, se podrían incorporar otro tipo de incidentes hasta regresar a un equilibrio de baja violencia.

Por supuesto, hay muchos detalles por resolver en esa propuesta y hay muchas modalidades alternativas que se podrían elegir (ya he discutido varias en el pasado). Pero lo que cuenta es el principio básico: cuando demos certeza del costo marginal de  la violencia, se van a dejar de apilar los cadáveres. Los parquímetros vaciaron los lugares de estacionamiento. La disuasión focalizada puede vaciar los ataúdes.

Dejan delitos 3.2 millones de víctimas

Los delitos graves del fuero común que se cometieron en las 32 entidades del País entre enero de 1997 y mayo de este año, dejaron una estela de 3.2 millones de víctimas directas o "visibles" y 9.7 millones de víctimas "invisibles", estimó México Evalúa.

La organización que encabeza Edna Jaime define a las víctimas visibles como aquellas que generalmente están consideradas en los registros oficiales y la política pública; mientras que las invisibles son las que sufren los efectos del crimen, pero que no se reportan y mucho menos se miden.

De acuerdo con el diagnóstico, las entidades con más víctimas de este tipo este año son Durango, Chihuahua, Morelos, Baja California, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero, Aguascalientes, Michoacán, San Luis Potosí, Nuevo León, Distrito Federal y Quintana Roo.

En contraste, aquellas con menor número de víctimas son Campeche, Tlaxcala, Yucatán, Oaxaca, Veracruz, Sonora, Puebla, Querétaro, Estado de México, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas y Guanajuato.

El "Índice" que, sobre la materia, elaboró la ONG destaca que de las 12.9 millones de víctimas totales en el periodo, el 91.9 por ciento padeció directa o indirectamente robos con violencia; el 6.5 por ciento homicidios; el 1.3 por ciento extorsiones; y apenas el .3 por ciento secuestro.

"El número de víctimas invisibles de primer grado, es decir, las personas que comparten el hogar con la víctima visible se estimó a partir del número promedio de personas que habitan los hogares mexicanos según cifras de los Censos de Población y Vivienda.

"México Evalúa tiene presente que los datos utilizados en la construcción del Índice y de los indicadores no son los ideales, sin embargo, estas cifras oficiales son las que más nos acercan a conocer la realidad delictiva. Las autoridades no han puesto mucha atención en el dimensionamiento de las afectaciones a las personas", concluye.

Sólo en el rubro de "invisibles", consideró que en los últimos 14 años -que comprenden los últimos cuatro años de Ernesto Zedillo, todo el sexenio de Vicente Fox y los primeros cuatro años y medio de Felipe Calderón, hubo 8.9 millones de víctimas de robo con violencia; 639 mil 610 de asesinato; 30 mil 728 de plagio; 126 mil 769 de extorsión.



HUÉRFANOS POR LA VIOLENCIA

261 mil homicidios

9 de cada 10 víctima fueron hombres

90 mil mujeres enviudaron

180 mil menores quedaron sin padre

Cassez y García Luna

De Noé Garcia Gomez, del Heraldo de Aguascalientes.

La decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de solicitar la elaboración de un nuevo proyecto de resolución, respecto al caso de la francesa Florence Cassez generó polarizadas opiniones.
El pasado miércoles, tres de los cinco ministros se manifestaron en contra de la liberación de Cassez, como lo sugería el proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar, aunque cuatro reconocieron la existencia de violaciones constitucionales en el proceso penal que llevó a la sentencia de 60 años de prisión para Cassez, donde el punto principal de dichas violaciones fue la puesta en escena de la presunta captura en “vivo”, para las cámaras de televisión, por parte del entonces jefe de la AFI y hoy secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.
Desde mi opinión es en la Constitución donde convergen garantías y  derechos, y es la Suprema Corte el máximo órgano encargado del control y sustentar que se cumpla nuestra aspiración de vivir en un verdadero Estado democrático de Derecho.

Los juristas dicen que la Constitución es clara sobre el principio de presunción de inocencia y de debido proceso, es por ello que quienes creen que el derecho de las víctimas está por encima de todas las cosas se engañan, pues estaríamos ante el peligro de que se substituyan unas víctimas por otras con tal de aparecer los ministerios públicos y las diversas  corporaciones policiacas como eficientes.
No se nos debe escapar que muchas de las víctimas de un delito son individuos inocentes convertidos en supuestos delincuentes y en verdad son victimas a causa de un proceso penal viciado de origen -para ejemplo la película “Presunto Culpable”- y entonces todos somos potenciales víctimas de un sistema de procuración y de impartición de justicia mediático, donde ante la prisa de presentar ante las cámaras, micrófonos y opinión pública al “culpable” se entra a una especie de ruleta rusa, donde la pistola es la condena.
En el caso de la francesa Florence Cassez me parece irresponsable y simplón pedir la inmediata liberación de alguien quien ya ha sido sometida a tres procesos, solo por dar una estocada política al gobierno federal en época electoral y mas porque las organizaciones de víctimas no están en contra de los derechos de Cassez, sino que proponen se eliminen las pruebas que hayan sido obtenidas mediante violaciones, pero que no se le libere inmediatamente.
Lo que tenemos que exigir es que se castigue a todo el que violó la ley, y según cuatro ministros de la corte Genaro García Luna secretario de Seguridad Pública violó los derechos fundamentales de una persona, entre otras cosas por ordenar escenificar una captura.
Si esto pasara desapercibido para el presidente de la república, las autoridades y la sociedad estaríamos frente a que el poder y la voluntad de un solo hombre puede arrebatar los derechos constitucionales de cualquiera, ¿cuántos casos más habrá escenificado García Luna o cualquier autoridad policial y ministerial ya sea federal o local?, ¿a cuántas personas más habrán quitado o habrán de quitar sus derechos ya sean culpables o no?
Por más discursos bravucones de Calderón pareciera que en México se alimenta desde el gobierno la impunidad y es momento para que demuestre lo contrario.
Si es culpable Florence Cassez que se quede en la cárcel, pero también que García Luna sea juzgado y sentenciado según la ley.

