Los aficionados

Las 638 cuartillas del juicio de inconformidad presentado por el Movimiento Progresista reflejan una elección manchada y unos partidos de izquierda que reinciden en la improvisación.

Hace años un abogado litigante, Rodolfo Gómez Alcalá, sintetizó en una frase los principales ingredientes de un juicio: "una cosa es tener la razón, otra saberla alegar jurídicamente y otra que los jueces te quieran dar la razón". Para alzarse con una victoria legal hace falta voluntad, suerte, conocimientos jurídicos e información sólida como el acero.

El Movimiento Progresista presentó hace días ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un recurso pidiendo la anulación de los comicios presidenciales. El escrito está bien razonado jurídicamente y los documentos de respaldo son el espejo de una elección viciada. Desconozco si satisfacen las exigencias de los siete jueces que tomarán la decisión; estoy convencido de que la impugnación pudo haber tenido información mucho más sólida si se hubieran preparado mejor.

Nuestra izquierda partidista actúa como si hubiera hecho votos de improvisación y desorganización. Sustento el juicio con la parcialidad de las televisoras a favor de Enrique Peña Nieto. El 23 de octubre de 2005 Jenaro Villamil informó en Proceso sobre el acuerdo mercantil entre la televisora y el entonces gobernador del Estado de México. En los siete años que han pasado desde entonces las izquierdas nunca crearon la unidad que fuera documentando, con validez jurídica, la parcialidad de las televisoras que iban denunciando en discursos y proclamas.

En la impugnación presentada el jueves pasado, el Movimiento Progresista demuestra la irregularidad de esos siete años con una investigación que ordenara el equipo de AMLO a una empresa con sede en Pune, India. La SG Research Analytics revisó entre 2005 y 2011 el trato dado a Peña Nieto por los canales 2 y 5 de Televisa pero sólo comparó entre abril de 2008 y junio de 2009 la cobertura concedida a López Obrador y a Enrique Peña Nieto. Luego comentaré este curioso estudio que es el único aporte propio del Movimiento Progresista al tema de la parcialidad de las televisoras.

Las otras 23 evidencias presentadas ante el Tribunal son muy heterogéneas. Trae cinco reportajes de Reforma, tres de The Guardian, uno de Proceso y una entrevista realizada por Carmen Aristegui para MVS Radio. También incluyen cables de WikiLeaks publicados por La Jornada en los cuales la representación diplomática estadounidense reconoce la parcialidad de la televisora que el Movimiento Progresista pudo haber demostrado de otras maneras.

La izquierda no investiga ni en defensa propia. El 12 de julio Andrés Manuel López Obrador pronunció un discurso sobre la evolución de la campaña. Recordó que el jueves 31 de mayo, el periódico Reforma difundió una encuesta que lo separaba cuatro puntos de Peña Nieto. El tabasqueño está convencido de que fue en ese momento que "iniciaron la guerra sucia" contra él. La hipótesis de un junio negro es plausible (y predecible) pero ningún partido de izquierda la demostró. De hecho, la única investigación de peso presentada por el Movimiento Progresista fue el gasto hecho por el gobierno priista de Zacatecas.

El coordinador de la campaña de López Obrador, Ricardo Monreal, reconoció el 12 de julio que "las pruebas [utilizadas en la impugnación], en su gran mayoría, son de ciudadanos que nos las han aportado". El trabajo voluntario de ciudadanos pudo haber rendido muchos más frutos si hubieran utilizado una misma metodología. Esa heterogeneidad se observa en los videos de ciudadanos que presenta el Movimiento ante el Tribunal para demostrar la compra de votos. Lo ideal hubiera sido establecer patrones nacionales, por ejemplo, en los 600 establecimientos que Soriana tiene en todo el país.

Considero correcto criticar al Movimiento Progresista en estos momentos porque la izquierda moderna nace del fraude de 1988 y me resulta incomprensible que 24 años después sigan siendo incapaces de organizarse para combatir y documentar irregularidades bastante predecibles. El 8 de febrero López Obrador solicitó al Consejo General del IFE diversas medidas para contribuir a la equidad. Recomendó al IFE nombrar una "comisión temporal" para mejorar la equidad de los "espacios noticiosos" cuando ellos hubieran podido hacer los estudios que se requerían. México tiene capacidad de investigación instalada y este año los partidos de izquierda recibieron más de mil 366 millones de pesos de dinero federal y unos 300 millones (estimación provisional y gruesa) de las entidades.

Este 2012 el Tribunal debe dar certidumbre democrática a la elección (lo que hizo en el 2006 fue vergonzoso). Como votante de izquierda también espero que los partidos de esa corriente sustenten recursos jurídicos con evidencia sólida. Ya basta de improvisaciones y novatadas; es tiempo de que dejen de actuar como aficionados.

De Sergio Aguayo.

Colaboraron Maura Roldán Álvarez y Rodrigo Peña González.

En lo personal asistí a diversos cursos y diplomados que impartieron en los diferentes partidos políticos, en la UAN, en la UdG, el IFE, desde el 2009, sobre Derecho Electoral y la Jornada Electoral y los ponentes de la izquierda son profesionistas con la misma capacidad que el resto de los expositores, aquí de mi duda, si se tiene la suficiente capacidad, hizo falta voluntad???.

Les saludo con el afecto de siempre.

La legitimidad como rehén

La legitimidad no es popularidad. El derecho al poder no cuelga de simpatías que van y vienen. La única fuente de legitimidad en nuestro tiempo es la ley. Ni los ancestros ni los héroes conceden el permiso de gobernar. Cuando las reglas son democráticas, cuando reconocen el principio de competencia y pluralidad, cuando instauran órganos neutrales, no puede haber otro fundamento de legitimidad que el derecho. Quien accede al poder de acuerdo a las normas existentes debe ser reconocido y asumir la responsabilidad de gobierno. Que un presidente sea legítimo no significa que nos guste, que le debamos respaldo, que estemos obligados a apoyarlo. Reconocer legitimidad no es someterse, doblegarse. Lejos de ello, lo único que implica esa admisión es que sus facultades se fundan en nuestras propias reglas y que, nacido de normas, su poder habrá que sujetarse a ellas.

La legitimidad tampoco es el obsequio que gentilmente regalan los adversarios. Perdí pero graciosamente te entrego mi reconocimiento y te concedo por ese acto de nobleza, el título de legítimo. Perdí pero no estoy dispuesto a regalarte autoridad democrática. La legitimidad no es concesión de los jugadores que, al final del partido, se dan caballerosamente la mano: depende de la actuación de las instituciones que evalúan las condiciones de la competencia y nombran finalmente al ganador de una contienda electoral. Seguimos, sin embargo, atrapados en el cuento de que la legitimidad que otorgan las leyes es insuficiente, que el veredicto de las instituciones es poca cosa frente al juicio de la Historia o el dictamen del Pueblo; que la ley es una ficción en la que sólo creen los ingenuos; que el permiso para gobernar depende de otra cosa más allá de lo que digan las reglas. En efecto, hay quien cree que la legitimidad depende de la aclamación de la plaza, de la evaluación moral de algunos notables. Así, nos resultan de pronto más persuasivos como demostraciones de respaldo democrático la teatralidad de una concentración pública coreando un solo nombre, la tensión dramática de una movilización popular que llena calles y plazas, la oratoria fogosa de una asambleas que la árida aritmética de votos y la fría semántica de las instituciones. El laberinto procedimental, la barroca estructura de derechos y deberes, la intrincada organización de garantías y controles son nada frente a la consigna de quienes piensan igual.

El título de legitimidad es vapuleado en una subasta de simpatías y aversiones. Esa superstición no hace más que revelar el desprecio por las leyes y las ideas de los otros. No importa lo que diga la ley, lo que cuenta es lo que sabemos; no importa lo que hayan decidido ellos, somos nosotros los auténticos representantes de la nación. La intensidad del activista no oculta sus desprecios: ellos son ignorantes, ellos han sido manipulados, ellos han sido comprados. El viejo clasismo se disfraza de demócrata: han sido los pobres quienes votaron mal, quienes votaron por el PRI. Son los ignorantes quienes dieron la victoria al ignorante. Se vendieron, se corrompieron, se entregaron a sus raptores. De nuevo, el maniqueísmo moral: votar por otros es éticamente reprochable. Sólo la complicidad y la manipulación explica el voto equivocado.