Tres estilos

De Jesús Silva - Herzog Márquez


Estamos viviendo la campaña más aburrida en las historia de las elecciones competidas en México. Se pueden encontrar simpatizantes de cualquier partido pero no entusiastas. Habrá muchos preocupados pero pocos con pánico. Las elecciones del 2000 fueron elecciones de régimen: votar para simbolizar el cambio democrático. Las elecciones del 2006 fueron elecciones ideológicas: votar para impulsar un giro a la izquierda—o para impedirlo. Ahora no hay nada de eso: voto sin épica, sin ilusión y sin espanto. Tenemos, sin embargo, la opción de elegir entre tres estilos, tres formas de entender el liderazgo, tres diagnósticos del problema medular de la política mexicana, tres enfoques para encararlos.

Si hablamos de un hombre que lamenta el abandono de los valores tradicionales, que cree que el apego a una doctrina es la base de una vida plena y feliz, que ve al mundo premoderno como una reserva ética frente al perverso reino del individualismo y que condena los “placeres momentáneos”; un hombre convencido de que, por encima de las leyes, debe imperar un “código moral” pensaríamos de inmediato que se trata de un político de derecha. Un conservador que no tiene problemas para pedir, para la política, un baño espiritual. Se trata, desde luego del candidato de la izquierda mexicana que, en combate contra su imagen pública, abraza el discurso del amor. El tono es nuevo pero el estilo es fiel a sí mismo. Andrés Manuel López Obrador predica como lo ha hecho siempre. Está convencido de que el problema de México es esencialmente un problema ético y que los complejos problemas del país no lo son. Bastan los valores. La reforma fiscal que necesitamos es honestidad. La reforma al sector energético que necesitamos es honestidad. La política de seguridad que le urge al país es que el bien suprima al mal. En el diagnóstico del país hay un desprecio explícito a la aproximación técnica a los problemas de México. Quizá la apelación a ese instrumento, fría herramienta moderna, es parte de nuestra crisis moral. Lo que el país necesita es un guía moral en la presidencia de la república: un predicador.

Josefina Vázquez Mota se deleita en la vaguedad. Su retórica no es la de una predicadora sino la de una oradora motivacional: sonrisas para el optimismo y el pensamiento positivo, buenas intenciones vendidas como si fueran un proyecto. La candidata del PAN no concreta una idea ni una propuesta porque cree que lo que le hace falta al país es un constructor de consensos. Ella quiere presentarse como la negociadora que México necesita. De acuerdo a su diagnóstico, el gran problema del país es la incapacidad de llegar a acuerdos. Consenso es la palabra central en su discurso. Su mejor credencial no es lo que piensa o lo que propone sino la gente a la que ha invitado para colaborar con ella. A diferencia del presidente Calderón, a Vázquez Mota no le intimida el talento de otros y bien puede invitar a colaborar con ella a quien sabe, no a quien es su amigo.  En el proceso panista se vio con claridad su indisposición al debate. Sus contrincantes la cuestionaban seriamente, a veces con severidad, y ella seguía aferrada al libreto de su sonrisa. Su renuencia a discutir es reveladora. Es una profesional de las evasivas por razón doble. En primer lugar, no parece tener ideas que defender; en segundo lugar, si alguna idea tuviera, no querría aferrarse a ella y bloquear después una negociación. No es polemista como Calderón, ni pendenciera como Fox: quiere tejer consensos. Josefina Vázquez Mota cree en la política como un bordado de acuerdos. Así se promueve: una tejedora.

El candidato del PRI no propone negociaciones sino eficacia. Cree que la efectividad está reñida con las transacciones y por ello busca la restauración del antiguo presidencialismo. Pretende cambiar las reglas constitucionales para dotar al presidente de una mayoría que le permita gobernar. No le interesa formar un Congreso profesional que responda a sus electores sino continuar con una legislatura dependiente de las jerarquías partidistas. Su idea de la reforma política es clara: ganar capacidad presidencial a costa de la diversidad. Limitar el pluralismo, ese obstáculo dañino, para darle al Ejecutivo la palanca del mando pleno. Nadie podrá decir que Peña Nieto es un hombre de ideas, pero tampoco puede negarse que ha suscrito un proyecto político detallado y coherente. Ahí está la clave de su estilo: ha adoptado un programa y quiere realizarlo. No es un predicador moral ni un tejedor de acuerdos: es un chofer que piensa llevarnos hasta el domicilio que le han notificado como deseable. No quiere que lo distraigamos, no busca negociar con nosotros la ruta que va a tomar ni los atajos que le recomiendan sus asesores. Nos pide confianza y sugiere que nos echemos una siesta mientras él maneja el coche. Es un chofer que cree que la sociedad mexicana va en el asiento trasero.

Esos son los estilos en campaña: un predicador, una tejedora, un chofer.