Desde luego, habrá que medir las prácticas clientelistas que, sin lugar a dudas, subsisten en el país. Es necesario, sobre todo, conocer, en lo posible, la extensión de esas prácticas de compra de votos, o coacción de votantes. Apreciar su verdadera magnitud sin ignorar su existencia ni exagerar su efecto. Me parece difícil pensar que la elección de julio pueda explicarse, como ha dicho su principal impugnador, por la corrupción de 5 millones de electores que decidieron vender su voto. Es indispensable para la salud del país que los abusos se exhiban y que los delitos se castiguen. El imperativo hoy es la claridad. El esclarecimiento de lo sucedido corresponde a los tribunales pero también al periodismo. Los jueces tendrán la última palabra en el terreno institucional, pero su veredicto no será el único. Necesitamos un periodismo al servicio de la claridad: los alegatos interesados de los actores políticos no deben pasar solamente el filtro burocrático, requieren también el examen severo de los profesionales de la información. No vale la simple reproducción de sus versiones, requerimos investigaciones independientes que esclarezcan lo sucedido.

Admitir que la elección del 2012 fue una elección auténtica no implica entregarle un cheque en blanco a la siguiente administración. Por el contrario, es comprometerse con un régimen que no le entregó el poder absoluto al viejo partido hegemónico, sino un poder limitado por sus propios adversarios. Al gobierno legítimo corresponde una oposición legitimada por la misma elección. Desconocer la autenticidad del voto es rehusarse a construir oposición: es despreciar la orden de los votantes.

De Jesús Silva - Herzog Márquez

Con charola 27 mil policías y mandos “no aptos” para el servicio

El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México, Óscar Vega, informó que por cada 100 mandos y policías de corporaciones estatales y municipales que han sido evaluados, 21 reprueban los exámenes que practican los Centros de Evaluación y Control de Confianza (CECC) en el país y “no son aptos” para prestar el servicio.

Se trata de policías y mandos que no pasaron exámenes toxicológicos porque son adictos a alguna droga; que físicamente no están capacitadas para hacerlo, por una cuestión médica o de peso; que por su perfil sicológico no es recomendable que usen armas y aquellos que están involucradas directa o indirectamente en actos delictivos

Lo anterior significa que de los 129 mil 908 funcionarios policiacos evaluados hasta el 2012, 27 mil 280 reprobaron uno o varios exámenes de control y confianza y, aún así, siguen trabajando para las corporaciones policiacas de estados y municipios.

“Es fundamental que gobiernos estatales definan lo que debe ocurrir con los elementos que no cumplen los exámenes”, dijo Vega en una conferencia de prensa donde dio a conocer los avances estadísticos que se tienen en los 39 CECC distribuidos en el país y en la que invitó a los gobernadores del país a dar “pasos sólidos” en materia de depuración policiaca.

“Esta evaluación se tiene que convertir ahora en un programa exhaustivo y eficiente de depuración; ya cuando tenemos identificado al personal que no ha aprobado, tenemos que dar el siguiente paso que es o su reubicación, su cese o su consignación”.

¿Evaluación a 261 mil policías?

Vega, reconoció que a poco más de 6 meses de cumplirse la fecha límite que obliga a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) a evaluar en un 100 % a sus respectivas corporaciones, aún falta por practicar exámenes al 60.85% de los policías y mandos en los estados y municipios del país.

En términos reales, se trata de 261 mil 451 policías y manos pendientes de evaluar. Para certificarlos en seis meses, los CECC tendrían que practicar mil 452 exámenes diarios, incluyendo sábados y domingos.

Tomando en cuenta que la orden de certificar a las corporaciones policiacas fue emitida en enero de 2009, en 3.6 años los gobiernos estatales y locales han evaluado al 39.15% de sus policías. Aun así, buscan evaluar al 69.85 % restante en medio año.

A decir de Vega, aun cuando se encuentran ante un “reto” muy importante por lo que se tiene que hacer en los próximos 6 meses, se logrará cumplir la meta planteada para enero de 2013, pues los gobiernos estatales y municipales se han comprometido a finalizar al 100 % la evaluación de policías y mandos.

“No creo que debamos rendirnos ante la posibilidad de que esto no se cumpla, creo que tenemos que insistir hasta el último momento en términos de recursos, en términos de esfuerzos y de prioridad de las autoridades locales para cumplirlo”, respondió el funcionario ante la pregunta de si podría considerarse un “fracaso” de la actual administración, el no alcanzarse la meta de evaluar al 100 % las policías estatales y municipales de todo México

De Animal Político. 

Mayores de edad

A la memoria de Alfredo Witschi defensor de refugiados en México y el mundo.

La compra y coacción de votos se reproduce como plaga porque ni los partidos quieren frenarla ni la trinidad arbitral puede castigarla.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) atiende denuncias individuales. Son pocas las que sobreviven al largo y sinuoso proceso. El inicio es fácil: se hace la imputación por teléfono o en persona; luego viene el calvario de probar lo dicho. El denunciante que quiera asesoría legal deberá pagar alrededor de 200 mil pesos (el asunto tarda un par de años). Si se gana es magra la victoria: sólo se castiga a la persona que cometió el delito, no al candidato o partido que lo ordenó o al que benefició.

Los partidos tienen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero rara vez lo utilizan por el alto nivel de exigencia probatoria. Revisé el caso paradigmático de una demanda del PRI contra el PAN en 2009 que había ganado con compra y coacción el Distrito 3 de Veracruz por 89 votos. El PRI acumuló evidencia y testigos que certificaron con notario.

La Sala Regional del TEPJF en Jalapa le dio la razón al tricolor; anuló tres casillas y le entregó la curul. El asunto llegó a la Sala Superior y Alejandro Luna Ramos se puso hiperexigente. Desechó a un testigo porque dijo que la coacción se había dado "durante la jornada", cuando debió haber precisado "durante toda la jornada"; al notario lo descalificó por haber sido diputado del PRI, etcétera. El PAN terminó quedándose con la diputación pese a la evidencia presentada.

El abogado Iván Castillo es un experimentado litigante en materia electoral y su posición es tajante: es "virtualmente imposible evitar legalmente la compra y coacción", es como "pelear contra una pared", no "pasa absolutamente nada". Ello explica su incontrolable crecimiento. Leí una buena cantidad de discursos y declaraciones y los árbitros tienden a callar o silenciar el problema. Aquí un pequeño incidente que revela la inercia. En marzo de este año Leonardo Valdés Zurita presentó un libro en Querétaro y el Diario de Querétaro reprodujo su preocupación por la compra y coacción. En el boletín del IFE desapareció lo relacionado con ese ilícito.

De cuando en cuando algún alto funcionario reconoce el problema. En mayo de 2011 la procuradora Marisela Morales lamentó las "prácticas cada vez más sofisticadas de compra y coacción del voto", y el ex titular de la Fepade, José Luis Vargas, reconoció en una entrevista que el marco jurídico está desfasado. En 2011 la Fepade y la PGR propusieron una reforma penal electoral para corregir la situación; nunca fue aprobada y el entonces gobernador Enrique Peña Nieto fue quien más trabas puso.

Los partidos son corresponsables de lo que pasa. No combaten la compra y coacción de votos porque todos las practican aunque es obvio que lleva ventaja quien tiene más recursos o cargos. En estos días que se acrecientan las denuncias y los reclamos por estos usos y costumbres, las respuestas dependen del México en el que uno se ubique.

Habrá tres elecciones en México: la primera es la moderna donde las casillas se instalarán y la información fluirá en un alarde de organización y tecnología. En la segunda se ultiman los detalles para el festín de compra y coacción; en la tercera más de cinco millones de electores irán a sufragar en zonas de alta peligrosidad. Los resultados estarán contaminados por lo que suceda en el México pobre y el México violento.

Los árbitros electorales tienen un marco legal insuficiente y están a merced de unos partidos insolentes. Lo resuelven parapetándose tras una muralla de silencio, evasivas o triunfalismo. Realzan todo lo bueno que tenemos y dan la espalda a los tres grandes fallos estructurales del actual sistema electoral: los gastos ilegales de campaña, la inseguridad y la compra y coacción del voto.

¿Ayuda que Leonardo Valdés asegure que si la compra y coacción se "denuncia, la Fepade" perseguirá y castigará el delito cuando eso rara vez sucede? ¿Es justo que regañe a la ciudadanía porque no denuncia cuando son los partidos y los árbitros los principales responsables de lo que está pasando? Si queremos mejorar la calidad de las elecciones debe reconocerse que en México se compran votos y se intimidan electores. Negarlo o disimularlo provoca escepticismo y desencanto. Sólo pedimos ser tratados como mayores de edad.

De : Sergio Aguayo 

Aceptar la victoria

El problema no es solamente aceptar la derrota. También es difícil aceptar la victoria. La victoria exige una responsabilidad a la que no llama la derrota. Quien gana pierde un título: el de víctima. Ganar es despojarse de un cobijo; es abandonar el prestigio del sacrificado. Ganar es comenzar a rendir cuentas de lo que se hace y dejar de explicar el mundo por la maldad de los otros. Pero es cómodo aferrarse al discurso de la derrota. Insistir en la conspiración de los perversos simplifica el mundo y mantiene pura la conciencia. Ellos volvieron a imponer su trampa; nosotros seguimos teniendo la razón. Bajo la épica sacrificial, perder es la verdadera, la única justificación moral.

Sólo la miopía presidencialista podría negar las inmensas victorias de la izquierda en la jornada reciente. No ganó la presidencia de la república pero tuvo un resultado extraordinario, una votación que muy pocos auguraban. La mejor campaña del 2012 fue la campaña de la izquierda mexicana, la única campaña que creció. Andrés Manuel López Obrador transformó su imagen pública, cambió su discurso, se empeñó en contrastarse con el candidato que fue hace seis años. Si en la elección previa habría ganado en una campaña más corta, tal vez en esta oportunidad habría ganado de haberse prolongado la contienda. Pero en la elección no se trataba únicamente de llenar una oficina y de encontrarle inquilino a Los Pinos. Se reconstituyó el poder legislativo federal y se relevaron un buen número de funcionarios locales. En el recuento de la elección es imposible ignorar los avances de la izquierda. En la capital ratificó y amplió su mayoría. En pocos lugares del país se registra el dominio tan franco de una fuerza política como el que aquí ejerce hegemónicamente el PRD. No solamente se reiteró la mayoría en el Distrito Federal, sino que conquistó nuevos espacios: Morelos y Tabasco son ya estados gobernados por la izquierda. Y en la plaza legislativa federal son enormes los avances de la izquierda.

Veo las elecciones del 2012 como un voto desconfiado por el PRI que apenas esconde las promisorias perspectivas de la izquierda.

El PRI no ganó como se esperaba. Si no avasalló a sus adversarios fue porque la desconfianza que genera sigue siendo muy extendida, muy visible y muy ruidosa. Un partido que no ejerció nunca la autocrítica, que no aprovechó su derrota para renovarse merece, sin duda, ese recelo. Es ahí donde se abre una extraordinaria oportunidad para la izquierda. El PRD está llamado a hacer la oposición, a ubicarse con claridad como la opción crítica al gobierno priista. En la derecha, el PRI seguramente encontrará a un colaborador maltrecho pero útil, a un partido desdibujado que tardará tiempo en recomponerse. Por ello es la izquierda ascendente la que puede atraer el ánimo antipriista. Necesita defender su diferencia pero también proyectar responsabilidad. Sus tres nuevos ejecutivos (en el Distrito Federal, en Morelos y en Tabasco) representan por fortuna una renovación frente a la obcecación ideológica y el sectarismo que tanto daño le han hecho a la izquierda.
No debe llevarse el avance de la izquierda a la funeraria, decía Marco Rascón en su artículo reciente. (“La izquierda debe avanzar, no esperar…”, Milenio, 4 de julio de 2012). Sabe bien que la ceguera puede transformar el avance en derrota. Cuando la victoria no es absoluta existe la tentación y la costumbre de negar cualquier progreso. No digo, de ninguna manera, que la izquierda deba aceptar acríticamente los resultados de la elección reciente: bajar la cabeza y callarse la boca. Sugiero exactamente lo contrario: alzar la mirada y hablar. La izquierda sigue teniendo un argumento contra el régimen político. Que no haya habido fraude en la elección no significa que nuestra democracia sea impoluta. La denuncia del clientelismo y la concentración mediática es indispensable para empujar la segunda generación de reformas democráticas en el país. Que se garantice la adición puntual de los votos no niega la subsistencia de esa costumbre de cambiar favores por votos. Que durante la campaña se hayan cumplido los criterios de equilibrio en la cobertura del radio y la televisión, no niega la distorsiones de una oferta tan limitada de voces en los medios electrónicos. La izquierda no solamente tiene derecho a inconformarse: tiene razones para hacerlo.

Quiero decir con ello que la plataforma que la izquierda del 2012 tiene para la política futura no consiste solamente en posiciones, sino también en argumentos. Una izquierda moderna debe insistir en las perversiones políticas de la desigualdad y de la concentración del poder económico en una democracia de tan baja calidad como la nuestra. Por supuesto, creo que la única ruta para promover esta agenda es la estructura institucional, el acatamiento de sus veredictos finales y el reconocimiento de las autoridades que emerjan de ese dictamen. Acatar el veredicto de las urnas implica aceptar la medida de las derrotas y de las victorias.

De Jesús Silva - Herzog Márquez.